Si hay que ayudar a pagar la calefacción, que sea con dinero y a la vista

Desde hoy rige el Decreto 1266/2026, que reglamenta la nueva Zona Fría. Vale la pena leerlo con una sola pregunta en la mano: ¿quién paga? El texto la contesta con precisión de contador. El descuento se financia con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, aplicado a todos los metros cúbicos que se consumen por redes en el país, «cualquiera fuera su uso final». Lo cobran los productores y, según los fundamentos del decreto, también los importadores, salvo los de gas natural licuado. El dinero entra a un fondo fiduciario administrado por el Banco de la Nación Argentina, y la Secretaría de Energía decide cuánto se compensa a cada empresa^[1].

Es decir: lo paga quien usa gas. La familia de una provincia templada, el comercio, la fábrica, la usina que genera electricidad. Ninguno recibe una boleta que diga «impuesto de Zona Fría». El costo viaja escondido en el precio, y el Poder Ejecutivo puede subir o bajar la alícuota hasta en un 50% sin volver a pasar por el Congreso^[2]. Del impuesto a las ganancias de las empresas, Rose y yo escribimos que es «un impuesto oculto que el público paga en los precios de los bienes y servicios sin darse cuenta»^[6]. El recargo de la Zona Fría funciona igual: quien lo paga no sabe cuánto paga ni a quién.

El dinero de otro, gastado en otro

En Free to Choose propusimos una clasificación simple. Uno puede gastar su propio dinero o el de otro, en sí mismo o en otro. La peor combinación es la cuarta: gastar el dinero de otro en otra persona. Nadie tiene allí un buen incentivo para economizar ni para darle al beneficiario lo que él más valora. Y agregamos que, en la práctica, los votantes, como los legisladores, tienden a creer que los programas los paga algún otro; los funcionarios que los administran también gastan el dinero de otro. «No sorprende que el monto gastado explote»^[6].

La Zona Fría es un caso de manual. En 2021, la Ley 27.637 extendió el descuento a nuevas subzonas: un 30% para todos los hogares, sin distinción de ingresos, y un 50% para algunos grupos^[7]. Con las cuentas de 2023, la Secretaría de Energía contaba 4,3 millones de usuarios con descuento sobre un padrón de 9,4 millones. Las zonas originales sumaban 939.546; las agregadas en 2021, 3.365.230, y 1.718.034 de ellos recibían el 30% sin acreditar necesidad alguna^[3]. Por cada beneficiario de las zonas frías de verdad había más de tres en las nuevas. El mismo informe admitía que entre las zonas agregadas había zonas calificadas como «templadas cálidas», como la ciudad de Rosario^[3]. En 2023 el recargo, de 5,44%, todavía recaudaba más de lo que pagaba^[3], pero sobre tarifas que, según el propio Poder Ejecutivo, «no reflejaban los verdaderos costos». En mayo de este año, con las tarifas ya actualizadas, informó al Congreso que ni siquiera con 7,5% «alcanzan los fondos» y que hacían falta aportes del Tesoro^[5]. Un descuento sobre un precio congelado esconde su costo; cuando el precio se sincera, aparece. Y cuando el que decide no paga y el que paga no ve, el programa crece.

Lo que la ley y el decreto corrigen

Hay que reconocer el avance. En las subzonas de 2021, el beneficio queda para hogares inscriptos en los subsidios focalizados que cumplan requisitos de ingresos o de situación^[2], y el decreto precisa que la bonificación se aplica sobre los «Consumos Base», no sobre todo lo que se consuma^[1]. Lo que exceda esos bloques no tiene descuento^[4]. Un subsidio que abarata cada metro cúbico adicional invita a consumir más; uno limitado al consumo básico distorsiona menos. También es sensato que las distribuidoras queden fuera del manejo de los fondos y se limiten a aplicar la bonificación^[1].

Lo que todavía falta

Pero el diseño sigue siendo el mismo: ayuda en especie, atada a un lugar del mapa y pagada por un recargo que nadie vota cada año. En la Patagonia, Malargüe y la Puna el descuento sigue alcanzando a todos los hogares, cualquiera sea su ingreso^[1][2].

Durante décadas defendí una alternativa: el impuesto negativo a los ingresos. Escribimos que, si reemplazaba a los programas específicos, tendría enormes ventajas. «Da la ayuda en la forma más útil para quien la recibe, es decir, en efectivo». Y sobre todo: «Es general: no da ayuda porque el beneficiario sea viejo, discapacitado o enfermo, o porque viva en una zona determinada», sino «porque el beneficiario tiene un ingreso bajo. Hace explícito el costo que soportan los contribuyentes»^[6]. Advertimos también que haría más mal que bien si se sumaba como un programa más, en lugar de reemplazar a los otros^[6].

Aplicado aquí, el criterio es simple. Si una familia de bajos ingresos de Bariloche o de Córdoba necesita ayuda para calefaccionarse, que la reciba en dinero, por su ingreso y no por su código postal, con un monto que figure en el presupuesto y que el Congreso vote a la vista de todos. Que pague el gas a su precio y decida ella si lo gasta en calefacción, en aislar la casa o en otra cosa. Y que el resto de los usuarios deje de pagar en la factura un impuesto que no ve. No hay almuerzo gratis; lo mínimo es que cada uno sepa quién paga el suyo.