El Estado nacional tiene 75.260 trabajadores menos que en diciembre de 2023: bajó a 266.205 personas en septiembre

A fines de septiembre de 2026, la administración pública nacional y las empresas y sociedades del Estado tenían 266.205 personas en sus planteles, 75.260 menos que en diciembre de 2023, el primer mes del Gobierno de Javier Milei, cuando sumaban 341.465. Es una baja de 22%, según el informe de dotación que el INDEC publicó este viernes 30 de octubre y la serie mensual que lo acompaña^[1][2]. Los datos los elaboran el INDEC y la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que depende del ministerio a cargo de Federico Sturzenegger, el área que conduce la reestructuración del Estado que lleva adelante el Gobierno^[1][4].

En septiembre, la dotación bajó en 2.199 personas frente a agosto (−0,8%) y en 17.266 frente a septiembre de 2025 (−6,1%)^[1]. La administración pública nacional, que reúne a los ministerios, los organismos descentralizados y desconcentrados y otros entes como el PAMI, tenía 179.396 personas, 7,2% menos que un año antes y 1,1% menos que en agosto. Las empresas y sociedades del Estado sumaban 86.809, con caídas de 3,8% interanual y de 0,3% mensual^[1]. El INDEC difundió el dato en su cuenta de X^[3].

Tres años de baja continua

La serie oficial muestra que la reducción fue más intensa al principio y se moderó después. En 2024 la dotación bajó en 39.690 personas (−11,6%); en 2025, en 21.737 (−7,2%), y en los nueve primeros meses de 2026, en 13.833 (−4,9%), un promedio de unas 1.540 personas por mes^[2]. Antes del cambio de gobierno la cifra se había mantenido casi sin cambios: en julio de 2022, el primer mes de la serie, era de 341.692 personas, prácticamente la misma que en diciembre de 2023^[2].

Las dos grandes partes del Estado nacional se achicaron en proporciones parecidas. Desde diciembre de 2023, la administración pública nacional perdió 51.909 personas (−22,4%) y las empresas y sociedades, 23.351 (−21,2%)^[2].

Dónde bajó más

En números absolutos, la mayor reducción desde diciembre de 2023 la tuvo el Correo Oficial, que pasó de 16.856 a 11.210 empleados (−33,5%). Le siguen la Operadora Ferroviaria, con 4.404 menos (19.408, −18,5%); la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con 3.413 menos (18.678, −15,4%); la ANSES, con 3.017 menos (10.926, −21,6%); el CONICET, con 2.965 menos (24.795, −10,7%), y el PAMI, con 2.377 menos (11.876, −16,7%). También redujeron sus planteles el Banco Nación (15.427, −12,8%), Aerolíneas Argentinas (9.930, −16,7%) y AySA (5.891, −24,4%)^[2]. La administración centralizada pasó de 54.791 a 37.200 personas, aunque esa cifra también refleja traspasos de organismos entre estructuras, como los que muestra la serie entre agosto y octubre de 2025^[2].

En septiembre, la caída mensual se concentró en pocos organismos. El PAMI tuvo 811 personas menos que en agosto (−6,4%), más que la baja neta de todo el grupo de “otros entes” al que pertenece (−793; −6,0%). En la administración centralizada, el Ministerio de Salud redujo su dotación 8,5% en el mes, a 6.392 personas, y entre las empresas la mayor baja relativa fue la de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), de 10,4%, a 583^[1].

Qué mide el informe

El relevamiento cubre 121 entidades, empresas y sociedades y no incluye al personal no civil de las fuerzas armadas y de seguridad. En septiembre, 12 empresas y sociedades y una entidad de la administración no informaron su dotación; el INDEC les imputó la última cifra informada, que suma 7.598 personas, el 2,9% del total^[1]. Por eso los datos pueden corregirse: este mes una empresa rectificó y completó sus cifras de 2024 y la serie se recalculó, de modo que agosto quedó en 268.404 personas, frente a las 269.025 publicadas hace un mes^[1][5]. La base de comparación también tiene una parte estimada: en diciembre de 2023, seis entidades no informaron y el INDEC les imputó 25.237 personas, el 7,4% de ese mes^[2].

Después del cierre de este relevamiento, el 19 de octubre, el Gobierno abrió con el Decreto 1203/2026 un régimen de retiro voluntario para el personal de planta permanente y los contratados por tiempo indeterminado de la administración centralizada. Esa norma ordena eliminar los cargos presupuestarios de quienes se acojan, de modo que cada salida reduce de forma permanente la estructura financiada por el presupuesto^[4].