El Estado aprendió a suprimir registros del automotor; ahora tiene que cerrarlos a tiempo

El Ministerio de Justicia publicó este jueves la Resolución 538/2026, que suprime los registros seccionales de la propiedad del automotor enumerados en su Anexo I y da a la Dirección Nacional un plazo «improrrogable» de 60 días hábiles para cerrar esas oficinas y las del Anexo II, y para pasar los vehículos radicados en ellas a los registros que sigan abiertos^[1]. Según los considerandos, la lista abarca registros «intervenidos por vacancia» del encargado titular y otros que el propio ministerio había suprimido por la Resolución 19/2025, del 28 de enero del año pasado, cuyo «cierre operativo» ahora ordena «materializar»^[1]. La norma también dispone que cualquier registro pueda inscribir autos, motos, maquinaria y prendas, cuando la Dirección Nacional lo ordene, sin importar la materia para la que fue creado^[1].

Pasé mi vida estudiando organizaciones, y aprendí que la mayoría, públicas o privadas, sufren menos por lo que hacen mal que por lo que no se animan a dejar de hacer. Por eso leo esta resolución con simpatía y con una advertencia.

La pregunta que importa

En The Effective Executive escribí que la primera regla para concentrar los esfuerzos es «desprenderse del pasado que ha dejado de ser productivo», y que el ejecutivo eficaz se pregunta ante cada programa y cada tarea: «¿Vale todavía la pena hacer esto?»^[7]. Años después la convertí en la pregunta que toda institución debería hacerse sobre cada una de sus actividades: si no la estuviéramos haciendo ya, sabiendo lo que hoy sabemos, ¿la empezaríamos?^[8]

Apliquémosla. El padrón que publica la Dirección Nacional enumera hoy 1.016 registros seccionales, sin contar delegaciones^[3]. En los doce meses que terminaron en octubre de 2026, los registros anotaron 1.826.478 transferencias de autos y 527.868 de motos, e inscribieron por primera vez 545.489 autos y 870.395 motos^[4][5]: repartidas entre las oficinas del padrón actual, algo más de 300 operaciones de esos cuatro tipos por mes en cada una. Al mismo tiempo, la Dirección Nacional ofrece en su portal iniciar en línea la transferencia de un auto o una moto, y anuncia que el sistema RUNA ya permite inscribir los 0 km en las concesionarias^[6]. Quien diseñara hoy, desde cero, el registro de la propiedad de los vehículos de un país no levantaría mil oficinas de ventanilla para eso. La respuesta a mi pregunta es no, y la resolución, en parte, lo admite.

Suprimir no es abandonar

Lo que me preocupa es el ritmo. Una oficina suprimida en enero de 2025 cuyo cierre recién se ordena en noviembre de 2026 no fue abandonada: solo se la dio de baja en un papel. Y no es la primera vez. En agosto, la Resolución 411/2026 redujo en 368 la cantidad de registros al unificar los que ya estaban a cargo de una misma persona, suprimió otros 14 intervenidos y ordenó cerrar en 30 días hábiles esas oficinas y otras trece suprimidas en 2024 y 2025^[2]. Ahora vuelve a ordenar el cierre de oficinas suprimidas en 2025, con el doble de plazo^[1]. En mi experiencia, una decisión de abandono que tarda unos dos años en cumplirse es una decisión que la organización resiste.

En 1980 enumeré los pecados capitales de la administración pública, y el último, el más grave y el más común, era la incapacidad de abandonar, que por sí sola garantiza que un programa no rinda^[9]. El primero de esa lista era proponerse un objetivo elevado sin una meta que pueda medirse^[9]. Los considerandos de la resolución hablan de una «utilización más eficiente de los recursos disponibles» y de mejorar la atención «sin menoscabar el acceso de los ciudadanos»^[1], pero no fijan cuántos días ni cuántos pesos deberá costar transferir un auto usado cuando termine el reordenamiento.

Eficacia antes que eficiencia

Siempre distinguí la eficiencia, que es hacer bien las cosas, de la eficacia, que es hacer las cosas correctas. Concentrar en menos oficinas el mismo trámite de ventanilla es más eficiente. Dejar de exigir la ventanilla es eficaz. Por eso me parece más importante el artículo 3 que el 1: que cualquier registro pueda inscribir cualquier vehículo rompe la idea de que cada oficina tiene una materia propia^[1], y prepara el paso siguiente, que el trámite deje de depender de una oficina.

En The Age of Discontinuity sostuve que lo mejor que obtenemos del gobierno del Estado de bienestar es una «mediocridad competente», y que su propósito es tomar las decisiones fundamentales, y tomarlas con eficacia, en lugar de pretender ejecutarlo todo por sí mismo: «el propósito del gobierno, en otras palabras, es gobernar»^[10]. Aplicado aquí, la tarea del Estado es garantizar que el título de un vehículo sea cierto y fácil de transmitir; la cantidad de oficinas es un medio, y debe juzgarse por ese resultado.

Lo que pediría

Si me tocara asesorar al ministerio, le pediría tres cosas. Primero, una fecha publicada para el cierre de cada oficina y un informe cuando se cumpla: una decisión no está tomada hasta que cumplirla se vuelve la tarea y la responsabilidad de alguien; antes, solo hay buenas intenciones^[7]. Segundo, que el resultado se mida del lado del que compra y vende un auto, en días y en pesos, y no en oficinas cerradas. Tercero, que la pregunta se repita cada año sobre cada registro que quede en el padrón. Esta resolución empieza a contestarla bien; falta que la respuesta se cumpla a tiempo.