Tras su destitución, un juez federal ordenó el arresto domiciliario del exjuez Gastón Salmain a pedido de la fiscalía

El juez federal Carlos Vera Barros, a cargo del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, ordenó este jueves cumplir la prisión preventiva domiciliaria del exjuez Gastón Salmain. La orden llegó horas después de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo destituyera del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad. Lo había pedido la Unidad Fiscal Rosario, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF)^[1].

La detención no es una medida nueva. Vera Barros dictó la prisión preventiva en el auto de procesamiento del 26 de diciembre de 2025; la Sala B de la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento el 27 de marzo de 2026 y dispuso que la detención fuera domiciliaria, con vigilancia electrónica. Pero no podía cumplirse mientras Salmain fuera juez federal, porque tenía inmunidad de arresto^[1][3]. Esa inmunidad terminó con la destitución. Según el MPF, la resolución de Vera Barros tiene dos párrafos y, en vista de la decisión del Jurado, ordena: «hágase efectiva la medida cautelar dispuesta mediante el auto de procesamiento del 26 de diciembre de 2025»^[1].

Cómo se cumplirá

El juez libró dos oficios. Uno a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), para que haga efectiva la detención en un domicilio del barrio porteño de Belgrano. El otro, al Ministerio de Seguridad Nacional, para que la controle con un dispositivo electrónico de monitoreo^[1]. Así lo había fijado la Cámara en marzo: prisión preventiva domiciliaria con vigilancia electrónica. La Cámara también mantuvo la prohibición de salir del país y redujo el embargo preventivo de US$ 200.000 a $ 10 millones^[3]. El comunicado del MPF no informa si la detención ya se concretó.

La causa Attila

Según la acusación confirmada por la Cámara, entre septiembre de 2023 y abril de 2024 Salmain manipuló un expediente para favorecer a Attila Fideicomisos SRL. Le otorgó una medida cautelar que la autorizaba a comprar US$ 10 millones al tipo de cambio oficial, supuestamente para pagar deudas en el exterior. Lo hizo pese a que su juzgado era, según la Cámara, manifiestamente incompetente por territorio, y pese a una advertencia del Banco Central^[3]. La cautelar se concedió solo con una caución juratoria, es decir, con la promesa de responder por los daños, sin la garantía real o personal que la ley prevé para montos de esa magnitud. Los pesos para comprar los dólares se depositaron entre el 14 de diciembre de 2023 y el 19 de febrero de 2024, a un tipo de cambio oficial promedio de $ 873,50^[3].

La Sala B de la Cámara Federal de Rosario, integrada por Aníbal Pineda, Elida Vidal y Silvina Andalaf Casiello, confirmó por unanimidad su procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. Entre las pruebas figura el testimonio del financista Fernando Whpei, imputado colaborador bajo la Ley 27.304 (del arrepentido), que describió reuniones previas con el juez en su despacho oficial. En la misma causa está procesado el escribano Santiago Busaniche, como partícipe secundario^[3]. En su comunicado de este jueves, el MPF agrega a la lista la asociación ilícita y el abuso de autoridad^[1]. Salmain no tiene condena en ninguna causa.

La destitución y el juicio pendiente

Según el Consejo de la Magistratura, el Jurado lo destituyó por mal desempeño. Lo hizo porque, en 33 concursos para ser juez entre 2016 y 2024, Salmain ocultó en sus declaraciones juradas que la Corte Suprema lo había dejado cesante en 2002 como empleado del Poder Judicial de la Nación. En esas mismas declaraciones afirmó que había ejercido la abogacía de forma independiente. El tribunal escribió que se trataba de «un dato esencial para la evaluación de su idoneidad»^[2]. El MPF informó que la decisión fue unánime y que el Jurado desestimó el cargo por el presunto cobro de coimas a cambio de resoluciones, porque esos hechos corresponden al proceso penal^[1].

El exjuez tiene además otro juicio pendiente. El 16 de octubre, la jueza de revisión Elida Vidal rechazó su sobreseimiento y envió a juicio oral la causa por los oficios que libró el 21 de octubre de 2025 a la PSA y a la Cámara Federal. Con ellos buscaba conocer el estado de la investigación en su contra. La fiscalía anticipó que pedirá dos años de prisión y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sus defensores en ese caso, Ignacio Carbone y Gustavo Feldman, sostuvieron que los hechos no constituyen delito^[4].