En Malvinas, la Argentina eligió un juez; no le conviene ser a la vez juez y parte

Este jueves, ante la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid, Javier Milei dijo que el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Malvinas, «agrava esta controversia» y le reiteró al Reino Unido la «disposición a negociar de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas». Agregó: «Activamos procedimientos sancionatorios y presentamos denuncias penales contra las compañías involucradas y sus directivos»; y «en el plano internacional iniciamos un arbitraje contra el Reino Unido»^[1].

En El crimen de la guerra sostuve una idea que repito ahora: «El mal de la guerra no consiste en el empleo de la violencia, sino en que sea la parte interesada la que se encargue del uso de la violencia»^[13]. Quien se hace justicia por su mano es litigante y juez, y «para ser juez imparcial, es preciso no ser parte en la disputa»^[13]. Por eso aplaudo el camino de Hamburgo y miro con reservas parte de lo demás.

Un juez que no es parte

El 28 de septiembre, la Argentina notificó al Reino Unido un arbitraje según el anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y el 13 de octubre, mientras se constituye el tribunal arbitral, pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales: que el Reino Unido impida «el comienzo o la continuación» de la explotación de Sea Lion y se abstenga de otorgar nuevos permisos^[4]. La audiencia será el 10 y 11 de noviembre^[5]; el 9 jurará el juez ad hoc que eligió el Reino Unido^[6]. Que el adversario tenga en el estrado un juez elegido por él no debilita el procedimiento: nadie podrá decir que lo juzgó su enemigo.

La Argentina sostiene ante los árbitros que el Reino Unido incumple la obligación de resolver las controversias «por medios pacíficos»^[4]. Londres responde que su actividad petrolera se hace «en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la CONVEMAR»^[12]. Si tiene razón, se lo dirá un tribunal; si no la tiene, también. La fuerza no puede ofrecer eso.

Sostuve que, sin una autoridad común a las naciones, cabe «una opinión, es decir, [...] un juicio, [...] un fallo emitido por la mayoría de las naciones» sobre la disputa que divide a dos de ellas^[13]. El comunicado especial que la cumbre adoptó en Madrid es una opinión de esa clase: pide reanudar las negociaciones «a la mayor brevedad posible»^[2], recuerda la resolución 31/49 de la ONU contra las «modificaciones unilaterales» y declara que el refuerzo de la presencia militar en el área es incompatible con una solución «por la vía pacífica»^[3]. Es el capital de quien pide un juez.

La cuenta de la espada

En el mismo libro escribí que los gastos del Estado en una guerra «forman la parte más pequeña de los estragos que ella opera en los capitales y en las fortunas de los particulares»^[13]. En las Bases pedí a mis compatriotas que, ante los reclamos europeos, no corrieran «a la espada», porque «la paz nos vale el doble que la gloria», y la espiga de la paz es de oro «en la lengua del economista»^[14]. Los argentinos ya pagaron una vez, en esas islas, la cuenta de la espada; un pleito cuesta abogados y paciencia, no vidas.

Juez y parte

Mis reservas están en la otra vía. La Cancillería abrió procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas, a las que sumó otras 15, alcanzando, además de las petroleras, a «accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios»^[7][9]; el canciller presentó tres denuncias penales que alcanzan a 10 compañías y sus directivos, y se enviaron cerca de 180 notas de advertencia en 30 países^[8][10]. Aplicar la ley argentina en su jurisdicción es derecho, no guerra. Pero en los procedimientos sancionatorios la Cancillería acusa y juzga, y los alcanzados no son el gobierno británico, que es la parte en la disputa, sino capitales y proveedores de muchas naciones. El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con dictamen de mayoría en Diputados del 27 de octubre^[17], iría más lejos: según el dictamen, arriesga de dos a siete años de prisión quien provea un bien o servicio «esencial e indispensable» para explorar o explotar recursos no renovables en las islas o la plataforma continental sin habilitación argentina, si sabía o «no hubiera podido razonablemente desconocer» ese destino^[16]. El 23 de octubre, según Downing Street, el primer ministro británico le planteó al presidente de los Estados Unidos «las consecuencias económicas de las medidas coercitivas de la Argentina»^[15]. Conviene no darle a Londres ese argumento ante los jueces de Hamburgo.

Escribí en 1852 que «cuantas más garantías deis al extranjero, mayores derechos asegurados tendréis en vuestro país»^[14]. Un país que necesita capital de todo el mundo no gana nada con que el inversor aprenda que una disputa entre gobiernos puede terminar con su nombre en una causa penal. En la vía civil, en cambio, un juez federal de Río Grande ordenó, a pedido de dos asociaciones, que Rockhopper y Navitas no avancen sin evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina^[11]. Allí decidió un juez que no era parte.

El Presidente cerró diciendo que el Reino Unido «tiene aquí la oportunidad de practicar el respeto por las reglas internacionales»^[1]. La frase obliga a las dos orillas. La Argentina eligió un juez; su fuerza depende ahora de que se comporte como litigante y acate lo que se resuelva, le sea o no favorable.