Paraguay intervino ueno bank, el banco digital que dice tener más de 3 millones de clientes, y la Fiscalía imputó a 27 personas

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de ueno bank S.A., que se presenta como el banco digital más grande del país, porque su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo exigido tras ajustes a sus estados financieros durante un proceso de regularización. La decisión, tomada por unanimidad por el Directorio el 2 de noviembre y anunciada el martes 3, se rige por la Ley 2.334 de 2003: la Superintendencia de Bancos designa interventores y el Fondo de Garantía de Depósitos paga a los ahorristas^[1][3].

Ueno dice tener más de 3 millones de clientes y que dos de cada tres paraguayos lo usan^[16][17]. Al 31 de marzo de 2026, su último balance publicado, tenía activos por G. 24,6 billones y depósitos por G. 11,2 billones del sector privado y G. 4,9 billones del sector público^[14]. El 29 de octubre, cuatro días antes de la decisión del BCP, el banco informó un capital regulatorio total del 13,8%, por encima del 12% exigido, y anunció un plan de capitalización de US$ 100 millones^[17].

Qué pasa con los ahorros

La garantía legal cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad, hoy G. 228.300.000, y se aplica a la persona, no a cada cuenta^[1]. El 3 de noviembre, el BCP anunció un primer pago de hasta G. 10.000.000 por ahorrista, previo descuento de las deudas que cada cliente tenga con el banco; el resto, según un calendario que todavía no publicó^[2].

El Congreso cambió ese esquema en dos días: el Senado aprobó el martes 3 un proyecto que amplía la Ley 2.334^[18], Diputados lo aprobó el miércoles 4 con modificaciones^[9] y el Senado aceptó esos cambios por unanimidad ese mismo día^[19]. Esa tarde, el presidente Santiago Peña promulgó la Ley 7.745^[10]. La norma fija un anticipo de hasta 40 salarios mínimos (unos G. 121,8 millones) o del saldo neto del cliente si es menor, que resulta de restar de sus depósitos las deudas vencidas con el banco. El pago debe empezar dentro de las 24 horas desde la entrada en vigor de la ley y completarse en no más de cinco días hábiles; quedan excluidas las personas vinculadas al banco. El Fondo de Garantía de Depósitos lo acreditará por transferencia en una cuenta a nombre del cliente o, si no la tiene, en efectivo^[9][10][19].

En un video publicado el 4 de noviembre, Peña dijo que la ley permitirá cubrir «el 98% de todos los ahorristas» de la entidad, «iniciándose los pagos esta misma semana»^[5]. El BCP no publicó cuántos clientes tienen saldos por debajo de ese tope.

La causa penal

El 3 de noviembre, tras la denuncia de miembros del Directorio del BCP, el fiscal Francisco Cabrera confirmó la detención de directivos del banco, ocho según la Fiscalía^[8]: explicó que se dispuso para asegurar que se sometan al proceso y que, además, hubo información de inteligencia de que algunos podían salir del país^[6].

El 4 de noviembre, cuatro fiscales imputaron a 27 personas vinculadas a ueno y a empresas relacionadas por conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio^[7]. Según el acta, entre 2025 y 2026 el banco prestó a empresas vinculadas montos elevados frente a su capacidad económica, a plazos extensos y sin garantías suficientes; parte del dinero habría pasado a otras sociedades del mismo grupo, y una cartera de unos US$ 74,4 millones se transfirió a una sociedad que, según la hipótesis fiscal, usó fondos originados indirectamente en el propio banco. Los saldos pendientes de las operaciones investigadas suman US$ 166.984.879,33 y G. 343.157.246.557^[7].

La Fiscalía pidió prisión preventiva para un exvicepresidente del banco, arresto domiciliario para otros siete imputados del directorio y la sindicatura, y el bloqueo de bienes y cuentas de los 27 y de siete sociedades; un juez debe resolver^[7]. Su unidad de asuntos internacionales advierte la posible necesidad de pedir información a Luxemburgo y a los Estados Unidos^[8]. Al 19 de marzo, ueno pertenecía en un 91,2% a U Paraguay S.A., propiedad de la luxemburguesa U Holdings S.à r.l., en la que Grupo Vázquez S.A.E. tenía el 90,19% y el banco húngaro OTP, el 6,4%^[15].

Las consecuencias políticas

El 3 de noviembre, Peña pidió la renuncia del presidente del BCP, Carlos Carvallo, y sostuvo que se trata de «un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional»^[4]. Carvallo había dejado la presidencia de Financiera ueno, antecesora del banco, en agosto de 2023, poco antes de asumir al frente del BCP^[13]. Peña propuso a Raúl Vera Bogado para reemplazarlo^[5]. El 4 de noviembre, el Senado envió esa candidatura a comisión y aprobó la de Pedro De Jesús Acosta Bernal como miembro del directorio^[19], que Peña designó por decreto ese mismo día^[11].

El 4 de noviembre, 35 diputados pidieron el juicio político de Peña y del vicepresidente Pedro Alliana. A Peña le atribuyen un conflicto de intereses por su participación en Ueno Holding, haber nombrado al frente del BCP a un expresidente de Financiera ueno y haber permitido que el Instituto de Previsión Social (IPS) concentrara en ueno cientos de miles de millones de guaraníes por encima de los límites legales. La acusación requiere dos tercios de la Cámara de Diputados, y la condena, igual mayoría en el Senado^[12].