Las compresoras hacían falta; el riesgo debía ser de la empresa, no de la factura

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad publicó este viernes la Resolución 919/2026, que fija los cargos específicos que Camuzzi Gas del Sur cobrará en las 25 localidades del sistema Cordillerano-Patagónico, de San Martín de los Andes y Bariloche a Esquel, para repagar los créditos que la distribuidora tomó con el Banco del Chubut y el Banco Provincia del Neuquén para las plantas compresoras de Río Senguer y Gobernador Costa^[1]. Cierra así la consulta abierta en septiembre con la Resolución 575/2026^[2]. El cargo arranca en $ 3.506,90 por mes para el usuario residencial R1 de la subzona Neuquén y unos $ 5.930 para un comercio chico, el 35% del cargo fijo que tenía cada categoría cuando el ente hizo la cuenta. Lo pagarán los 126.711 usuarios actuales y los futuros, con una recaudación estimada de $ 1.240 millones por mes^[1].

Pasé mi vida construyendo oleoductos y refinerías; no discutiré que esta obra hacía falta. En mis memorias escribí que «todo el negocio del petróleo depende del oleoducto»^[5]. El gas de la cordillera tampoco llega sin compresión, y el ente sostiene que sin estas plantas el suministro de la región habría quedado en riesgo^[1]. La pregunta es otra: quién pone el capital y quién corre el riesgo.

Un préstamo que paga otro

Los bancos de las dos provincias prestaron $ 25.800 millones a tasa BADLAR más 3,5 puntos, con más de un año de gracia en el que los intereses se suman a la deuda, y 48 cuotas mensuales desde diciembre^[1]. Con la cancelación anticipada prevista para agosto de 2030, el ente calcula que las facturas deberán reunir $ 56.493 millones: los intereses, capitalizados o no, suman $ 26.210 millones, más que el capital^[1]. Hasta el 16 de julio se habían pagado por la obra $ 20.318 millones con IVA; el costo total, admite el ente, se conocerá recién con la auditoría de cierre^[1].

No tengo nada contra el crédito: en mis primeros años fui «un gran tomador de préstamos»^[4]. Cuando se discutía si el 10% anual era usura, yo sostenía que nadie pagaría esa tasa «a menos que el que toma el préstamo creyera que a esa tasa le resultaba rentable emplearlo»^[4]. Esa es la condición que aquí falta. Quien firmó los préstamos fue Camuzzi; quien los pagará es un vecino de El Bolsón o de Trevelin, que no eligió la tasa, ni el contratista, ni el plazo, y que no puede comprarle el gas a otro.

Sin ganancia, pero casi sin riesgo

El esquema es honesto. Las obras se incorporarán a los libros de la distribuidora «a valor cero», sin rentabilidad para ella; el cargo va a un fideicomiso y no es ingreso de la empresa; y, si sobra dinero, volverá a los usuarios^[1]. Pero una empresa que no gana nada con una obra tampoco arriesga mucho si la obra sale cara: el sobrecosto que el ente acepte lo pagará la factura.

Cuando uno de mis socios se negaba a gastar tres millones de dólares en una ampliación que los demás creíamos necesaria, no lo convencí con más argumentos. Le dije: «Yo me hago cargo y pongo este capital. Si el gasto resulta rentable, la compañía podrá devolvérmelo; y si sale mal, yo cargaré con la pérdida»^[4]. Así se decide bien una inversión: quien la propone responde con su dinero. En Standard Oil invertimos millones en oleoductos, vagones tanque y buques, y nunca necesitamos colocar bonos o acciones entre el público ni hacer esperar a nadie el dinero que le debíamos^[5].

En la consulta, la Unión de Usuarios y Consumidores preguntó quién debía soportar las consecuencias de «eventuales errores del proyecto»; el ente respondió que sus áreas técnicas ya examinaron los costos y que todo gasto no atribuible a la obra se descontará del cargo tras la auditoría de cierre^[1]. Pero una auditoría posterior es un pobre sustituto del dueño que, antes de firmar, sabe que el sobrecosto saldrá de su bolsillo.

Lo que haría yo

En la inauguración de la planta de Holdich, el 26 de octubre, un accionista de Camuzzi dijo que «el gran desafío es el capital» y que lo resolvieron «trabajando con los bancos de las provincias»^[3]. Eso no resuelve el problema del capital: lo traslada a la factura. Una distribuidora que confía en su negocio debería poner su capital o endeudarse por su cuenta, incorporar la obra a su base de capital y cobrar por ella una rentabilidad razonable que fije el regulador, cargando con los sobrecostos y con el riesgo de la tasa. El usuario pagaría igual, pero por un activo que alguien tuvo interés en construir barato.

Si el esquema ya está firmado, que funcione al menos como un negocio de volumen. Según el Gobierno del Chubut, las obras del sistema habilitan 12.500 conexiones nuevas, de las que ya se concretaron 4.420^[3]; cada vecino que se conecte reparte la deuda entre más facturas. El ente rechazó la fórmula automática de cargo decreciente que le pidieron en la consulta: admite que es «esperable» que el cargo tienda a bajar con los nuevos usuarios, pero solo promete reflejarlo «de corresponder», sin regla ni plazo^[1]. Debería bajarlo por una fórmula pública cada vez que crezca la base. Siempre gané mercados vendiendo más barato; con un cliente cautivo, esa disciplina no la impone la competencia, sino quien arriesga el capital.