La Sociedad Rural se reunió con la ministra Monteoliva para avanzar en una agenda conjunta de seguridad rural

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se reunió con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, para «avanzar en una agenda de trabajo conjunta para fortalecer la seguridad en el campo», según informó la entidad el jueves 29 de octubre en su cuenta de X^[1]. Las fotos que acompañan el anuncio muestran el encuentro en una sala con el escudo del Ministerio de Seguridad^[1].

Por la SRA participó también su vicepresidenta segunda, Eloísa Frederking; por el ministerio, el subsecretario de Intervención Federal, Martín Culatto, y el subsecretario de Articulación Federal, Enrique Braun de Corral^[1]. Según la entidad, las conversaciones se orientaron «a coordinar acciones entre las autoridades nacionales y los representantes del sector rural» y la reunión se enmarca en la búsqueda de «una mayor articulación» con el Gobierno para «impulsar medidas que contribuyan a mejorar la seguridad en las zonas rurales, fortalecer la prevención y dar respuesta a las demandas de los productores agropecuarios»^[1]. El comunicado no detalla medidas concretas ni plazos^[1].

Una agenda que la entidad ya trabaja en las provincias

La seguridad rural aparece en la agenda reciente de la SRA. El 20 de octubre, el director de la entidad Mariano Berisso participó de una reunión en Entre Ríos con el ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo, el jefe de la Policía, Claudio González, y el director general de Delitos Rurales, Cristian Allegrini, entre otros funcionarios, según publicó la propia SRA^[2].

En el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó en general el 21 de octubre, por 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención, el proyecto de vandalismo rural, que pasó al Senado^[3]. Según el dictamen de mayoría, incorpora al Código Penal el artículo 150 bis, que castiga con un mes a un año de prisión el ingreso no autorizado a un establecimiento rural, y el 184 bis, que fija de dos a ocho años de prisión y una multa de tres a doce veces el valor del daño para quien dañe cultivos, ganado o instalaciones agropecuarias^[4]. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda firmaron dictámenes de minoría^[4].

No es el primer encuentro de la ministra con una entidad del sector. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó en un comunicado fechado el 15 de octubre que, en una reunión con la ministra, el director nacional de Estadísticas del ministerio presentó datos según los cuales las intervenciones con incautación de granos de contrabando cayeron 70% en 2025, y las de soja, 83%^[5].

Qué dicen los datos oficiales

Las estadísticas criminales del Ministerio de Seguridad, el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), no publican una categoría de delitos rurales ni de abigeato: los robos, hurtos y daños se informan sin distinguir si ocurrieron en el campo o en la ciudad^[6]. Con esa salvedad, los últimos datos anuales, de 2025, publicados en junio de 2026, muestran que en todo el país se registraron 360.946 robos (sin contar las tentativas ni los agravados por lesiones o muertes), 22,3% menos que los 464.318 de 2024, y 308.523 hurtos, 17,3% menos que los 372.840 del año anterior^[6][7]. Los daños, la categoría en la que encuadran, por ejemplo, las roturas de silobolsas o de alambrados, fueron la excepción: subieron 3,2%, de 78.367 a 80.852 hechos^[6].