Negar la tecnología nuclear compra tiempo, no seguridad

El viernes 30 de octubre, en el Palacio San Martín, los 48 gobiernos del Grupo de Proveedores Nucleares adoptaron la Declaración de Buenos Aires al cierre de su 35.ª reunión plenaria, bajo presidencia argentina^[1][2]. Es su primera declaración pública desde la de Bruselas, en 2021^[3]. En tres párrafos, los gobiernos reafirman «su compromiso de controlar la exportación de tecnologías nucleares y relacionadas», reconocen «un panorama geopolítico cada vez más complejo» y prometen que el Grupo «continuará funcionando como un foro de consenso»^[2]. La declaración no nombra un solo país ni agrega un solo control.

No desprecio ese acuerdo. Entre los 48 están Estados Unidos, Rusia, China y Ucrania^[4], y en mayo la conferencia de examen del Tratado de No Proliferación (TNP) terminó sin documento final de consenso^[5]. Que gobiernos así firmen juntos un texto tiene valor. Pero conviene decir con franqueza qué pueden hacer los controles a la exportación y qué no.

Lo que vimos en 1946

En marzo de 1946 firmé, con David Lilienthal y otros tres consultores, el informe sobre el control internacional de la energía atómica que nos había encargado el Departamento de Estado^[6]. Partíamos de un hecho físico: el desarrollo de la energía atómica con fines pacíficos y el desarrollo de bombas son «en buena parte de su recorrido intercambiables e interdependientes». Por eso concluimos, por unanimidad, que no había «ninguna perspectiva de seguridad» en acuerdos para proscribir esas armas controlados solo por «la inspección y métodos policiales similares». Mientras las naciones rivalizaran en actividades «intrínsecamente peligrosas», escribimos, ningún ingenio técnico bastaría para vigilarlas^[6].

Propusimos otra cosa: distinguir las actividades «seguras» de las «peligrosas»^[6] y poner las peligrosas en manos de una autoridad internacional que operara las instalaciones capaces de producir material para armas^[7]. Bernard Baruch presentó una versión modificada del plan ante las Naciones Unidas en junio de 1946. La Unión Soviética se opuso, y en la votación del 30 de diciembre su abstención y la de Polonia bastaron para frenarlo, porque se requería unanimidad^[7]. El mundo eligió el otro camino, del que el Grupo es una pieza: cada país dueño de sus instalaciones, las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y proveedores que se comprometen a no vender lo que no deben.

Lo que el Grupo dice de sí mismo

El documento del propio Grupo, publicado por el OIEA en mayo, reconoce sus límites. Sus directrices no son jurídicamente vinculantes: cada gobierno las aplica con sus leyes y decide sus licencias, y el Grupo «no tiene un mecanismo para limitar el suministro»^[4]. Su historia muestra un patrón: sus grandes pasos llegaron después de una sorpresa. Nació de las reuniones de Londres de 1975, tras la explosión de un artefacto nuclear por un Estado sin armas nucleares en 1974, que demostró que la tecnología transferida con fines pacíficos podía desviarse. En 1992 creó los controles a los bienes de doble uso porque los vigentes no habían impedido que un Estado parte del TNP montara un programa clandestino con equipos que no figuraban en las listas. Y tras los ensayos nucleares de dos Estados sin armas nucleares, en 1998, se reunió en Viena entre plenarios^[4].

Eso es lo que nuestro informe anticipaba de cualquier régimen de vigilancia: el que controla debe ser «al menos tan inventivo y al menos tan bien informado» como quien intenta evadirlo^[6]. Una lista de bienes prohibidos describe la última trampa conocida, no la próxima. Los controles no hacen imposible una bomba; la hacen más lenta, más cara y más visible.

Alarmas y tiempo

Hacerla más lenta y más visible no es poco. En 1946 pedimos que cualquier plan diera «señales de peligro inequívocas y confiables», y que se encendieran con anticipación suficiente para que las demás naciones pudieran actuar^[6]. El aviso a los demás miembros de cada licencia de doble uso denegada, acordado en 1992; la cláusula de 2004 para controlar bienes que no están en las listas cuando pueden ir a un programa de armas, y la exigencia de salvaguardias del OIEA sobre todas las actividades nucleares del comprador como condición de suministro^[4] son, en su mejor versión, eso: alarmas y tiempo. Un proveedor que niega un equipo no garantiza la paz: gana meses para la diplomacia, si la hay.

También es acertado que las directrices separen una clase de tecnologías «particularmente sensibles», el enriquecimiento y el reprocesamiento^[4]. Es, en lo esencial, la frontera entre lo seguro y lo peligroso que trazamos hace ochenta años, solo que ahora la custodia cada gobierno por su cuenta. Y el país que hoy preside el Grupo se sumó a él en 1994^[4]: el régimen crece cuando suma proveedores dispuestos a aplicar las mismas reglas, no solo cuando niega suministros.

Lo que una declaración no puede hacer

Tres párrafos no responden la pregunta de fondo. Mientras las actividades peligrosas sigan en manos nacionales y en competencia, la seguridad descansará en la palabra empeñada y en la vigilancia, que en 1946 juzgamos insuficientes por sí solas^[6]. La declaración afirma que el mandato del Grupo «ha demostrado ser duradero»^[2]; duradero sí, pero siempre un paso detrás de las sorpresas. Un consenso que no nombra ningún caso concreto es un consenso cómodo. Los gobiernos pueden reservar los detalles técnicos, pero los ciudadanos tienen derecho a saber en qué estado está el peligro, y la próxima declaración debería decirles, con franqueza, qué preocupa al Grupo y qué controles fallaron.