Ibarzabal dijo que el RIGI tiene 27 proyectos aprobados por más de US$ 75.000 millones, y la lista oficial lo confirma

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, dijo en un encuentro de IDEA que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) suma 27 proyectos aprobados por más de US$ 75.000 millones. «El balance es muy positivo. Hay 27 proyectos aprobados por más de 75 mil millones de dólares y otros 21 en evaluación por más de 130 mil millones», afirmó, según el video y la transcripción que difundió este viernes la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno^[1].

Las cifras coinciden con la lista oficial del régimen que publica el Ministerio de Economía. Consultada este viernes, registra 27 proyectos aprobados por US$ 76.173 millones y 21 en evaluación por US$ 133.221 millones: en total, 48 iniciativas por US$ 209.394 millones^[5]. El último proyecto incorporado a la lista de aprobados es Agua Rica, el yacimiento de cobre de Catamarca, por US$ 6.394 millones^[5]. El jueves, en Rosario, el ministro de Economía, Luis Caputo, había hablado de «30» proyectos aprobados por US$ 80.000 millones^[6]; la diferencia con la lista se explica, al menos en parte, por dos proyectos de TGS que, según el ministro, el Comité Evaluador aprobó el 19 de octubre, pero que todavía no figuran en ella^[7]: la lista sólo cuenta como aprobados los proyectos cuya resolución ya se publicó en el Boletín Oficial^[5].

Ibarzabal también describió la composición de la cartera: «En minería, energía, infraestructura, automotriz y siderurgia y energías renovables, distribuidos en numerosas provincias»^[1]. La lista oficial lo confirma. La minería reúne 13 proyectos aprobados por US$ 27.624 millones y el petróleo y el gas, nueve por US$ 46.158 millones. Hay además dos parques de energía renovable, el solar El Quemado, en Mendoza, y el eólico de Olavarría, por US$ 487 millones entre ambos; la planta de Toyota en Zárate, que la lista clasifica como tecnología; la acería de Sidersa y la Terminal Timbúes, en Santa Fe. Los aprobados están en diez provincias: Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Fe^[5].

Los tres proyectos más grandes concentran casi la mitad del monto aprobado: la planta de licuefacción de gas natural de Southern Energy en Río Negro, de US$ 15.156 millones; Bajo del Choique-La Invernada, en Neuquén, de US$ 12.240 millones, y la mina de cobre Vicuña, en San Juan, de US$ 9.737 millones. Suman US$ 37.133 millones, el 48,7% del total^[5].

La funcionaria agregó que el resultado «no se mide en dólares»: «El RIGI nos permitió sentarnos en las mesas más relevantes frente a las principales compañías inversoras del mundo para discutir proyectos concretos en la Argentina. Y demostró algo que hace unos años parecía impensable: que nuestro país puede ofrecer una estabilidad jurídica creíble a 30 años y que los grandes inversores están dispuestos a confiar en ella»^[1]. El plazo es el que fija la Ley 27.742, que garantiza a los proyectos adheridos estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria por 30 años desde la adhesión^[8].

«Volver a las bases»

El RIGI fue sólo una parte de una exposición dedicada a las reformas legales del Gobierno. Ibarzabal abrió con una pregunta: «¿cuántas normas hay que revisar en la Argentina para saber si algo está permitido? Durante décadas y aún todavía hoy, la respuesta honesta es demasiadas. Tantas que muchas veces ni siquiera los abogados podemos dar una respuesta segura. Y donde no hay certezas, no hay inversiones». Resumió el objetivo de su área en que «las reglas dejen de ser un obstáculo y vuelvan a ser un instrumento de libertad», y dijo que el presidente Javier Milei les planteó «el desafío de liberar a la Argentina de las capas y capas de intervencionismo»^[2].

Según la secretaria, el ordenamiento jurídico «se convirtió en una gran maraña regulatoria, un sistema intrincado de leyes, decretos y resoluciones dictados por la Nación, las provincias y los municipios». «Volver a las bases significa desmalezar el ordenamiento de las capas de populismo que se fueron filtrando», dijo, y recuperar «una premisa básica de nuestra Constitución, que dice que lo que no está prohibido está permitido»^[3]. Es el principio del artículo 19 de la Constitución, según el cual «ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe»^[9].

Ibarzabal ordenó las reformas en tres etapas: «Primero reconstruir los cimientos con la Ley Bases y los decretos delegados, después ofrecer reglas estables para atraer las grandes inversiones que el país necesita con el RIGI, y en paralelo avanzar de manera continua con la desregulación y otros hitos normativos». Sobre la primera, dijo que la Ley Bases «funcionó junto también con el DNU 70 como el gran instrumento transformador del marco jurídico»^[4]. La Ley 27.742, de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, publicada en el Boletín Oficial el 8 de julio de 2024, es la que creó el RIGI^[10][8]. Milei compartió en su cuenta de X dos de las publicaciones sobre el discurso^[2][3].