Ueno y la pregunta que casi nadie formula: quién paga cuando cae un banco

El Banco Central del Paraguay anunció el 3 de noviembre la resolución de ueno bank porque su índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo legal tras ajustes a sus estados financieros^[6]. El 29 de octubre, el propio banco había informado un capital regulatorio del 13,8%, por encima del 12% exigido^[17]. La Fiscalía imputó a 27 personas y sostiene que el banco prestó a empresas vinculadas sin garantías suficientes^[7]. El Congreso sancionó el 4 de noviembre la Ley 7.745, que adelanta a cada ahorrista hasta 40 salarios mínimos, unos G. 121,8 millones, del Fondo de Garantía de Depósitos^[1][2][3]. La sesión conjunta del Congreso convocada para tratar la renuncia del presidente Santiago Peña, a quien Diputados había acusado ese mismo día con 78 votos, se levantó a las 18:37 del 5 de noviembre por falta de quórum en Diputados, sin votarla^[9][10][19].

Me interesa la pregunta que casi nadie formula: quién paga.

Un banco vive de la confianza

En La teoría del dinero y del crédito distinguí entre los certificados de dinero, «aquellos sustitutos del dinero que están completamente cubiertos» por una reserva equivalente, y los medios fiduciarios, «los que no están cubiertos de ese modo»^[13]. Un depósito a la vista en un banco moderno pertenece casi por entero a la segunda clase. Al 31 de marzo, último balance que ueno publicó, sus depósitos de particulares, empresas y organismos públicos sumaban G. 16,1 billones; en caja y como encaje en el Banco Central tenía G. 2,25 billones, unos 14 guaraníes por cada 100 depositados, y G. 4,6 billones, unos 29 por cada 100, contando todo el efectivo y equivalentes^[5]. El resto, en su mayor parte, estaba prestado.

Quien entrega dinero a un banco a cambio de poder retirarlo cuando quiera, escribí, demuestra que «confía en la disposición constante del banco a pagar»^[13]. Por eso el activo más valioso de un banco es su reputación, y por eso «debe quebrar en cuanto surgen dudas sobre su perfecta confiabilidad y solvencia»^[14]. Esa amenaza es la disciplina del oficio. Sin privilegios del gobierno, escribí en La acción humana, los bancos imprudentes habrían quebrado, «y el público, advertido por el daño, se habría vuelto doblemente desconfiado y reservado»^[14].

El fondo no crea dinero de la nada

La Ley 2.334, de 2003, define la garantía paraguaya como un régimen «explícito, limitado, obligatorio y oneroso, constituido con financiamiento público y privado»^[4]. Sus recursos son un aporte inicial del Estado en bonos, las contribuciones trimestrales obligatorias de todos los bancos, deducibles del impuesto a la renta, y, si no alcanzan, bonos que «el Estado podrá emitir» y que el Banco Central podrá descontar^[4]. Lo que el fondo paga lo pagan, entonces, los bancos prudentes y, a través de ellos, sus clientes; el fisco, que deja de cobrar, y, si el Banco Central descuenta esos bonos, todos los que tienen guaraníes. El gobierno, insistí, «no tiene más capacidad que los individuos para crear algo de la nada»^[14].

La ley tiene méritos: no eleva el tope de 75 salarios mínimos, excluye a las personas vinculadas al banco y descuenta las deudas vencidas de cada ahorrista; es un adelanto a cuenta de una garantía que ya existía^[1][4]. Pero obsérvese la pendiente. El 3 de noviembre, el presidente del Congreso anunció un adelanto de 10 salarios mínimos y otro proyecto para cubrir con el remanente del fondo la totalidad de los depósitos de las instituciones públicas^[11]; ese mismo día el Senado llevó el adelanto a 40 y giró el segundo proyecto a comisión^[12]. Peña pidió una ley que, según escribió, «garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas»^[8]; los resúmenes oficiales de la ley sancionada no mencionan esa devolución^[1][2]. Los depósitos públicos en ueno eran G. 4,9 billones en marzo, casi un tercio del total^[5], y los diputados que acusaron a Peña sostienen que el instituto de jubilaciones concentró allí fondos por encima de los límites legales^[18]. Cada intervención reclama la siguiente: el intervencionismo, sostuve, conduce a un estado de cosas que, «desde el punto de vista de sus defensores, es menos deseable» que el que quería corregir^[14].

Lo que la Argentina ya vivió

El 1 de diciembre de 2001, el decreto 1570 prohibió en la Argentina «los retiros en efectivo que superen los pesos doscientos cincuenta» por semana^[15]. El 3 de febrero de 2002, el decreto 214 convirtió los depósitos en dólares a 1,40 pesos por dólar y las deudas con los bancos a un peso, y dispuso que cada entidad «cumplirá con su obligación devolviendo pesos»^[16]. Lo había descrito: cuando el gobierno libera al banco de devolver los depósitos según los términos del contrato, el banco «pierde su existencia independiente» y se convierte en «una oficina subordinada del tesoro»^[14]. Los ahorristas argentinos pagaron con sus dólares la diferencia que la ley decidió por ellos.

Paraguay todavía puede elegir otro camino: que el fondo pague lo que la ley de 2003 prometió, ni un guaraní más; que el resto de las pérdidas recaiga sobre los accionistas y los acreedores que aceptaron ese riesgo, y que los responsables respondan ante los jueces. Lo que se necesita, escribí en 1949, es someter a los bancos a «las reglas generales del derecho comercial y civil», que obligan a cada persona y a cada empresa «a cumplir todas sus obligaciones en plena conformidad con los términos del contrato»^[14]. Ningún fondo de garantía reemplaza a esa regla. Solo decide quién paga cuando se la olvida.