Bullrich suma testimonios de familias a su campaña por la reforma de la Ley de Salud Mental

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, publicó el martes 20 de octubre dos mensajes en X para defender la reforma de la Ley de Salud Mental. Ambos se apoyan en testimonios de familias. "Hoy en Argentina el Estado llega tarde y las familias pagan el precio", escribió en el primero, junto con una foto. Allí presentó dos casos: "Lala perdió a su hijo David" y "Juan vio cómo la enfermedad de su hermano terminó en una tragedia que se podría haber evitado" ^[1]. Según la senadora, la reforma busca "que las familias y el Estado puedan intervenir a tiempo, antes de que sea tarde", con la "prevención, en el centro" ^[1].

Horas después difundió un video de dos minutos y medio con esos testimonios. "Una persona en pleno brote o atrapada en una adicción no va a pedir que la internen. Esperar a que ponga en riesgo su vida o la de otros es llegar tarde", escribió. Y agregó: "Vamos a cambiar la Ley de Salud Mental: actuar a tiempo salva vidas" ^[2].

En qué punto está el proyecto

El proyecto del Poder Ejecutivo modifica la Ley 26.657, sancionada el 25 de noviembre de 2010 ^[4]. El Ministerio de Salud lo presentó ante las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado el 29 de abril de 2026 ^[5]. Según el Senado, en las reuniones de comisión expusieron más de 60 invitados, entre especialistas, familiares y representantes de asociaciones civiles. El 15 de octubre, en plenario, las dos comisiones "dieron a firmar" una versión consensuada del texto ^[3]. Un día antes, Bullrich había anunciado el acuerdo con un video: "Próximo paso: dictamen y a la sesión" ^[7]. Al 21 de octubre, la página de la Comisión de Salud no informa el número de dictamen ni la cantidad de firmas reunidas ^[8]. Sin dictamen, el proyecto no puede llegar al recinto.

Qué cambia en las internaciones

Los mensajes de la senadora hablan de intervenir antes de que la persona ponga en riesgo su vida o la de otros. El texto acordado conserva, sin embargo, un requisito de riesgo. La ley vigente permite la internación involuntaria solo como "recurso terapéutico excepcional", cuando no sean posibles los abordajes ambulatorios y "cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros" (artículo 20) ^[4]. Según el Senado, la versión consensuada reemplaza ese criterio por el de "riesgo grave de daño" ^[3]. En la presentación de abril, el Ministerio de Salud explicó que el nuevo criterio pondera los antecedentes y la evolución previsible del paciente, y no solo su estado en ese momento ^[5]. La reforma quita entonces la exigencia de inminencia, pero no autoriza internaciones cuando no hay un riesgo grave.

El Senado detalla otros cambios del texto consensuado. Los "consumos problemáticos" pasan a llamarse "adicciones" y se incorpora un esquema de atención diferenciada para niños, niñas y adolescentes. Respecto de la versión original del proyecto, además, se flexibilizan la exigencia de un médico psiquiatra y la actuación judicial ^[3]. Hoy, la internación involuntaria lleva la firma de al menos dos profesionales, uno de ellos psicólogo o psiquiatra (artículo 16), y debe notificarse al juez y al órgano de revisión en un plazo de diez horas (artículo 21) ^[4]. El texto consensuado también reincorpora la prohibición expresa de crear manicomios y de las prácticas manicomiales, que el proyecto original del Ejecutivo no incluía ^[3]. La ley vigente prohíbe crear "nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados" (artículo 27) ^[4].

El proyecto original incluía también una evaluación interdisciplinaria antes del alta de los pacientes internados voluntariamente, la obligación legal de los familiares de hacerse cargo de los externados y un control judicial de seis meses después del alta ^[5]. El Senado no informó si esos puntos siguen en la versión consensuada ^[3].

Posiciones en las audiencias

El debate en comisión mostró posiciones enfrentadas. En el plenario del 20 de mayo, el abogado Vadim Mischanchuk sostuvo que la palabra "inminente" "ha dificultado desde 2010" la internación de personas en riesgo: "Esto debe modificarse sí o sí". Stella Maris Garaventa, de Madres Territoriales de Chivilcoy, calificó la ley vigente de "ley asesina" ^[6]. En la vereda opuesta, Soledad Cottone, presidenta de la Asociación de Unidades Académicas de Psicología y decana de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, rechazó que la firma habilitante quedara en manos del psiquiatra. Lo consideró "una descalificación injustificada de nuestra formación" y afirmó: "Los psicólogos estamos habilitados para evaluar riesgo" ^[6]. Según el Senado, la versión que pasó a la firma flexibiliza esa exigencia ^[3].