Comodoro Rivadavia: una jueza federal dictó la prisión preventiva de siete acusados de traficar más de 61 kilos de cocaína

La jueza federal de garantías Eva Parcio de Seleme dispuso la prisión preventiva de siete personas acusadas de integrar una organización que, según la investigación, llevaba cocaína desde el norte del país hasta Comodoro Rivadavia, en Chubut, oculta en vehículos acondicionados para ese fin. La decisión, informada el 3 de noviembre por el Ministerio Público Fiscal, se adoptó a pedido de la Unidad Fiscal Comodoro Rivadavia y alcanza a los detenidos en el operativo «Ruta Austral», en el que se secuestraron 61,453 kilos de cocaína^[1].

La medida se tomó el 25 de octubre, en una audiencia de formalización de la investigación y control de las detenciones. La jueza declaró legales las siete detenciones, practicadas tres días antes, y fijó la prisión preventiva por un plazo de 30 días. A una de las imputadas, que vive en Comodoro Rivadavia, le concedió el arresto domiciliario porque tiene a su cargo a su hijo de un año^[1].

En la audiencia intervino la titular de la unidad fiscal y fiscal general con funciones de coordinación en la Fiscalía de Distrito Comodoro Rivadavia, Verónica Escribano, junto con los auxiliares fiscales Andrea Whitty, Ricardo Pettinari y Julián Coronel, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos^[1]. El Ministerio Público Fiscal no difundió los nombres de los imputados.

La acusación

De los siete imputados, cuatro son de Comodoro Rivadavia, dos de Mendoza y uno de la provincia de Buenos Aires. La fiscalía les atribuyó el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, en calidad de coautores^[1]. Se trata de una imputación en la etapa inicial del proceso: ninguno de los acusados fue juzgado y todos mantienen la presunción de inocencia.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, la magistrada declaró compleja la investigación y, con base en el artículo 335 del Código Procesal Penal Federal, fijó un plazo máximo de dos años para desarrollarla. También ordenó mantener reservado el legajo durante los mismos 30 días de la preventiva, para que su conocimiento no perjudique la pesquisa. Cumplido ese plazo, se revisará si continúan las medidas de coerción^[1].

La jueza ordenó además un abordaje clínico de los dos imputados de Mendoza, por las afecciones de salud que ambos dijeron padecer, para garantizar condiciones adecuadas de detención. Autorizó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y una serie de peritajes sobre los elementos secuestrados^[1].

Cómo empezó la causa

Según el Ministerio Público Fiscal, la investigación comenzó hace un año con la declaración de un imputado colaborador, que informó que un grupo de personas radicadas en el norte del país abastecería de drogas a una organización que operaba en Comodoro Rivadavia^[1].

El trabajo de campo quedó a cargo de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut, en Comodoro Rivadavia, y de la Prefectura Naval Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires. Los investigadores identificaron a los presuntos proveedores y establecieron, según la fiscalía, que viajaban al norte en distintos vehículos para acondicionarlos y luego llevarlos a la ciudad chubutense. También detectaron que los integrantes del grupo tenían vínculos personales y se hacían múltiples transferencias de dinero entre sí^[1]. El comunicado no informa los montos de esas transferencias ni las ciudades del norte desde las que salía la droga.

El operativo «Ruta Austral»

El 22 de octubre, cuando se detectó que uno de los vehículos investigados llegaba a Comodoro Rivadavia desde el norte, se puso en marcha el operativo. Incluyó 13 allanamientos: seis en Comodoro Rivadavia, cinco en la Ciudad de Buenos Aires, uno en la provincia de Buenos Aires y uno en Mendoza^[1].

Los detectives de la Policía del Chubut y de la Prefectura secuestraron 61,453 kilos de cocaína, 57 gramos de cannabis, 393 pastillas de MDMA (éxtasis), siete vehículos, un arma de fuego, teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos^[1]. El Ministerio Público Fiscal no informó secuestro de dinero en efectivo ni embargos.