Missouri y otros 13 estados y un territorio de EE.UU. piden a la Corte Suprema revisar el fallo que anuló la condena de US$ 16.100 millones contra la Argentina por YPF

Quince estados y territorios de los Estados Unidos, encabezados por Missouri, pidieron a la Corte Suprema de ese país que acepte revisar, y que revoque, el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que en marzo anuló la condena de US$ 16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF. El escrito se presentó el 30 de octubre como amicus curiae, una presentación de terceros que no son parte del juicio. Quedó registrado en el expediente 26-442, que corresponde al pedido de revisión (certiorari) de Petersen y Eton Park^[1][2].

No es el único. Al 2 de noviembre, el expediente sumaba diez escritos de terceros: nueve apoyan a los demandantes y uno, a la Argentina e YPF^[1]. La Argentina e YPF tienen plazo hasta el 2 de diciembre para responder, después de que la Corte les concediera el 22 de octubre una prórroga de 30 días. Recién entonces el tribunal decidirá si toma el caso^[1].

Quiénes firman y qué piden

El escrito lleva la firma de la fiscal general de Missouri, Catherine Hanaway, y el abogado principal es el procurador general del estado, Louis Capozzi III. Se suman los fiscales generales de Alabama, Alaska, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Georgia, Iowa, Kansas, Luisiana, Misisipi, Montana, Nebraska, Oklahoma y Virginia Occidental, y el de las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense^[2].

Los estados hacen suyas las dos preguntas que plantearon los demandantes. La primera es si un Estado extranjero puede eludir la jurisdicción que la ley de inmunidades soberanas (FSIA, por su sigla en inglés) les da a los tribunales federales, exigiendo que ciertos reclamos se presenten ante sus propios jueces. La segunda es si ese Estado merece deferencia cuando presenta «por primera vez en la apelación» una lectura de su propio derecho que califican de «interesada»^[2][4].

El argumento central es que la FSIA no deja margen. Cuando se aplica una de sus excepciones, como la de actividad comercial, el Estado extranjero «no será inmune» y responde «como un particular». Según el escrito, si el fallo queda firme, «dará una hoja de ruta sencilla para que los Estados extranjeros eludan las sentencias de los tribunales estadounidenses con solo dictar leyes a su conveniencia»^[2].

Para explicar su interés, los estados citan un caso propio. Missouri y Misisipi demandaron a China con esa misma ley por haber acaparado barbijos y equipos de protección al comienzo de la pandemia de COVID-19, y los dos obtuvieron sentencias a su favor^[2]. La fiscalía de Missouri informó en marzo de 2025 que había logrado una condena de US$ 24.000 millones, en la demanda que había iniciado en 2020 el entonces fiscal general Eric Schmitt^[6]. Según el escrito, si China pudiera invocar su propio derecho para llevar esos reclamos a sus tribunales, los fiscales «podrían no tener una vía viable» para demandar^[2].

Qué dice el fallo

El texto del fallo no coincide del todo con la descripción de los estados. La Cámara no rechazó el caso por falta de jurisdicción: lo resolvió sobre el fondo, con el derecho argentino. Por dos votos contra uno concluyó que el estatuto de YPF no creó obligaciones bilaterales entre el Estado y los demás accionistas. Agregó que, aunque las hubiera creado, el artículo 28 de la Ley de Expropiaciones (21.499) impide demandas de daños como estas^[3].

La Cámara también aclaró que no decidía si la cortesía internacional justificaba que se abstuviera de juzgar el caso. Los estados reconocen que lo escribió, pero sostienen que lo decidió en los hechos, al concluir que el remedio estaba «en los tribunales argentinos»^[2][3].

El escrito cita además una frase de la Cámara sobre la violación «deliberada y flagrante» de las promesas que la Argentina hizo a los inversores. La frase existe, con un cambio: la Cámara escribió «inversores extranjeros», y el escrito puso en su lugar, entre corchetes, «estadounidenses». La oración original termina diciendo que, pese a esa violación, la respuesta a la pregunta legal «es no». La Cámara añadió que los accionistas podían reclamar ante la justicia argentina, como hicieron otros^[2][3].

Los otros escritos

Los otros ocho escritos a favor de los demandantes se presentaron el 2 de noviembre. Los firman Schmitt, hoy senador republicano por Missouri; el exfiscal general de Virginia Jason Miyares junto con la American Free Enterprise Chamber of Commerce; un grupo de profesionales de inversión; los profesores William Dodge y Kevin Clermont, y tres organizaciones: el Heartland Institute, el Competitive Enterprise Institute y Unleash Prosperity^[1][7]. El único a favor de la Argentina e YPF lo presentó el 20 de octubre la entidad Republican Action for Argentina Inc., representada por el abogado Fernando Irazu, con estudio en Buenos Aires^[1][5].

Qué está en juego

Si la Corte rechaza el pedido, el fallo de la Cámara queda firme. Si lo acepta, la condena vuelve a discutirse. La sentencia del 15 de septiembre de 2023 sumaba US$ 8.398 millones de daños y US$ 7.717 millones de intereses^[3][4].

El juicio lo financia Burford Capital. Según el fallo de la Cámara, a la empresa le corresponde el 70% de lo que obtenga Petersen y el 75% de lo que obtenga Eton Park^[3]. Según la petición, Burford es además, por medio de una filial, la liquidadora del fondo Eton Park Master Fund, y tiene más del 10% de sus acciones^[4].

El origen del juicio es la expropiación del 51% de YPF que dispuso en 2012 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El Estado no hizo la oferta de compra a los demás accionistas que exigía el estatuto de la empresa. Según el fallo, el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, dijo en el Senado que sería «estúpido» comprar todo «según la ley de la propia YPF»^[3].