El Gobierno dispuso pagar US$ 234.000 por el caso Brítez Arce, 33 meses después del plazo de la Corte Interamericana

El Gobierno dispuso pagar US$ 234.000 a los hijos de Cristina Brítez Arce y a su representante para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2022 declaró al Estado argentino responsable por la muerte de esa mujer, embarazada de más de 40 semanas, en la Maternidad Sardá de Buenos Aires en 1992. El Decreto 1255/2026, firmado el viernes 23 de octubre y publicado este lunes en el Boletín Oficial, llega 33 meses después de que venciera el plazo de un año que había fijado el tribunal^[1][2].

El decreto, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Juan Bautista Mahiques (Justicia), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), dispone «el pago en efectivo» de la sentencia con cargo a la Jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro, del presupuesto 2026. No menciona los intereses por mora que prevé la sentencia^[1].

Qué le pasó a Cristina Brítez Arce

Según la sentencia, Cristina Brítez Arce tenía 38 años y un antecedente de hipertensión arterial, era de origen paraguayo y se dedicaba a la confección de ropa. El 1 de junio de 1992 llegó a la Maternidad Sardá con molestias lumbares, fiebre y una escasa pérdida de líquido. Una ecografía mostró que el feto había muerto y le indujeron el parto. Pasó más de tres horas en trabajo de parto, dos de ellas sentada en una silla, y murió ese mismo día a las 18 por «paro cardio respiratorio no traumático». Sus hijos, Ezequiel Martín y Vanina Verónica Avaro, tenían 15 y 12 años^[2].

La Corte concluyó que el diagnóstico, la decisión de someterla al trabajo de parto, la falta de información completa sobre las alternativas de tratamiento y la espera en una silla, sumados a su especial vulnerabilidad, implicaron «un trato deshumanizado» que «constituye violencia obstétrica». Declaró violados sus derechos a la vida y a la integridad personal y, por cuatro votos contra dos, a la salud, además de derechos de sus hijos^[2].

Tres décadas de trámites

La causa penal, iniciada por el padre de los chicos en junio de 1992, pasó por varios peritajes (el primero fue declarado nulo) y el 18 de julio de 2003 terminó con la absolución de los dos médicos acusados de homicidio culposo, confirmada luego en apelación. La demanda civil por daños fue rechazada en 2009 y en 2012^[2].

Los hijos acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de abril de 2001, y la Comisión llevó el caso a la Corte el 25 de febrero de 2021, veinte años después, algo que el tribunal señaló «con preocupación». El 20 de agosto de 2021 el Estado reconoció su responsabilidad internacional^[2].

Cómo se reparte el dinero

Los montos fueron fijados en equidad: US$ 107.000 para cada hijo y US$ 20.000 para René Federico Garrís, tío de ambos y su representante desde 2001. A cada hijo le corresponden US$ 5.000 para tratamiento psicológico, US$ 25.000 por su propio daño inmaterial, US$ 15.000 por gastos y la mitad de los US$ 64.000 fijados por los ingresos que su madre dejó de percibir y de los US$ 60.000 por el daño inmaterial que sufrió ella^[1][2].

El pago debe hacerse en dólares o, si no es posible, en pesos, con «la tasa más alta y más beneficiosa para las personas beneficiarias que permita su ordenamiento interno». Sobre la mora, el párrafo 136 de la sentencia establece:

«En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en la República Argentina»^[2].

El plazo vencido

El plazo venció el 19 de enero de 2024. El expediente del pago es de 2023^[1], y en informes del 7 de diciembre de 2023 y del 5 de abril de 2024 el Estado le dijo a la Corte que «se encuentra tramitando el proyecto de decreto que dispone el pago». En su resolución de supervisión del 30 de abril de 2024, el tribunal constató que los pagos seguían pendientes y le requirió al Estado cumplirlos «a la mayor brevedad posible» y tener en cuenta lo dispuesto en el párrafo 136 sobre intereses moratorios^[3].

Las otras reparaciones

En esa misma resolución, la Corte dio por cumplida la publicación de la sentencia y su resumen, hecha en 2023 dentro del plazo de seis meses. Consideró cumplida solo en parte la campaña que había ordenado sobre los derechos durante el embarazo, el parto y el posparto y sobre la violencia obstétrica: el Estado diseñó «Sin Parto Respetado, hay violencia obstétrica», pero la Corte pidió datos sobre su difusión en radio, televisión y maternidades porteñas, que supervisará durante tres años, y que el Estado explicara si la disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad afecta la campaña^[3].