El Gobierno adjudicó el 90% de AySA al consorcio de Rowing, Arcos, PHX y Transclor por US$ 340,2 millones

El Ministerio de Economía adjudicó la venta del 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al consorcio que integran Rowing SA, Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor SA, por US$ 340.200.000 sin IVA. Lo dispuso la Resolución 1818/2026, firmada por el ministro Luis Caputo el martes 20 de octubre y publicada este jueves 22 en el Boletín Oficial. El grupo deberá firmar el contrato de compraventa de las acciones hasta el 13 de noviembre de 2026^[1].

La resolución ubica en el segundo lugar del orden de mérito al consorcio de Roggio Roas SAU, Hidrosan Capital SAU, Aguas del Plata Participaciones SA, Benito Roggio e Hijos SA y Central Buen Ayre SA, que ofreció US$ 285.000.000 sin IVA^[1]. La oferta ganadora supera a la segunda en US$ 55,2 millones, un 19,4% más. Fueron las dos únicas propuestas: ambas superaron la etapa técnica y llegaron a la apertura de sobres económicos del 8 de octubre, cuando Economía informó los mismos montos^[1][2].

Qué se vende

Se adjudica la totalidad de las acciones del Estado nacional en AySA: 135.000 acciones ordinarias escriturales clase A, de valor nominal $ 1.000 cada una, que representan el 90% del capital y de los votos, con todos sus derechos económicos y políticos^[1]. El 10% restante pertenece a los empleados a través del Programa de Propiedad Participada^[3]. En proporción, el precio equivale a unos US$ 378 millones por el 100% de la empresa. La misma resolución corrige el modelo de contrato de compraventa (Anexo IX del pliego), que había consignado mal la cantidad y el valor nominal de esas acciones, y fija la cifra en 135.000, de acuerdo con el estatuto aprobado por el Decreto 304/2006^[1].

El Decreto 494/2025, que autorizó la privatización total, preveía vender al menos el 51% a un operador estratégico por licitación pública nacional e internacional y colocar en bolsas y mercados del país las acciones restantes^[1]. La licitación, convocada sin precio base, ofreció al operador todo el paquete estatal, por lo que no quedan acciones del Estado nacional por vender en el mercado^[1].

Pago y tasación

El artículo 4° instruye a la Tesorería General de la Nación a notificar al adjudicatario la cuenta a la que deberá transferir el precio. La resolución no fija la fecha de ese pago: remite al pliego, que rige cómo se instrumenta^[1].

Según los considerandos, la Comisión de Evaluación recomendó adjudicar al primer consorcio y su dictamen no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto. El ministerio sostiene que las ofertas son “razonables a la luz de la tasación” que hizo el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), como exige el artículo 19 de la Ley 23.696, y que “se encuentran dentro de las proyecciones resultantes de dicha tasación”. La resolución no publica el valor de esa tasación. También intervinieron la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y las secretarías de Obras Públicas y de Coordinación de Infraestructura^[1].

El proceso

La Ley 27.742, conocida como Ley Bases, declaró a AySA “sujeta a privatización”. Economía inició el proceso con la Resolución 1198, del 18 de agosto de 2025; llamó a la licitación con la Resolución 704, del 14 de mayo de 2026, y reprogramó las fechas de consultas y de apertura con la Resolución 1386, del 25 de agosto. Las ofertas técnicas se abrieron el 15 de septiembre en la plataforma de compras públicas CONTRAT.AR; la Resolución 1722, del 5 de octubre, precalificó a los dos consorcios, y las ofertas económicas se abrieron el 8 de octubre^[1].

Qué recibe el operador

El comprador se hará cargo de una empresa que funciona bajo un contrato de concesión con un plazo inicial de 30 años. Durante el primer ciclo tarifario, de 2027 a 2031, la tarifa vigente al presentar el plan se mantendrá constante en términos reales, con las excepciones que prevé el contrato, según Economía. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) controlará cada año el cumplimiento de las obligaciones, las inversiones financiadas por la concesionaria deberán ser certificadas por un auditor técnico independiente y los incumplimientos graves y reiterados pueden llevar a multas y a la pérdida de la concesión^[3].

El operador deberá ejecutar un Plan de Acción para 2027-2031 de $ 2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA: unos $ 1,13 billones en obras, $ 1,15 billones en mantenimiento, $ 315.761 millones en mejoras y $ 296.166 millones en operación. El plan fija metas de cobertura de 75,3% de la población con agua potable y 63,9% con cloacas para 2031, y de al menos 90% y 75% al terminar el plazo inicial de la concesión^[2]. Según el ministerio, un tercio del área de concesión todavía no tiene acceso a esos servicios^[3].