Detuvieron a 23 personas por una presunta maniobra con ventas ficticias de granos para cobrar reintegros de IVA

La Policía Federal Argentina (PFA) hizo más de 80 allanamientos en cinco provincias y en la ciudad de Buenos Aires y detuvo a 23 personas en una causa por una presunta maniobra con operaciones ficticias de compraventa de granos, que según la investigación sirvió para cobrar reintegros del IVA sin derecho a ellos. El perjuicio para el Estado nacional se estima en 10 millones de dólares, informó el lunes 26 de octubre el Ministerio de Seguridad Nacional^[1]. Al tipo de cambio oficial mayorista de ese día, de $ 1.540,48 por dólar, equivale a unos $ 15.405 millones^[4].

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 7, de la fiscal Gabriela Ruiz Morales^[1]. Se inició con una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cuya Dirección General Impositiva detectó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares de compraventa de granos^[1].

Cómo habría funcionado la maniobra

Según el ministerio, el esquema “habría consistido en simular operaciones de compraventa de granos para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y obtener indebidamente reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”^[1]. Una retención es un pago a cuenta del impuesto que el comprador descuenta al vendedor e informa al fisco: si las ventas eran simuladas, las retenciones informadas no existían, y los reintegros pedidos con ellas tampoco correspondían.

Los allanamientos estuvieron a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA. La investigación previa la hizo el Departamento de Investigaciones Especiales de la fuerza, que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales. De acuerdo con el comunicado, los agentes hicieron trabajo de campo, búsquedas en fuentes abiertas de internet y análisis de la información disponible, lo que permitió identificar a personas y empresas relacionadas con la operatoria^[1].

Allanamientos en cinco provincias

El juez ordenó registrar 85 domicilios en Rosario y el departamento General López (Santa Fe); Villaguay (Entre Ríos); el departamento Sarmiento y la capital de Santiago del Estero; la ciudad de Córdoba; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Escobar (Buenos Aires)^[1]. En los procedimientos se secuestraron 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, 3 tablets, 3 netbooks, 3 discos externos, dos gabinetes de computadora y documentación. También se incautaron $ 15.433.100, US$ 78.205, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos^[1].

Los 23 detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del juez por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos de la Ley 27.430 y del Código Penal^[1]. El ministerio no difundió sus nombres ni los de las empresas investigadas. Ninguno de los detenidos fue condenado: rige para todos la presunción de inocencia.

Qué castiga la ley

El Régimen Penal Tributario prevé prisión de tres años y seis meses a nueve años para el contribuyente que, “mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño”, se aproveche indebidamente de “reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria”, siempre que el monto supere los $ 100 millones en un ejercicio anual^[2]. Ese umbral rige desde enero de 2026: la Ley 27.799, conocida como de Inocencia Fiscal, lo elevó desde $ 1,5 millones^[3]. El mismo régimen castiga con uno a seis años de prisión a quien, con engaños, obtenga el reconocimiento o la autorización para gozar de un reintegro o una devolución tributaria, sin un monto mínimo^[2].

El comunicado no detalla cómo se reparten los 10 millones de dólares entre los 59 contribuyentes denunciados ni en qué años se habrían cobrado los reintegros, dos datos que pesan en la causa porque el umbral de $ 100 millones del delito de aprovechamiento indebido se cuenta por contribuyente y por año^[1][2]. Tampoco informa qué delitos del Código Penal se investigan además de los tributarios^[1].