Procesaron en Rosario a la obstetra de 88 años investigada por venta de bebés: la acusan de suprimir la identidad de un hombre nacido en 1978

El Juzgado Federal N° 4 de Rosario procesó a una obstetra de 88 años, identificada por sus iniciales como D.E.V. y conocida como «Dolly», como autora de los delitos de «supresión y alteración del estado civil y de la identidad de un menor de diez años y falsedad ideológica de instrumento público». La víctima de esta causa es un hombre nacido en 1978. El juez federal Carlos Vera Barros también ordenó un embargo sobre sus bienes de hasta $ 10 millones, según informó este miércoles el Ministerio Público Fiscal (MPF)^[1].

La resolución se conoció el 28 de octubre, dos días después de la declaración indagatoria de la imputada, y el MPF la difundió una semana más tarde. La investigación está delegada en la fiscal federal Soledad García, que trabaja junto a los fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro. Se trata del primer expediente abierto contra la obstetra y tramita bajo el sistema procesal mixto, el anterior a la reforma^[1].

La imputación

Según la imputación, el 9 de septiembre de 1978 la obstetra hizo «declaraciones falsas en el acta de nacimiento en la cual insertó, en su carácter de obstetra, que N.L. y R.N.F. eran la madre y el padre biológicos de un niño al que hicieron anotar como R.C.F.». Con esa acta se tramitó después el documento de identidad del niño. El MPF sostiene que esa maniobra suprimió la identidad del recién nacido, que hasta hoy «desconoce su verdadera filiación materna y paterna»^[1].

El juez fundó el procesamiento en varias pruebas. Una es el acta del Registro Civil, del 31 de mayo de 1979, que inscribe al niño como nacido el 9 de septiembre de 1978 e hijo de N.L. y R.N.F., ambos ya fallecidos. Otra es un estudio de ADN que el denunciante se hizo en 2014: descartó que fuera hijo de las personas anotadas como sus padres. A eso se suma información de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que informó al juzgado otros siete casos de personas con dudas sobre su identidad cuyas partidas de nacimiento firmó la misma obstetra^[1].

También se usaron como prueba los elementos secuestrados en febrero de 2026 en un allanamiento en la casa de la imputada. Allí se encontraron un «certificado de nacido vivo en blanco», talonarios de recetas en blanco y su título de obstetra de la Universidad Nacional del Litoral, de 1958^[1].

Los testimonios

El denunciante, hoy de 48 años, declaró ser «víctima de la venta de bebés». Contó que, cuando conoció el resultado del ADN, su madre de crianza le dijo que, como no podían tener hijos, habían recurrido a una partera de la zona sur de Rosario, que les consiguió «el bebé varón que ellos querían»^[1].

Una vecina declaró que la llegada del niño, en 1978, fue «sorpresiva y repentina». Otra testigo contó que a principios de septiembre de ese año vio en esa casa a un recién nacido con bajo peso. Le recomendó llevarlo a una incubadora en un hospital, pero la mujer se negó. Una tercera testigo dijo que un médico con consultorio cerca de la casa le contestó «Yo se los traje». Según ella, ese médico le dijo que la madre biológica era una estudiante joven del norte del país que había dado a luz en el Hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria^[1].

«En su calidad de obstetra de una institución pública, tenía acceso a documentos oficiales que certificaban nacimientos y, en este caso, los utilizó para asignar identidades biológicas falsas a recién nacidos ya que tenía el conocimiento y la posibilidad material de falsificar un nacimiento», escribió el juez Vera Barros en el procesamiento^[1].

Si el embargo no puede hacerse efectivo, el juez dispuso una inhibición general de bienes por el mismo monto. La nota del MPF no menciona ninguna detención preventiva^[1].

La segunda causa

Después de esta primera denuncia llegaron otras, que dieron lugar a una investigación separada bajo el sistema acusatorio. Está a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, que acusa a la obstetra de los mismos delitos contra al menos otras cuatro personas nacidas entre 1968 y 1980^[1]. En esa causa, el 16 de septiembre la fiscal García le imputó los delitos de los artículos 139 y 293 del Código Penal ante el juez de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz. El caso que se presentó ese día fue el de una mujer inscripta como nacida en 1970. El juez rechazó el planteo de prescripción, ordenó tomar una muestra de ADN a la imputada y le impuso medidas sin prisión: presentarse cada 15 días, entregar el pasaporte, no salir del país y no tener contacto con las víctimas. En ese momento, el MPF habló de «al menos cinco víctimas»^[2].

El 1 de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, con los jueces Aníbal Pineda, Elida Vidal y Florentino Malaponte, rechazó por unanimidad la prescripción y confirmó la calificación de los delitos. Según el MPF, más de 60 personas se comunicaron con la fiscalía para hacer consultas. Los hechos investigados habrían ocurrido mientras la imputada trabajaba en el Hospital Roque Sáenz Peña. Para la jueza Vidal, la conducta podría haberse extendido durante al menos 12 años; según dijo, hay «al menos siete denuncias» y «podría haber más»^[3].