Preska dejó sin efecto la condena de US$ 16.100 millones por YPF y cerró el caso, según fuentes de la Procuración

La jueza federal Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dejó sin efecto la condena de más de US$ 16.100 millones que ella misma había dictado en septiembre de 2023 contra la Argentina por la expropiación de YPF y cerró el caso en primera instancia, según fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación. La orden trascendió en la noche del lunes 19 de octubre; la Procuración no emitió un comunicado oficial. Según esas fuentes, la orden incorpora al expediente el fallo con el que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó la sentencia el 27 de marzo^[3], y es un paso “meramente procesal”: la decisión de fondo ya la había tomado la Cámara, y el litigio sigue abierto ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, a la que los demandantes pidieron que revise el caso^[1].

Documento · Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados UnidosFallo de la Cámara del Segundo Circuito que revocó la condena27 mar. 2026 · Abrir el documento

Qué significa dejar sin efecto la condena

Cuando una cámara revoca una sentencia y devuelve el caso, el juez de primera instancia adecua el expediente a lo resuelto. La Cámara había fallado que reclamos como los de Petersen y Eton Park “no son admisibles” y había dispuesto: “Confirmado en parte, revocado en parte y devuelto para nuevos procedimientos compatibles con esta opinión”^[3]. Si la Corte Suprema no toma el caso, el fallo de la Cámara queda firme; si lo toma y falla a favor de los demandantes, el litigio podría reabrirse.

La Cámara falló por dos votos contra uno: escribió la opinión Denny Chin, con la adhesión de Beth Robinson, y José Cabranes votó en disidencia^[3]. La mayoría sostuvo que, según el derecho argentino, el estatuto de YPF no es un contrato bilateral entre la empresa o el Estado y cada accionista, y que el artículo 28 de la Ley General de Expropiaciones (21.499) (“ninguna acción de terceros podrá impedir la expropiación ni sus efectos”) impide demandas de daños como estas^[3]. También confirmó el rechazo de las demandas contra YPF y señaló que los demandantes quizá podían haber reclamado una compensación por la vía de la ley de expropiaciones^[3][6].

Cabranes habría confirmado la sentencia: escribió que se debe “especial consideración y respeto” a un juzgado que “evaluó de cerca cada aspecto de los hechos”^[3]. La Cámara rechazó el 2 de junio el pedido de los demandantes de que el tribunal en pleno revisara el caso^[1][3].

Qué queda pendiente

El recurso pendiente es el pedido de certiorari ante la Corte Suprema, presentado el 30 de septiembre (expediente 26-442)^[1]. Lo firma Paul Clement, del estudio Clement & Murphy; a la Argentina la representa Robert Giuffra, de Sullivan & Cromwell^[1][2]. La respuesta de la Argentina vence el 2 de noviembre^[1]; después, la Corte decide si toma el caso.

Los demandantes plantean dos preguntas: si un Estado extranjero puede eludir la jurisdicción que le otorga a los tribunales estadounidenses la ley de inmunidades soberanas (FSIA) exigiendo que ciertos reclamos se presenten en sus propios tribunales, y si ese Estado merece deferencia cuando presenta “por primera vez en la apelación” una lectura de su propio derecho que los demandantes califican de interesada^[2].

La orden que obligaba a la Argentina a entregar sus acciones de YPF, dictada por Preska el 30 de junio de 2025, ya había caído con el fallo de marzo: la Cámara la anuló y señaló que otras apelaciones sobre esa entrega y sobre la búsqueda de activos podían quedar abstractas^[3].

Quién cobra si se gana

Detrás de los demandantes está Burford Capital, que financia el litigio. Según el fallo de la Cámara, Petersen vendió sus derechos a una subsidiaria de Burford por 15 millones de euros, en el marco de su quiebra en España; Burford cobra el 70% de lo que obtenga Petersen, y el 75% de lo de Eton Park, cuyos reclamos compró en 2016^[3].

Tras el fallo de marzo, Burford anticipó una “reducción sustancial” del valor contable del activo y advirtió que la Corte Suprema rechaza la mayoría de los pedidos de certiorari^[4]. Dijo además que hay “reclamos de arbitraje viables” por los tratados de inversión de la Argentina con España y con los Estados Unidos, probablemente ante el CIADI, del Banco Mundial, en un proceso de varios años; el 21 de abril, los demandantes informaron al juzgado que ya habían notificado a la Argentina su intención de iniciarlo^[4][5].

De la expropiación a la condena

La entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el 16 de abril de 2012 que el Estado tomaría el 51% de YPF, y la Ley 26.741 entró en vigencia el 7 de mayo de ese año^[3]. El estatuto obligaba a quien tomara el control a ofrecer comprar las acciones de los demás, y el Estado no lo hizo: según el fallo, el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof dijo en el Senado que no habría oferta y que sería “estúpido” comprar todo “según la ley de la propia YPF”^[3]. Petersen demandó en Nueva York el 8 de abril de 2015 y Eton Park, en noviembre de 2016. La condena del 15 de septiembre de 2023 sumó US$ 8.398 millones de daños y US$ 7.717 millones de intereses^[2][3].