Torrendell acusó en Diputados a la dirigencia universitaria de un «acuerdo de casta» para pedir más fondos

El secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendell, defendió este martes ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados las partidas educativas del proyecto de Presupuesto 2027 y cerró su exposición con una crítica a las conducciones universitarias. Tras afirmar que en la educación básica la Nación y las provincias habían logrado «un verdadero acuerdo nacional para el cambio», sostuvo: «En el ámbito universitario, en cambio, una dirigencia aislada solo acuerda para pedir más recursos. No se compromete con un cambio de paradigma que beneficie a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores y al personal administrativo. Es un acuerdo corporativo. Es un acuerdo de casta»^[1].

La reunión informativa, sobre el Mensaje 43/2026 y el proyecto de ley de presupuesto, fue convocada a las 10 en el Anexo C. Torrendell asistió acompañado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y la presidió el diputado Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza)^[1][2]. Fue la tercera de la serie: el 13 de octubre había expuesto el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el 14, el secretario de Trabajo, Julio Cordero^[1]. La sesión quedó grabada en el canal de videos de la Cámara^[3].

«Cuánto aprenden», no «cuánto se gasta»

El secretario planteó su exposición como «un cambio de paradigma con los datos sobre la mesa». Sostuvo que «durante décadas prevaleció la premisa de que incrementar el gasto aseguraba por sí solo un mejor sistema educativo» y que «la evidencia desmintió de forma contundente este postulado». Según la crónica oficial de la Cámara, enumeró tres ejes que calificó de «prioritarios e innegociables»: el Plan Nacional de Alfabetización, el Plan Nacional de Matemática y cambios en la formación inicial y continua de los docentes, con reformas aprobadas en el Consejo Federal de Educación^[1].

Sobre las universidades, dijo que «la autonomía no está en discusión, lo que exigimos es gestión responsable y transparencia». Afirmó además que en el proyecto de presupuesto de 2027 las transferencias a las universidades nacionales representan el 3,88% del gasto total de la Administración Pública Nacional^[1].

Ese porcentaje mide el peso de las universidades dentro del gasto total, no si los fondos alcanzan para pagar lo que manda la ley vigente. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto de la Administración Nacional cayó 0,3% real interanual entre enero y septiembre de 2026; dentro de ese total, «suben los fondos para sueldos universitarios y disminuyen los destinados a funcionamiento»^[4].

Lo que reclaman las universidades

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas, pidió en su plenario $ 11 billones para 2027. Según el propio CIN, ese monto es 33% mayor que el previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo^[5]. El CIN aclara que el monto incluye la recomposición necesaria para aplicar plenamente la ley de financiamiento universitario^[5].

La ley en cuestión es la 27.795, de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Su artículo 5 ordena actualizar por inflación los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023, y el 6, recomponer las becas estudiantiles^[6]. El Poder Ejecutivo la vetó, el Congreso insistió y el Gobierno la promulgó con el Decreto 759/2025, pero dejó su ejecución suspendida hasta que el Congreso fijara las fuentes de financiamiento^[7].

En los considerandos de ese mismo decreto, el Gobierno calculó el costo de la ley: $ 1.069.644,6 millones para 2025, de los cuales $ 617.847,5 millones correspondían a la actualización salarial. Para 2026 estimó $ 2.008.377,9 millones solo en salarios, más $ 490.459,7 millones por pasar sumas no remunerativas al salario básico^[7].

La ley, en la Justicia

El debate presupuestario corre en paralelo con el pleito judicial. El 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 en la parte que suspendía la ley y ordenó al Poder Ejecutivo su «cumplimiento inmediato». El fallo recuerda que la OPC había estimado el costo total de la ley para 2025 en 0,23% del PBI^[8]. El 14 de octubre, en el incidente cautelar, el juez dio por «verificado» el incumplimiento y fijó multas diarias de $ 100.000 al titular de la Jefatura de Gabinete^[9].

Las becas que fija la Secretaría

Una de las obligaciones de la ley, la de las becas, depende de la Secretaría que conduce Torrendell. El monto de las becas Progresar, que incluyen una línea de fomento de la educación superior, es de $ 35.000 desde la cuota de septiembre de 2024^[10]. La Resolución 388/2025, firmada por Torrendell, repitió esa cifra para 2025^[11], y la Resolución 172/2026 la mantuvo para la convocatoria de este año^[12]. Con una inflación de 75,6% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, según el INDEC, la beca perdió 43,1% de su poder de compra^[13][14].