Quirno negó que EE.UU. exigiera una «cláusula de salida» en la Ley Malvinas, que sigue citada para el martes

El canciller Pablo Quirno calificó de «FALSO» un artículo de Página/12 según el cual los Estados Unidos exigieron cambiar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como «Ley Malvinas», para que no sancione a empresas norteamericanas. En un posteo en X del domingo 25 de octubre a las 12.40, Quirno añadió que la versión «comprueba que ni siquiera leyó el proyecto de ley que incluye justamente la posibilidad de desestimiento por parte de las empresas involucradas ilegítimamente en nuestras Malvinas»^[1].

El texto del proyecto le da la razón en ese punto. Desde el 17 de septiembre, cuando el Poder Ejecutivo lo envió al Congreso con las firmas de Milei, del propio Quirno y de otros ministros, incluye un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen las actividades prohibidas en las islas^[3]. El artículo de Página/12 no menciona ese régimen^[2].

Qué publicó Página/12

La nota, firmada por Raúl Kollmann y publicada el 25 de octubre, sostiene que el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a Javier Milei el viernes 16 de octubre para quejarse del proyecto. Afirma también que el vicesecretario Christopher Landau, en su visita de la semana pasada, pidió una «exit clause», una cláusula de salida para las empresas estadounidenses^[2]. Según el diario, Washington propuso que no hubiera sanción para las firmas de ese país que ya tienen negocios con compañías del proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las islas, como bancos o aseguradoras, y que las que firmen acuerdos de ahora en adelante se evaluaran caso por caso^[2]. Milei había recibido a Landau en la Casa Rosada el 23 de octubre^[9].

El artículo atribuye esos diálogos a fuentes que no identifica: dice que el diario «accedió» a ellos y que algunos datos se conocen «en la Cancillería». Concluye que «ahora hay que cambiar el texto del proyecto de ley» y que la Casa Rosada «salió urgente a congelar cualquier tratamiento de la ley»^[2].

Qué dice el proyecto

El capítulo 5 del título I, artículos 30 a 38, permite que cualquier persona o empresa que «desarrolle o hubiere desarrollado» actividades prohibidas pida entrar al régimen «en cualquier momento del procedimiento sancionatorio o aún luego de dispuesta la sanción»^[3]. Debe demostrar que cesó, comprometerse a no repetir y elegir entre pagar una multa o reconvertir esas inversiones hacia actividades lícitas en el territorio nacional^[3].

La multa se fija en barriles de petróleo según la conducta. Va de 8.000 barriles para quien contrató con un operador de recursos renovables a 400.000 para quien extrajo hidrocarburos, salvo que ya se le haya impuesto una multa mayor, que es la que debe pagar^[3]. Al entrar al régimen se suspenden los sumarios y las causas penales. Con el pago o la inversión cumplida, las actuaciones se archivan, el infractor sale del registro público de sancionados y se extingue la acción penal^[3]. Se puede usar una sola vez y no alcanza a los condenados con sentencia firme ni a los reincidentes^[3].

El proyecto también acota a quién alcanza. El artículo 3 prohíbe contratar con quien explota recursos sin permiso argentino solo cuando el acto «resulte esencial e indispensable para la viabilidad o ejecución del proyecto»^[3]. Además, los cocontratantes «de buena fe» cuyos contratos se rescindan por aplicación de la ley no responden por esa rescisión^[3].

Quirno tiene razón en que la salida existe y en que el artículo la omite. Pero ese régimen no es lo que, según Página/12, pidió Washington. El proyecto exige dejar la actividad y pagar o reinvertir; la propuesta que el diario atribuye a Landau eximiría de sanción, sin esas condiciones, a las empresas estadounidenses que ya tienen negocios con las de Sea Lion^[2][3]. El texto, por lo tanto, no confirma ni descarta el pedido: solo muestra que una exención como la descripta no figura en él^[3].

Lo que no consta en ningún documento

El contenido de la llamada y de las reuniones no tiene registro público. Landau no mencionó el proyecto en su resumen del viaje en X. Escribió que sus reuniones con Milei, Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo, fueron «sustantivas y excepcionalmente cálidas» y que «el capital y el conocimiento estadounidenses pueden ayudar a liberar» el potencial de los recursos argentinos (traducción propia)^[6].

Las objeciones de otro gobierno sí constan por escrito. Según el resumen oficial británico de la llamada del 23 de octubre, el primer ministro Andy Burnham le planteó a Donald Trump «las consecuencias económicas de las medidas coercitivas de la Argentina para el Reino Unido y los Estados Unidos» al hablar del proyecto Sea Lion (traducción propia)^[7].

El tratamiento sigue en agenda

La afirmación de que el Gobierno congeló el tratamiento no coincide con los documentos de la Cámara de Diputados. El 19 de octubre, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata (La Libertad Avanza), citó a un plenario con Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para el martes 27 a las 16, con el proyecto como único tema^[4]. Este lunes la reunión seguía en la agenda oficial de comisiones^[5].

No es la primera versión de ese tipo. El 22 de octubre, Milei respondió con un «PARA VARIAR...» a un posteo que calificaba de falsa la versión de Clarín según la cual el oficialismo no descartaba congelar la ley, como informó Método Crítico el 23 de octubre^[8]. El proyecto todavía no tiene dictamen.