Diputados trata desde el miércoles la ley de biocombustibles: cortes de 10% y 15% y fin de los precios oficiales

Tres comisiones de la Cámara de Diputados —Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería— se reunirán el miércoles 28 de octubre a las 12 en el anexo C para tratar en conjunto el proyecto que regula la elaboración, el almacenaje, la comercialización, la mezcla y el autoconsumo de biocombustibles^[1][2]. Es el texto que el Senado aprobó el 17 de septiembre por 41 votos a favor y 25 en contra, con seis ausentes, y que ingresó a Diputados como expediente 0058-S-2026^[1][5][6]. Si se convierte en ley, reemplaza y deroga la Ley 27.640 de 2021^[3].

El proyecto no lo envió el Poder Ejecutivo. El Senado unificó en un solo dictamen (orden del día 362/2026) siete iniciativas de senadores; la base fue la de Flavia Royón (Primero los Salteños), miembro informante, y entre las otras figuran una de Patricia Bullrich y otros siete senadores de La Libertad Avanza y otra de Jorge Capitanich y otros peronistas^{[4][12][13][5]}. Aun así, en la reunión informativa del 20 de octubre el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, dijo sentir «orgullo de que el presidente la envíe»^[7].

Qué cambia

Cortes obligatorios. La Ley 27.640 fija 5% de biodiésel en el gasoil, que la Secretaría de Energía puede elevar o reducir hasta un mínimo de 3%, y 12% de bioetanol en las naftas, mitad de caña de azúcar y mitad de maíz^[8]. El corte de biodiésel vigente es de 7,5%: lo restableció la Resolución 612/2025 de la Secretaría de Energía, publicada el 2 de enero, después de que una resolución de noviembre de 2025 lo bajara a 7% por la suba del aceite de soja^[14]. El proyecto lleva el biodiésel a un mínimo de 7,5% que sube a 10% a los 12 meses de la sanción, y el bioetanol a 12% y luego a 15%^[3]. Mantiene la reserva de 6% para el etanol de caña y 6% para el de maíz; el resto del corte queda abierto a cualquier materia prima^[3].

Precios. Hoy la Secretaría de Energía fija cada mes el precio al que las petroleras deben comprar biodiésel y bioetanol, con una fórmula que garantiza una rentabilidad a los productores^[8]. El proyecto lo reemplaza por subastas mensuales en un mercado electrónico único, operado por un organismo independiente, donde elaboradores y mezcladores ofertan precio y volumen; admite contratos a término de libre negociación y obliga a publicar un precio de referencia de paridad de importación^[3].

Quién puede producir. La ley vigente reserva el corte de biodiésel a empresas que no exportan biodiésel ni sus insumos, con un tope de 50.000 toneladas anuales por firma, y el de bioetanol a cupos de ingenios y elaboradores de maíz^[8]. El proyecto declara libre el ingreso a la actividad para quien se registre, con silencio positivo si la Secretaría no objeta la inscripción en diez días hábiles, y limita a 20% la participación de cada empresa en el bioetanol del corte obligatorio^[3]. También permite importar biocombustibles para cortes superiores al mínimo, ante faltantes o cuando el producto importado resulte más barato, autoriza los vehículos flex y libera la venta de biometano y de combustible sostenible de aviación^[3]. Los biocombustibles seguirían exentos de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono^[3].

Transición del biodiésel. Hasta el 1 de enero de 2036 rige un esquema escalonado: las empresas no integradas —las que no tienen aceitera en su grupo o no superan 50.000 toneladas de capacidad— conservan 7,5 puntos del corte mientras sea de 7,5%; con el 10%, se quedan con 6,5 puntos hasta fines de 2028, 5,5 en 2029, 5 en 2030 y 4 desde 2031^[3]. El resto —de 3,5 a 6 puntos— se negocia libremente entre todos los productores, incluidas las aceiteras exportadoras^[3]. La vigencia del nuevo régimen sería de 15 años; la de la Ley 27.640 vence el 31 de diciembre de 2030, prorrogable una vez por cinco años^[3][8].

Producción en baja y en alza

Según la serie de la Secretaría de Energía, en 2025 se produjeron 972.200 toneladas de biodiésel, un tercio de las 2.871.400 de 2017; las exportaciones cayeron de 1.650.100 a 273.400 toneladas y 700.900 se vendieron para el corte^[9]. El bioetanol marcó en cambio un máximo: 1.294.900 metros cúbicos, 59% de ellos de maíz^[9]. De enero a agosto de 2026, último dato publicado, la producción de biodiésel sumó 767.947 toneladas, 18,3% más que un año antes, y la de bioetanol 868.194 metros cúbicos, 1,9% más^[9].

Quiénes apoyan y quiénes objetan

En el Senado, Royón dijo que el dictamen busca «preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes» con un marco «más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías»; Bullrich lo definió como «una transición, no un salto al vacío», y José Mayans (Justicialista) anticipó el rechazo de su bloque si no se modificaba el reparto del corte, porque «perjudica a los pequeños productores»^[5]. En Diputados, el 20 de octubre, apoyaron el texto las cámaras del bioetanol de maíz, el Centro Azucarero, MAIZAR y CIARA, entre otras^[7]. Federico Martelli, de la cámara de pymes regionales de biodiésel CEPREB, sostuvo que esas empresas de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis elaboran el 65% del corte y advirtió que la ley puede «mandar a la quiebra a 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras»^[7].

El mismo miércoles, a las 11, las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas, Comercio e Industria recibirán a entidades del sector para analizar la situación de las pymes y su carga fiscal^[11].