Paraguay: rige la ley para adelantar la garantía a los ahorristas de ueno, y el Banco Central anunció que empezó a pagar los saldos de hasta 10 millones de guaraníes

Actualización (7 de noviembre, 06:11): La Fiscalía del Paraguay ordenó la detención de Santiago Peña y de Carlos Carvallo, quien presidía el Banco Central del Paraguay. Lo anunció en X el 6 de noviembre a las 19:59 de Asunción, 59 minutos después de que el Senado destituyera a Peña^[11]. El anuncio atribuye la orden a la Fiscalía y no menciona a ningún juez. Tampoco dice qué delitos se le imputan a Peña ni dónde debe cumplir la detención. La víspera, a las 19:03 del 5 de noviembre, la Fiscalía había informado que el fiscal general abría causas penales contra Peña y otras exautoridades por el caso ueno bank^[12].

Esa misma noche, el Congreso completó la línea de sucesión. En sesión extraordinaria, ambas cámaras eligieron por unanimidad al senador Antonio Barrios como vicepresidente de la República, para completar el período 2023-2028^[13]. Antes del juramento, el pleno del Senado aprobó la renuncia de Barrios a su banca para que asumiera la vicepresidencia^[14]. Guadalupe Aveiro juró como senadora en su reemplazo^[15]. Después, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, le tomó juramento a Barrios como vicepresidente^[16].

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el 5 de noviembre que empezó a pagar la garantía de depósitos a los clientes de ueno bank, el banco digital paraguayo intervenido. En esta primera etapa cobran los depositantes que tienen hasta 10 millones de guaraníes^[5]. El dinero sale del Fondo de Garantía de Depósitos y se paga según la Ley 7.745. El entonces presidente Santiago Peña la promulgó el 4 de noviembre^[4], dos días antes de que el Senado lo destituyera^[9].

El proyecto

El 3 de noviembre, a las 14:37 de Asunción, Peña informó en X que le había pedido la renuncia al presidente del BCP. En el mismo mensaje dijo que había acordado «con los presidentes de ambas cámaras del congreso el tratamiento de un proyecto de ley» que «autoriza el uso del Fondo de Garantía para iniciar el pago inmediato a los ahorristas». También pidió a los legisladores que lo aprobaran «con la mayor celeridad»^[1]. Las noticias oficiales de Diputados sobre el trámite del proyecto no mencionan ese acuerdo^[2][3].

Según la Cámara de Diputados, el proyecto ya tenía media sanción del Senado cuando llegó a esa cámara. El 4 de noviembre, en una sesión extraordinaria, Diputados se constituyó en comisión porque el proyecto no tenía dictamen. Lo aprobó con modificaciones, así que el texto debía volver al Senado^[2]. La Cámara no informó cuántos votos obtuvo. Ese día, el presidente de Diputados, Raúl Latorre, dijo: «Mi prioridad son los ahorristas, mi prioridad es que ellos puedan cobrar de manera inmediata»^[3]. A las 17:59, Peña anunció que había promulgado la Ley 7.745, «que permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía»^[4].

Qué aprobó Diputados

El texto de la Ley 7.745 todavía no está publicado en la Biblioteca y Archivo Central del Congreso. El resumen oficial de la versión que aprobó Diputados dice que la norma amplía la Ley 2.334 de 2003, de garantía de depósitos. Con ese cambio, el Fondo le adelanta a cada depositante «hasta cuarenta salarios mínimos mensuales» o, si es menor, el saldo neto. El saldo neto es lo que queda después de descontar lo que el cliente le debe a la entidad^[2].

Según ese resumen, el pago «se iniciará dentro de las 24 horas» y «no podrá exceder los cinco días hábiles». Se hace por transferencia «en una cuenta habilitada a nombre del cliente», o en efectivo si el cliente no tiene cuenta. Con ese sistema, Diputados reemplazó la idea original de reabrir por un tiempo la aplicación de ueno. Quedan excluidas las personas vinculadas al banco y las cuentas embargadas. Quien cobre sin tener derecho debe devolver el dinero dentro de las 24 horas^[2]. La garantía completa sigue siendo la de la ley de 2003: hasta 75 salarios mínimos «por persona física o jurídica» en cada entidad^[6].

Los primeros pagos

Según el anuncio del BCP, en esta primera etapa los depositantes con fondos de hasta 10 millones de guaraníes reciben todo su saldo, dentro de los límites de la garantía. Para cobrar deben cumplir dos condiciones: no tener deudas con ueno y tener una cuenta en otro banco o financiera del país. El BCP dijo que anunciará a los demás grupos «progresivamente», sin dar fechas^[5]. Tampoco informó cuántos ahorristas entran en esta etapa ni cuánto dinero representa.

El IPS y los fondos públicos

En su mensaje del 3 de noviembre, Peña también afirmó que la ley «garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas»^[1]. El IPS es el Instituto de Previsión Social, que administra jubilaciones. El resumen oficial de lo que aprobó Diputados no menciona el IPS, las cajas jubilatorias ni una garantía especial para los fondos públicos. Solo describe el anticipo por depositante, con el mismo tope para todos. Según ese resumen, los diputados Antonio Buzarquis y Rodrigo Blanco plantearon su preocupación por recuperar los «recursos de instituciones públicas depositados en la entidad»^[2].

La ley de 2003 ya se ocupaba de esos depósitos. Las exclusiones de la garantía alcanzan a los directivos del banco, a las personas vinculadas y a los negocios ilegales, y no mencionan a las entidades públicas. Para cuando se liquida una entidad, la misma ley pone en el primer orden de prioridad «los depósitos públicos del sistema de previsión social», junto con los depósitos garantizados^[6]. Los 35 diputados que pidieron el juicio político acusaron a Peña de haber permitido que el IPS concentrara en ueno «cientos de miles de millones de guaraníes»^[7]. Si la cifra es correcta, supera con holgura un tope de 75 salarios mínimos por persona jurídica, y la garantía cubriría solo una pequeña parte de esos fondos.

Peña, destituido

El 5 de noviembre, con el juicio político ya en marcha, Peña escribió que «el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo»^[8]. El 6 de noviembre, a las 19:00, el Senado lo declaró culpable con 44 votos por la condena, ninguno por la absolución y un ausente^[9]. En su primer discurso ante el Congreso, el nuevo presidente, Pedro Alliana, se dirigió a los ahorristas: «no les vamos a dejar solos, ordeno que se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas»^[10]. No precisó qué medidas tomará.