Milei respaldó en X la desmentida sobre un congelamiento de la Ley Malvinas

El presidente Javier Milei respondió en X con un escueto «PARA VARIAR...» a la versión de que el Gobierno evaluaba congelar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como «Ley Malvinas». Lo publicó el jueves 22 de octubre a las 19.37. Su mensaje cita un posteo de la cuenta @slcaputo que calificaba esa versión de noticia falsa y sostenía que la ley es una prioridad del Gobierno^[1].

Clarín había publicado esa versión la misma tarde. A las 18.25, el diario afirmó en su cuenta de X que «el oficialismo no descarta congelar la ley Malvinas». El posteo no identificaba la fuente de esa versión. Según el texto, la iniciativa podría quedar frenada «por la falta de acuerdos con los aliados» y por presiones de los Estados Unidos contra las sanciones a empresas que operen en las islas, sin decir de dónde surgía esa presión. El mismo texto aclaraba que «la reunión de comisiones sigue convocada para el martes»^[2]. El mensaje de Milei no aporta datos sobre esa posibilidad, ni para confirmarla ni para refutarla.

El posteo que citó el Presidente afirmaba además que la mayoría de los gobernadores y de los bloques aliados de ambas cámaras ya había apoyado el proyecto^[1]. El apoyo de los bloques todavía no se midió en una votación, porque el proyecto no tiene dictamen. Entre los gobernadores, Alberto Weretilneck (Río Negro) lo respaldó públicamente el 18 de septiembre. Dijo que «Malvinas es una causa nacional que está por encima de cualquier diferencia política»^[3].

Qué dice la agenda del Congreso

La agenda oficial de comisiones de la Cámara de Diputados fija un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Será el martes 27 de octubre a las 16, en el segundo piso del Anexo C. El temario es el «Mensaje Nro. 275/2026 y proyecto de ley de Defensa de la Soberanía nacional»^[4].

Según la oficina de prensa de la Cámara, esas comisiones ya trataron el proyecto en plenarios el 30 de septiembre^[5], el 6 de octubre^[6], el 7 de octubre^[7] y el 14 de octubre^[8]. Según la crónica oficial de la Cámara, al abrir la reunión del 14 el presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata (LLA), explicó que ese día recibirían a los invitados pendientes. Agregó que después «se convocará nuevamente al plenario para el debate de los diputados sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo». No fijó fecha para un dictamen^[8].

Qué propone el proyecto

El Poder Ejecutivo envió el proyecto con el Mensaje 275/2026, del 17 de septiembre. Lo firman Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Carlos Presti (Defensa). Tiene 133 artículos en ocho títulos^[9]. Según el comunicado oficial 164 de la Oficina del Presidente, busca «derogar» el régimen de la Ley 26.659 de 2011 y reemplazarlo por uno más severo. Esa ley sanciona a quienes exploran hidrocarburos en la plataforma continental sin permiso argentino^[10].

El mensaje describe un endurecimiento de las penas de prisión, multa e inhabilitación para quienes exploten recursos sin autorización en el mar territorial o la plataforma continental. También tipifica como delito la actividad de los proveedores, habilita juicios en ausencia y crea un régimen de desistimiento y regularización para quienes abandonen esas actividades^[9]. En el primer plenario, el secretario Legal y Administrativo de Economía, Juan Ignacio Stampalija, explicó que las multas se fijan en barriles de petróleo. Estimó la máxima en unos US$ 45 millones, con un barril de alrededor de US$ 89^[5]. El 7 de octubre, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, dijo que el primer objetivo es «castigar a quienes explotan nuestros recursos de forma ilegítima en las Islas»^[7].

El resto del texto va más allá de Malvinas. Crea un Sistema de Seguridad Nacional, con un Consejo de Seguridad Nacional que preside el Presidente y que elabora una política «de carácter obligatorio y transversal a todo el Estado». Agrega un régimen de protección de infraestructuras críticas y sanciones administrativas por actos de influencia de Estados u organizaciones extranjeras. También reforma la Ley de Defensa Nacional, crea un registro público de personas vinculadas al terrorismo y cambia la Ley de Inteligencia^[9].

El artículo 111 incorpora al Código Penal el artículo 225 bis. Prevé de 5 a 12 años de prisión para quien, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, realice actividades que «procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva». La misma pena alcanza a quien realice actividades que «promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes». La pena sube a entre 8 y 15 años si la conducta se comete «mediante amenazas, sobornos, coerción o uso de estructuras criminales»^[9].

Esa amplitud es el centro de las objeciones planteadas en las comisiones. El 14 de octubre, la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) dijo que de los 133 artículos unos 40 se refieren más o menos a Malvinas. Para ella, el núcleo del proyecto es «el control social y político»^[8].