El Senado trata hoy incentivos para grandes inversiones, el mercado de carbono y la reforma de la Ley de Salud Mental

El Senado tiene convocada para este jueves 29 de octubre, a las 14, una sesión ordinaria con tres proyectos de peso en el temario: el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), un marco legal para los créditos de carbono y la reforma de la Ley de Salud Mental que envió el Poder Ejecutivo. Así lo acordaron el miércoles los presidentes de bloque en la reunión de labor parlamentaria, según el acta que publicó la Cámara^[1]. El orden acordado abre con la jura de la riojana Claudia López y suma tres órdenes del día menores (pictogramas, la transferencia de un inmueble en Puerto Madryn y educación emocional) y dos proyectos de resolución sobre tablas: uno sobre el papa León XIV, que visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre^[13], y otro para citar al jefe de Gabinete, Diego Santilli^[1].

La banca de Pagotto

López ocupará la banca de Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza (LLA) por La Rioja, que murió el 29 de septiembre a los 74 años y tenía mandato hasta 2029^[10][11]. Ese mismo día, la Vocería Presidencial anunció en X que su lugar sería ocupado por «Claudia Cecilia López una vez cumplidos los procedimientos formales correspondientes»^[11]. Hoy el Senado tiene 71 miembros en funciones, y con la jura vuelve a 72; el bloque de LLA, que preside Patricia Bullrich, tiene 20^[12]. Para abrir la sesión hace falta la mayoría absoluta, 37 senadores, y los proyectos de ley se aprueban por mayoría de los votos emitidos.

RIIR: beneficios para inversiones de US$ 12 millones o más

El RIIR, del radical Eduardo Vischi, está pensado para empresas que superan el tope de mediana empresa tramo 2 y que inviertan al menos US$ 12 millones en «industrias o actividades productivas genuinamente nuevas» durante los dos primeros años de vigencia^[2]. A cambio, podrán amortizar en Ganancias los bienes muebles en dos cuotas anuales y las obras con una vida útil reducida al 60%. También podrán pedir la devolución del IVA de esas compras a los tres meses, y el riego, los equipos de alta eficiencia energética, las mallas antigranizo y la hacienda se amortizan en una sola cuota y sin monto mínimo^[2]. El texto exige comprar a proveedores nacionales al menos el 20% de los pagos «siempre y cuando» haya oferta local a precio y calidad de mercado, y da 30 años de estabilidad fiscal, aun si la ley se deroga^[2]. Según los fundamentos, completa por arriba el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que hoy llega hasta la mediana empresa^[2][3]. Firmaron el dictamen de mayoría 21 senadores de LLA, la UCR, el PRO y aliados; María Victoria Huala (PRO) lo hizo en disidencia parcial^[2].

El peronista Jorge Capitanich firmó un dictamen de minoría que señala fallas del texto de mayoría^[3], y el propio texto las muestra: la caducidad por condenas posteriores o venta de los bienes alcanza solo a «los artículos 7 y 8», los de amortización, y deja afuera la devolución del IVA del artículo 9; encarga tareas a una «Autoridad de Aplicación» que ningún artículo designa, y elimina la exclusión, que traía el proyecto original, de quienes ya reciben el RIGI por la misma inversión^[2][3]. Su alternativa propone un cupo fiscal anual fijado en el Presupuesto, que el costo lo absorba la parte nacional de la coparticipación y que la estabilidad cubra solo los beneficios ya otorgados^[3].

Créditos de carbono: un registro nacional y sin retenciones

El dictamen sobre mercados de carbono unifica proyectos de Flavia Royón, de Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, y de Capitanich^[4]. Define al crédito de carbono como un bien con «individualidad jurídica y económica propia», distinta del campo o la actividad que lo genera, y crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe)^[4]. Deja que las provincias armen programas propios, pero con el derecho de cada propietario a no sumarse o a salir «mediante un mecanismo directo, simple y gratuito». Cuando un crédito se venda al exterior y el país deba descontarlo de sus metas del Acuerdo de París, hará falta una autorización del Estado nacional^[4]. Las ventas al exterior quedan exentas de derechos de exportación, con alícuota fijada en 0%; reciben el trato de exportación en el IVA, y los proyectos registrados tienen diez años de estabilidad fiscal^[4]. Lo firmaron 20 senadores y otros cuatro en disidencia parcial; Capitanich presentó un texto alternativo de 62 artículos sobre servicios ecosistémicos^[4][5].

Salud mental: cambia el criterio para internar sin consentimiento

La reforma de la Ley 26.657, de 2010, es el único de los tres proyectos que envió el Poder Ejecutivo. Las comisiones de Salud y de Legislación General lo trataron desde abril y escucharon a más de 60 expositores, según el Senado^[8]. Hoy la ley permite la internación involuntaria solo ante un «riesgo cierto e inminente» para la persona o para terceros^[9]. El dictamen lo cambia por un «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física» y pide mirar también los hechos o ideas dañosas previas y cómo evolucionaría la persona sin tratamiento^[6]. El abordaje de las adicciones deberá tener en cuenta «la singularidad de cada persona y el momento o la etapa del consumo», y los equipos deberán incluir un psiquiatra, que podrá intervenir por teleconsulta donde no haya uno disponible^[6]. Las internaciones podrán hacerse también en hospitales especializados en psiquiatría, y no solo en hospitales generales como dice hoy el artículo 28, aunque sigue prohibido crear manicomios^[6][9]. Se deroga el artículo 24, que obliga al juez a pedir informes al menos cada 30 días, y la familia, salvo que no pueda, deberá presentarse a firmar el alta de una internación involuntaria^[6][9].

«Esta es una reforma para dejar de llegar tarde, para que todos reciban la mejor atención posible y para que ninguna familia se sienta que está sola», dijo Ivanna Arrascaeta (LLA), presidenta de la Comisión de Salud^[8]. El dictamen lleva nueve firmas, entre ellas la de Bullrich; Huala, Mercedes Valenzuela (UCR) y Carlos Espínola (Provincias Unidas) firmaron en disidencia, y los senadores de Convicción Federal presentaron un texto propio^[6][7].

Los tres proyectos nacieron en el Senado, de modo que, si se aprueban, pasarán a la Cámara de Diputados. Esta nota se actualizará con el resultado y la votación de cada senador.