La Bicameral de la Defensoría del Pueblo firmó el dictamen con los siete nuevos miembros del Comité contra la Tortura, pese a las objeciones del peronismo a un postulante de La Libertad Avanza

La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo de la Nación firmó el miércoles 4 de noviembre el dictamen que propone a los siete nuevos integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Son los seis representantes del Congreso y el del Poder Ejecutivo^[2]. La reunión empezó a las 17 en el Salón Arturo Illia y la presidió el senador pampeano Daniel Kroneberger, de la UCR, cuyo mandato vence en diciembre de 2027^[1][5].

El Comité encabeza el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura creado por la Ley 26.827. Una de sus funciones es «realizar visitas de inspección a cualquier lugar de detención», lo que incluye cárceles, comisarías e institutos de menores. La ley lo integra con 13 miembros: seis representantes parlamentarios (dos de la mayoría y uno de la primera minoría de cada cámara), el Procurador Penitenciario, dos representantes de los mecanismos locales, tres de organizaciones no gubernamentales y uno de la Secretaría de Derechos Humanos. Los mandatos de los representantes parlamentarios, de las organizaciones y de la Secretaría duran cuatro años y se pueden renovar una sola vez^[4].

Quiénes son los siete

Los candidatos se fijaron en la reunión de la Bicameral del 14 de octubre^[2]. Según la ley, los representantes parlamentarios «serán elegidos por los respectivos bloques de ambas Cámaras»^[4]. Por el Senado figuran Mariano Ariel Przybylski, Gabriela Silvana Bencina y Humberto Schiavoni. Por Diputados, Fernando Gabriel Zarabozo, Diego Hernán Armesto y Eduardo Toniolli. Por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Leonardo Fabián Szuchet^[2].

Solo en algunos casos los textos oficiales dicen de qué espacio viene cada uno. El Senado presentó a Zarabozo como «el postulante de La Libertad Avanza»^[1]. Schiavoni es abogado y fue senador nacional por Misiones entre 2017 y 2023, electo por Frente Cambiemos^[3][6]. Toniolli es docente universitario y fue diputado nacional por Santa Fe entre diciembre de 2021 y diciembre de 2025, electo por el Frente de Todos^[3][7]. Los comunicados del Senado y de Diputados no dicen qué bloque propuso al abogado penalista Przybylski, a la psicóloga Bencina ni al abogado constitucionalista Armesto^[1][3]. Szuchet es el candidato del Poder Ejecutivo^[2].

Las objeciones a Zarabozo

Tras la apertura de Kroneberger, la senadora Ana Marks, del bloque Justicialista, dijo que su bancada estaba en desacuerdo con Zarabozo «por su falta de independencia con cargo actual en la PSA», la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Según la senadora, ese problema no desaparecería con la renuncia, «porque quedarían muchos lugares bajo su control, cuestiones vinculadas con las armas de fuego y la protesta social»^[1].

Marks también leyó una nota de la Comisión Provincial de la Memoria bonaerense. La nota sostiene, en condicional, que el postulante «podría haber integrado organismos del sistema nacional de inteligencia». La senadora Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, respondió que, si se trataba de una impugnación, era extemporánea porque el plazo ya había vencido^[1]. El plazo, en efecto, había vencido: la Bicameral había fijado como límite para las impugnaciones el 19 de octubre a las 18^[2].

En la audiencia pública del 27 de octubre, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD) y el Consejo Federal de Mecanismos Locales expusieron sus impugnaciones contra Zarabozo y los fundamentos para excluirlo. Zarabozo respondió que esas organizaciones «desconocen mi historia y trayectoria» y sostuvo que «la seguridad y los derechos humanos no están en veredas opuestas». El CELS y ACiFaD también impugnaron a Szuchet^[3].

Al final, la senadora Alicia Kirchner aclaró que el bloque Justicialista firmaría el dictamen, pero con las observaciones que había hecho sobre ese candidato^[1].

Las demás posiciones

El diputado Bianchetti, del PRO, anunció que su bloque acompañaba el dictamen. Kroneberger cerró por la UCR: «Desde el bloque del radicalismo acompañamos el dictamen, y agradecemos a los integrantes de la comisión, a todos los bloques, por entender que en algún momento tenemos que llegar al equilibrio para avanzar». Al abrir la reunión había advertido que estaban «con los tiempos casi justos del proceso»^[1]. La ley fija un máximo de 100 días corridos entre el llamado a postulaciones y la firma del dictamen^[4].

Qué sigue

El dictamen todavía no designa a nadie. Según el artículo 19 de la Ley 26.827, primero el Senado debe dar acuerdo a la lista y después la tiene que aprobar la Cámara de Diputados. En las dos cámaras alcanza con la mayoría simple de los presentes^[4]. El comunicado del Senado no informa la fecha de esas sesiones^[1].