Mercado Libre, Meta y las cámaras compartirán datos con el Gobierno para detectar contrabando en la venta online

La Secretaría de Industria, Comercio y PyME del Ministerio de Economía firmó el lunes 26 de octubre acuerdos con cámaras empresarias y con las principales plataformas de venta por internet para intercambiar información y detectar productos ingresados al país de manera ilegal. Firmaron acuerdos marco la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Unión Industrial Argentina (UIA), mientras que Mercado Libre, Meta (por Facebook e Instagram), Frávega y Cetrogar firmaron convenios específicos^[1]. El intercambio de información apunta a la venta de celulares, notebooks, cosméticos, juguetes y neumáticos^[1].

Cómo funcionará

Las plataformas firmantes aportarán información sobre los principales vendedores de esas categorías, que el ministerio llama “sensibles”, y el Estado, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cruzará esos datos “para identificar inconsistencias e indicios de posibles irregularidades en la comercialización de productos”^[1]. Meta, además, “dará de baja los sitios denunciados en sus plataformas de Facebook e Instagram”, según el comunicado oficial^[1]. Las plataformas se comprometieron también a hacer campañas dirigidas a sus vendedores y proveedores sobre las obligaciones vigentes, en especial las vinculadas con el origen de los productos^[1].

Cuando corresponda, los casos seguirán el Protocolo de Vigilancia de Mercado que aprobó la Resolución 56/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo, que busca asegurar que los productos que se venden en el país cumplan las normas de seguridad, calidad e información^[1][3]. Según Economía, los procedimientos “podrán derivar en el retiro de productos del mercado, el cese de su comercialización y la intervención de la Justicia en caso de corresponder”^[1].

Quiénes firmaron

De acuerdo con la CAC, por esa cámara firmó su secretario, Ángel Machado, y el acto se abrió con palabras de Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, quien destacó la importancia de los convenios para promover el comercio lícito y combatir la competencia desleal^[2]. El subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, señaló que la iniciativa responde a un compromiso compartido contra el contrabando, y el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Eduardo Montamat, ofreció seguir trabajando para promover la competencia justa^[2]. La cámara precisó que los acuerdos apuntan a la prevención, detección e imputación de conductas vinculadas con el contrabando, el fraude marcario y la violación de reglamentos técnicos^[2].

El anuncio llegó tres días después de que la CAC informara que había planteado ante el Ministerio de Seguridad Nacional y ante Blanco Muiño su preocupación por el avance de la venta ilegal y del contrabando, que la entidad describe como competencia desleal para el comerciante que paga IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, tasas municipales y cargas sociales^[4]. Ni el comunicado oficial ni el de la CAC estiman cuánta mercadería ilegal se vende por internet, cuántos vendedores serán revisados ni desde cuándo empezarán los cruces de datos^[1][2].

El peso de las ventas por internet

Según el informe de mitad de año de la CACE, una de las cámaras firmantes, que proyecta los datos de sus empresas socias encuestadas, en el primer semestre de 2026 se registraron 181,5 millones de órdenes de compra, 21% más que un año antes, y 248 millones de unidades vendidas, 22% más^[5]. Esas órdenes más que duplican los 80,3 millones del primer semestre de 2021^[5]. La facturación llegó a $ 19.533.815 millones, 28% más que en el mismo período de 2025, con un ticket promedio de $ 107.597; como la inflación de junio de 2025 a junio de 2026 fue de 33,5%, según el mismo informe, la facturación cayó alrededor de 4,5% en términos reales, mientras la cantidad de compras siguió en alza^[5]. Para las empresas con locales físicos encuestadas, el canal online ya representa en promedio 28% de las ventas, frente a 25% un año antes; en computación, el rubro de las notebooks, llega a 32%^[5].

El acuerdo se suma a otros controles sobre productos que no cumplen las normas técnicas. El 31 de agosto, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor prohibió por la Disposición 690/2026 la importación, fabricación y venta de los juguetes blandos tipo “squishy” con forma de gyoza o dumpling, ante denuncias por posibles sustancias tóxicas por encima de los límites, y obligó a quienes los vendían por internet a informar la medida en sus sitios en 72 horas hábiles^[6]. En ese caso, la Subsecretaría anunció que trabajaría con la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Salud para reforzar los controles^[6].