Diputados convocó a sesión para el miércoles con propiedad privada, vandalismo rural y discapacidad en el temario

La Cámara de Diputados fue citada para el miércoles 21 de octubre a las 12 a una sesión especial pedida por el jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y otros diputados, con seis temas: el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que llega del Senado, y cinco órdenes del día sobre trazabilidad de medicamentos, vandalismo rural, la cesión al Chaco de un centro de acopio en Barranqueras, discapacidad y endeudamiento familiar^[1].

Para abrirla hacían falta 129 presentes, la mayoría absoluta de los 257 miembros^[2]. La Libertad Avanza tiene 95 bancas, el PRO 12 y la UCR 6: entre los tres suman 113, 16 menos que el quórum^[3].

El jueves 15 de octubre la Cámara no alcanzó ese número y registró la reunión como "expresiones en minoría", con 121 presentes al iniciarse, 133 ausentes y uno de licencia^[4][5]. De La Libertad Avanza figuró como presente solo el presidente de la Cámara, Martín Menem, y el PRO y la UCR no dieron presente^[5][3].

Propiedad privada y Ley de Tierras

El primer punto es el expediente 0032-S-2026, que modifica la Ley 21.499 de Expropiaciones y la Ley 24.374 de Regularización Dominial^[1]. El Senado lo aprobó el 7 de agosto por 37 votos contra 33, sin el capítulo sobre compra de tierras por extranjeros^[6]. El 14 de octubre, el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General firmó un dictamen de mayoría con 34 firmas sobre 66 presentes que le agrega un capítulo: su artículo 38 "deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23" y el 39 "restituye la plena vigencia a la ley 26737", la Ley de Tierras Rurales^[7]. Esa ley, derogada por aquel artículo del DNU, fijaba en 15% el límite a la tierra rural en manos extranjeras^[8]. Si Diputados lo aprobaba con cambios, volvía al Senado^[9].

Medicamentos, vandalismo rural y Barranqueras

El Orden del Día 349 crea un módulo informático interoperable con el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos para seguir los medicamentos de alto riesgo y sus ingredientes activos; la autoridad de aplicación será la ANMAT^[10]. El dictamen, que unifica proyectos de Silvana Giudici (La Libertad Avanza), Pablo Juliano y Victoria Tolosa Paz, reunió 33 firmas^[10].

El Orden del Día 447, de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería, incorpora al Código Penal el artículo 150 bis, con prisión de un mes a un año para quien entre a un establecimiento rural contra la voluntad de quien puede excluirlo; esa voluntad se presume si hay alambrados, vallas, muros o señales que prohíban el ingreso^[11]. Suma también el artículo 184 bis, con prisión de dos a ocho años y una multa de tres a doce veces el valor del daño para quien dañe cultivos, cosechas, ganado o instalaciones de un establecimiento agropecuario; esa pena se duplica si el autor, o quien lo indujo a cometer el hecho, es funcionario público, o si se vale de conocimientos técnicos de la actividad o abusa de una relación de confianza o laboral con el damnificado^[11]. El proyecto principal es de Martín Ardohain (PRO), que defendió en el plenario que el texto busca que las familias del campo "estén un poquito más protegidas"^[12]. Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria) advirtió que, si se aprueba, el proyecto generará "una duplicación normativa de lo que ya está previsto en el Código Penal"^[12]. Hay dos dictámenes de minoría: uno con 16 firmas, entre ellas la de Gutiérrez, que propone otras penas para el daño y el estrago, y otro de Myriam Bregman (Frente de Izquierda), que aconseja rechazar los proyectos^[11].

El Orden del Día 442 transfiere a título gratuito a la provincia del Chaco el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras, un predio del Estado nacional de unas 6,2 hectáreas que perteneció a la ex Junta Nacional de Granos^[13]. El Chaco deberá destinarlo "exclusivamente a la modernización y explotación del Centro de Logística, Acopio y Embarque Multimodal" del puerto y acreditarlo en un plazo máximo de diez años; si no cumple, el dominio vuelve a la Nación^[13]. El proyecto es de Guillermo Agüero (UCR)^[13].

Discapacidad y deudas de las familias

El temario presenta el Orden del Día 350 como la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la emergencia en discapacidad de la Ley 27.793, que hoy rige hasta el 31 de diciembre de 2026^[1][14]. Pero el articulado del dictamen de mayoría, con 36 firmas, no incluye esa prórroga: se propone "superar la situación de emergencia" con mecanismos permanentes de financiamiento y control, y fija una pensión del 70% del haber mínimo jubilatorio para personas sin recursos suficientes que tengan 70 años o más, no puedan trabajar o tengan certificado de discapacidad; el de minoría, con 32 firmas, sí la prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027^[15].

El Orden del Día 433 establece una Ley de Transparencia Crediticia: el dictamen de mayoría, con 25 firmas, obliga a bancos, tarjetas, financieras y proveedores de pago a informar antes de cada crédito la tasa, las cuotas, los cargos y el total a pagar, y suma un "botón de arrepentimiento" de al menos diez días hábiles para el crédito contratado a distancia o por medios digitales^[16]. Un dictamen de minoría, con 21 firmas, declara en cambio una emergencia por sobreendeudamiento de 180 días con una tasa tope equivalente a la TAMAR más 25 puntos^[16].