El BID aprobó una garantía de US$ 200 millones para atraer capital privado a la ampliación de la red eléctrica

El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el miércoles 21 de octubre una garantía de inversión de US$ 200 millones, con un plazo de 25 años, para respaldar el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico que impulsa la Secretaría de Energía, según la ficha de la operación en el sitio del banco y el comunicado que difundió este jueves el Ministerio de Economía^[5][1]. La garantía cubre dos proyectos: AMBA I, que ampliará la red de alta tensión del Gran Buenos Aires, y el de las líneas Puerto Madryn–Choele Choel y Choele Choel–Bahía Blanca, en la Patagonia y el sur bonaerense, ambos destinados a sumar capacidad de transporte al Sistema Argentino de Interconexión (SADI)^[1].

No se trata de un préstamo para construir las obras, sino de un respaldo a quienes las financien: según el comunicado oficial, el instrumento busca “reducir riesgos para los inversores” y atraer capital privado a infraestructura de largo plazo^[1]. Según Economía, es además la primera operación individual bajo una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) del BID, el formato con el que el banco aprueba un programa marco y luego lo ejecuta en tramos^[1]. En la ficha del BID, la operación (AR-U0007) figura como una garantía de riesgo político, con el objetivo de mejorar la confiabilidad y la capacidad del sistema de transmisión del Gran Buenos Aires y habilitar nueva capacidad de interconexión para centrales de generación^[5]. Ni la ficha ni el comunicado detallan qué riesgos concretos cubre, cómo se reparte entre las dos obras ni el monto total de la línea condicional^[1][5].

El ministro de Economía, Luis Caputo, difundió la aprobación en X: “La aprobación de la garantía del BID consolida las condiciones de previsibilidad y reglas claras” para atraer capital privado a la infraestructura eléctrica, escribió, y agregó que el programa “beneficiará en forma directa a 16 millones de usuarios”^[2]. El comunicado de Economía usa la misma cifra, “entre hogares y empresas”, pero no explica cómo se calculó ni si cuenta personas o conexiones al servicio^[1].

Una obra de US$ 800 millones a cargo de privados

AMBA I es la primera de las licitaciones del plan. Según la presentación que el Gobierno hizo a inversores el 8 de octubre, prevé unos 270 kilómetros de líneas de 500, 220 y 132 kilovoltios y la incorporación de 2.160 megavoltamperios (MVA) de potencia de transformación, con una inversión aproximada de US$ 800 millones y un plan de obras de 52 meses en dos etapas^[3]. El objetivo declarado es “garantizar la seguridad, confiabilidad y calidad del abastecimiento eléctrico” del área metropolitana y del sistema interconectado^[3].

El Estado no construirá esas obras: se adjudicarán por concesión de obra pública, de modo que el capital lo pongan inversores privados, y el ganador podrá pedir su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)^[3]. En aquella presentación, ante bancos, fondos de inversión, constructoras y embajadores, la representante del BID en la Argentina, Viviana Alva Hart, explicó que el banco estructuraba la propuesta de garantía, sujeta a la aprobación de su Directorio, y que daba asistencia técnica para diseñar la licitación y el contrato^[3]. Esa aprobación llegó el 21 de octubre^[5].

La garantía equivale a la cuarta parte del costo estimado de AMBA I, aunque también debe cubrir el proyecto patagónico, cuyo costo no fue informado^[1][3]. Frente al plan completo, de 16 obras estratégicas, con inversiones por más de US$ 6.600 millones y 5.610 kilómetros de nuevas líneas de 500 kilovoltios en todo el país, representa alrededor de 3%^[1][3].

Del préstamo al Estado a la garantía para privados

El cambio de esquema se ve al comparar con la operación anterior del BID para la red de transmisión. En julio de 2022, el banco aprobó el Programa Federal de Transmisión Eléctrica (AR-L1354), un préstamo con garantía soberana de US$ 200 millones, sobre un costo total de US$ 464 millones con US$ 40 millones de aporte local, para que el Estado ampliara y modernizara líneas y estaciones transformadoras en distintas provincias, entre ellas Charata–Villa Ángela, Gran Formosa–Pirané–Ibarreta y Federación–Crespo–Viale^[4]. El contrato se firmó el 2 de enero de 2023 y, según la ficha del proyecto actualizada al 21 de octubre de 2026, el programa sigue en ejecución^[4]. Aquel crédito suma deuda del Tesoro; con la garantía aprobada ahora, la Nación busca que el financiamiento y la construcción queden a cargo de privados, con el respaldo del banco para bajar el riesgo de invertir a 25 años^[1][3][4].

Economía presenta el esquema como un modo de reemplazar “años de desinversión por reglas de mercado claras y capital privado genuino”, y anunció que repetirá el formato de presentaciones a inversores para cada una de las próximas licitaciones del plan^[3].