El Parlamento Europeo otorgó el Premio Sájarov 2026 a la Corte Penal Internacional y a sus funcionarios

El Parlamento Europeo otorgó este jueves 22 de octubre el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2026 a la Corte Penal Internacional (CPI) y a sus funcionarios, en forma conjunta. La Conferencia de Presidentes, que reúne a la presidenta de la Eurocámara y a los líderes de los grupos políticos, eligió al ganador. La presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, lo anunció en el pleno de Estrasburgo^[1].

«La Unión Europea se basa en el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales. Con la concesión del Premio Sájarov a la Corte Penal Internacional y a sus funcionarios, el Parlamento Europeo reconoce la importante labor de la Corte en la defensa del derecho internacional y la justicia», dijo Metsola.^[1][10]

El 19 de octubre, los miembros de las comisiones de Asuntos Exteriores y de Desarrollo de la Eurocámara habían elegido a tres finalistas. Uno era el tribunal. Otro era Tundu Lissu, abogado y dirigente opositor de Tanzania, a quien el Parlamento describe como perseguido político. La tercera candidatura era la de las hermanas Taraneh y Romina Rahimi, propuestas en nombre de todas las personas perseguidas por el régimen islámico de Irán^[2]. Al anunciar el premio, Metsola dijo que Lissu está preso y que una de las hermanas Rahimi enfrenta una condena a muerte y la otra, décadas de prisión por haber protestado. También dijo que los tres finalistas ya forman parte de la «familia Sájarov»^[8].

Un premio en medio de las sanciones de Estados Unidos

Según el comunicado del Parlamento, los eurodiputados expresaron su profunda preocupación por las amenazas y sanciones impuestas desde 2025, sobre todo por Estados Unidos, a la Corte y a sus fiscales, jueces, personal y colaboradores. El texto agrega que pidieron varias veces a la Comisión Europea que active el estatuto de bloqueo de la Unión, una norma que permite proteger a personas y empresas europeas de sanciones extranjeras. También informa que la presidenta de la Corte y varios jueces visitaron comisiones de la Eurocámara en 2025 y 2026 para describir el efecto de esas sanciones^[1].

Las sanciones se basan en la Orden Ejecutiva 14203, que el presidente Donald Trump firmó el 6 de febrero de 2025. La orden acusa a la Corte de haber tomado «acciones ilegítimas e infundadas dirigidas contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado Israel». Cita como ejemplo las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant. También sostiene que la Corte no tiene jurisdicción sobre ninguno de los dos países porque no son parte del Estatuto de Roma, el tratado que la creó^[3]. El artículo 12 del Estatuto permite a la Corte ejercer su competencia cuando el Estado en cuyo territorio ocurrieron los hechos es parte del tratado, cualquiera sea la nacionalidad del acusado^[11]. En el caso de Netanyahu y Gallant, la Corte se basa en la adhesión de Palestina, de 2015. El 5 de febrero de 2021, la Sala de Cuestiones Preliminares I resolvió por mayoría que esa competencia territorial abarca Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este^[12].

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense aplicó la orden en cinco tandas de sanciones a personas. El 13 de febrero de 2025 sancionó al entonces fiscal Karim Khan^[4]. El 5 de junio de 2025 sancionó a cuatro juezas: Solomy Balungi Bossa, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Reine Alapini-Gansou y Beti Hohler^[5]. El 20 de agosto de 2025 sancionó a los jueces Kimberly Prost y Nicolas Guillou y a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang^[6]. El 18 de diciembre de 2025 sancionó a los jueces Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, y Gocha Lordkipanidze, de Georgia^[13]. El 18 de agosto de 2026 sancionó a la presidenta de la Corte, la japonesa Tomoko Akane, y al senegalés Abdoulaye Seye, de la Fiscalía^[7]. Son en total trece funcionarios: nueve jueces y cuatro miembros de la Fiscalía. Las sanciones bloquean los bienes que tengan bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas y empresas de ese país hacer negocios con ellos.

El 9 de octubre de 2026, trece días antes del premio, la OFAC incluyó a la propia Corte Penal Internacional en su lista de personas y entidades sancionadas. Desde entonces, los bienes de la Corte que estén bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, y las personas y empresas de Estados Unidos no pueden operar con ella salvo que una licencia lo autorice. Ese mismo día, la OFAC emitió cuatro licencias generales. Autorizan ciertas transacciones con la Corte, los servicios de telecomunicaciones y de software empresarial, el pago de pensiones y algunas operaciones vinculadas con ciertos detenidos de la Corte^[14].

El Parlamento reconoce a los funcionarios de la Corte como grupo. Uno de los sancionados, Karim Khan, ya no está en el cargo. El 24 de julio de 2026, la Asamblea de los Estados Partes lo destituyó en votación secreta, con la mayoría absoluta de 82 Estados, por falta grave e incumplimiento grave de sus deberes^[9].

Qué es la Corte y qué es el premio

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, investiga y, cuando corresponde, juzga a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión. Interviene como último recurso, en forma complementaria a los tribunales nacionales, cuando estos no pueden o no quieren juzgar los hechos. Se rige por el Estatuto de Roma y es el primer tribunal penal internacional permanente^[1].

El Parlamento Europeo creó el premio en 1988 y lo entrega todos los años. Lleva el nombre del físico y disidente soviético Andréi Sájarov y distingue la defensa de los derechos humanos, en especial la libertad de expresión, los derechos de las minorías, el derecho internacional, la democracia y el Estado de derecho^[1]. En 2025 lo recibieron los periodistas Andrzej Poczobut y Mzia Amaglobeli. La ceremonia de entrega de este año será el 16 de diciembre en Estrasburgo^[2].