Cuando un gremio puede detener el subte, la ley ya no es igual para todos

A las 10.04 de este martes, la concesionaria del subte de Buenos Aires avisó: «Todas las líneas se encuentran interrumpidas por medida de fuerza gremial»^[1]. Las seis líneas y el Premetro estuvieron paradas unas cinco horas y media, hasta que el servicio empezó a normalizarse pasadas las 15.30, después de que quedaran en libertad los metrodelegados detenidos en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B (ver la nota). En agosto, la red transportó en promedio 765.035 viajes por día hábil^[2]. Los pasajeros que ese martes encontraron cerradas las estaciones no eran parte del conflicto entre el gremio y la empresa, pero pagaron su costo.

Instituciones privilegiadas

En 1960 escribí que la política hacia los sindicatos había pasado de un extremo al otro. De una época en que casi nada de lo que hacían era legal, «hemos llegado ahora a un estado en que se han convertido en instituciones singularmente privilegiadas, a las que no se aplican las reglas generales del derecho. Se han convertido en el único caso importante en que los gobiernos fracasan de manera notoria en su función primordial: la prevención de la coerción y la violencia»^[4]. La causa también la expliqué: como la huelga fue aceptada como arma legítima de los sindicatos, «se ha llegado a creer que debe permitírseles hacer todo lo que parezca necesario para que una huelga tenga éxito»^[4].

Lo ocurrido el martes pone a prueba esa creencia. Según la Policía de la Ciudad, los delegados fueron detenidos mientras realizaban una medida gremial «mediante la apertura de molinetes y puertas de emergencias», que permitía viajar sin pagar. Si fue así, abrir los molinetes es disponer de una propiedad ajena. Antes de las 9, el metrodelegado Claudio Dellecarbonara había anunciado un «estado de alerta por posible paralización del servicio»^[5]; después, el gremio advirtió que no habría servicio hasta la liberación de los detenidos. Paralizar el subte para que la autoridad suelte a quienes detuvo es pretender que la ley ceda ante la presión.

No me corresponde decidir si esos delegados cometieron un delito. Según las autoridades porteñas, deberán presentarse ante la Justicia el 23 de octubre, y tienen derecho a que un juez examine su caso con las mismas garantías que cualquier otro ciudadano: ni más ni menos. Tampoco discuto que el gremio reclame contra la empresa: según denunció, Emova contrata empresas tercerizadas para tareas de mantenimiento que corresponderían a su personal. Si el convenio lo impide, es un reclamo para presentar ante los tribunales. Lo que critiqué del poder sindical nunca fue el reclamo, sino la coerción: obligar a afiliarse a quienes no querían y mantener fuera del empleo a quienes no pertenecían al sindicato^[4]. Un reclamo legítimo no autoriza a imponerlo por la fuerza a quienes no son parte de él.

El poder de retener lo esencial

¿Por qué un gremio puede detener una red que mueve cientos de miles de viajes por día? No por el valor que el mercado asigna a su trabajo, sino por el daño que puede infligir a otros, que no tienen a mano otra red de subte. En 1976 lo describí así: «Hoy son simplemente quienes son numéricamente fuertes, o pueden organizarse con facilidad para retener servicios esenciales, quienes ganan en el proceso de negociación política que gobierna la legislación en la democracia contemporánea»^[6]. Ese poder no nace de un contrato libre, sino de la tolerancia de la ley hacia la coerción.

Lo que un decreto no reemplaza

El Decreto 230/2026, firmado el 22 de junio, exige ante las huelgas una «cobertura mínima del cincuenta por ciento (50%) en cada una de las Líneas de Subte y del Premetro», y en sus fundamentos menciona la «afectación del interés público y de los derechos de los usuarios»^[3]. Este martes no hubo servicio en ninguna línea^[1]. Pasado el mediodía, el Gobierno porteño informó que su Secretaría de Trabajo y Empleo intimó al gremio y a Emova a garantizar ese mínimo.

La cuestión no es el porcentaje. Un mínimo que no se cumple solo enseña que la regla cede cuando alguien tiene fuerza suficiente para desafiarla. El estado de derecho exige que el gobierno, en todos sus actos, esté sujeto a «reglas fijadas y anunciadas de antemano, reglas que permiten prever con bastante certeza cómo usará la autoridad sus poderes coercitivos en determinadas circunstancias»^[7]. Esa previsibilidad obliga en las dos direcciones. El gremio debe saber de antemano que la coerción sobre terceros no será tolerada, sea cual sea su causa. Y el gobierno debe responder con la aplicación imparcial de reglas conocidas, a cargo de los jueces, y no con decisiones discrecionales tomadas al calor de cada conflicto.

Ni prohibir ni privilegiar

Nada de esto exige prohibir los sindicatos ni obligar a nadie a trabajar. En 1960 escribí, y lo sostengo hoy: «El requisito esencial es que se asegure una verdadera libertad de asociación y que la coerción sea tratada como igualmente ilegítima, se emplee a favor o en contra de la organización, por el empleador o por los empleados»^[4]. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, el subte registró cada mes entre 12,5 y 19,7 millones de viajes^[2]. Quienes hacen esos viajes no eligieron ser parte de la disputa de este martes. Un orden libre no puede depender de la buena voluntad de quien tiene el poder de detenerlo; depende de que la ley sea la misma para todos.