Los pagos con QR subieron 71,5% en un año, según el Banco Central, y las extracciones en cajeros cayeron 29%

Los pagos con código QR interoperable, que pueden hacerse desde cualquier billetera o cuenta bancaria, fueron 122,8 millones en septiembre de 2026, 71,5% más que en septiembre de 2025. Movieron $ 3,1 billones, 66,5% más en términos reales. Así lo informa el Informe Mensual de Pagos Minoristas que el Banco Central (BCRA) publicó el 30 de octubre^[1][2]. En el otro extremo, las extracciones en cajeros automáticos cayeron 29% interanual en cantidad y 17% en monto real en agosto, el último mes con datos para ese rubro^[2].

Las cifras de transferencias, QR, cheques y débito directo corresponden a septiembre. Las de tarjetas, extracciones y la tarjeta SUBE son de agosto. El BCRA calcula las variaciones reales con el índice de precios al consumidor del INDEC^[2].

Transferencias: crecen en cantidad y en monto real

Las transferencias inmediatas en pesos que se envían desde una cuenta (las llamadas «push») sumaron 791,6 millones de operaciones por $ 99,7 billones. Fueron 21,9% más que un año antes en cantidad y 6,6% más en monto real. El 75% tuvo como origen o destino una cuenta virtual (CVU) de una billetera digital^[2]. En agosto habían sido 779 millones, con una suba interanual de 20,3% en cantidad y de 5,5% en monto real. Así, el ritmo de crecimiento se aceleró en ambos indicadores^[3].

Las transferencias que cobra el destinatario con autorización del que paga (las «pull») llegaron a 44,4 millones por $ 4,7 billones. Subieron 17,9% interanual en cantidad y 10% en monto real. En agosto el monto real había crecido apenas 1,6%^[2][3]. En moneda extranjera hubo 2,1 millones de transferencias por US$ 3.752 millones, 2,4% más en cantidad y 10,6% más en monto que en septiembre de 2025. En agosto, esas subas habían sido de 18,5% y 43,5%^[2][3].

El QR sigue ganando terreno

Contando todos los pagos con transferencia, que el BCRA llama PCT, hubo 123,9 millones de operaciones por $ 3,1 billones, 70% más que un año antes. El 99,1% se inició con un código QR. El resto usó claves aleatorias (tokens), que bajaron 16,5% interanual, a 1,1 millones de operaciones^[2]. De los pagos con QR, el 52,8% salió de cuentas bancarias y el 47,2% de cuentas de billeteras digitales. En los comercios, el 54,7% de las operaciones se acreditó en cuentas de pago y el 45,3% en cuentas bancarias. Hay 93 billeteras interoperables y 67 aceptadores registrados ante el BCRA^[2]. En agosto, los pagos con QR habían sido 117,2 millones, con una suba interanual de 67,5%^[3].

Las cuentas de pago de las billeteras sumaron 70,1 millones en agosto, contra 67,3 millones en julio. De ellas, 16,1 millones tenían saldo, por $ 0,9 billones en total. A eso se suman $ 9 billones invertidos en fondos comunes de dinero. Entre ambos rubros llegaron al 7,9% de los depósitos en pesos del sector privado, contra 7,2% un mes antes. El registro de proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas (PSPCP) pasó de 233 a 239 empresas^[2][3].

Tarjetas: más débito y menos crédito, con cambio de metodología

En agosto se hicieron 190,7 millones de compras con tarjeta de débito por $ 7 billones, 7,1% más en cantidad y 12,4% más en monto real que un año antes. Las de crédito fueron 147,8 millones por $ 10,1 billones, con caídas de 18,1% en cantidad y de 20% en monto real. Las prepagas sumaron 48,7 millones de pagos, 9,9% más en cantidad y 4,3% menos en monto real^[2]. El 87,8% de las compras con crédito fue en un solo pago. El QR interoperable ya representa el 4,6% de las operaciones con esa tarjeta^[2].

Estas series no son del todo comparables con las anteriores. Según una nota del propio informe, desde diciembre de 2025 las operaciones con prepagas, que antes se contaban como crédito, se registran por separado. Además, desde agosto de 2026 los datos salen del régimen informativo de la Comunicación A 8310, que suma las operaciones de clientes no residentes^[2]. El informe no aclara si la base de 2025 se ajustó a esos cambios. El de agosto, con datos de julio y la fuente anterior, había mostrado una caída interanual de 8,4% en las compras con débito^[3].

Menos efectivo en los cajeros

En agosto hubo 37,3 millones de extracciones en los 16.593 cajeros automáticos del país, por $ 4,5 billones. El retiro promedio fue de $ 119.400. Los cajeros concentran el 88,1% de las extracciones. Se agregan 2,8 millones de retiros con tarjeta de débito en comercios y cobranzas extrabancarias y 2,2 millones desde cuentas de billeteras^[2].

En transporte, la tarjeta SUBE registró en agosto 292,7 millones de viajes, 15,1% menos que un año antes. En septiembre se pagaron 26,9 millones de viajes con QR, el 89% en colectivos^[2].

Cheques y débito directo

En septiembre se compensaron 5,1 millones de cheques por $ 26,9 billones. Los electrónicos (ECHEQ) fueron el 66% de la cantidad y el 86,2% del monto, con subas de 7,1 y 4,4 puntos porcentuales frente a septiembre de 2025. Los rechazos por falta de fondos fueron el 1,7% de la cantidad compensada, igual que en agosto, y el 1,1% del monto, 0,1 punto más. Se compensaron 172 ECHEQ en dólares por US$ 21 millones, contra 247 por US$ 39,3 millones en agosto^[2][3]. Los débitos directos bajaron 3,7% interanual, a 11,5 millones. Su tasa de efectividad, que mide la proporción de débitos efectivamente acreditados a las empresas, cayó de 40,4% en agosto a 37,6%^[2][3].

Puntaje de riesgo de fraude

El informe destaca como novedad normativa la Comunicación A 8473, del 3 de septiembre^[4]. Con ella, el BCRA entregará cada mes y sin costo información sobre personas a los administradores de los sistemas de transferencias inmediatas. Con esos datos, más los de la Central de Prevención de Fraude, los administradores deberán armar un puntaje de riesgo de fraude para cada CUIL o CUIT de persona humana. Deberán darlo gratis a bancos y billeteras, mediante un archivo mensual y una interfaz de consulta (API). Los administradores tienen 120 días corridos desde la publicación para cumplir. Bancos y billeteras tienen entre 60 y 90 días desde que reciban la documentación técnica^[4]. Según el BCRA, la medida busca la «detección temprana de posibles conductas fraudulentas». La norma no fija metas de reducción del fraude; exige en cambio un informe independiente, al menos semestral, sobre el poder predictivo del puntaje, permite al BCRA pedir cambios en el modelo y obliga a una auditoría interna anual^[2][4].