El Senado empezó a tratar el proyecto de 14 senadores que abre el cabotaje a buques extranjeros, con apoyo del Gobierno

Un proyecto de ley firmado por 14 senadores de cinco bloques, que permitiría a los buques de bandera extranjera hacer libremente cabotaje, es decir, llevar cargas por agua entre puertos argentinos, empezó a debatirse el miércoles 28 de octubre en un plenario de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Al cierre de la reunión, Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), presidente de la comisión de Presupuesto, anunció que esa iniciativa y otra sobre el mismo tema quedaban disponibles para la firma del dictamen. El plenario pasó a un cuarto intermedio para escuchar a más invitados^[3][4].

El proyecto, expediente S-1844/26, entró por Mesa de Entradas el 20 de octubre con el título «Régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria». Su autora es María Carolina Moisés, y el 22 de octubre se sumó la firma de Flavio Fama^[1]. Según la nómina de bloques del Senado, lo firman cuatro senadores de La Libertad Avanza (Patricia Bullrich, Joaquín Benegas Lynch, Francisco Paoltroni y Juan Cruz Godoy), cinco de la UCR (Silvana Schneider, Eduardo Vischi, Mercedes Valenzuela, Carolina Losada y Fama), tres de Convicción Federal (Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza), Flavia Royon (Primero los Salteños) y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones)^[5]. Moisés es senadora por Jujuy desde diciembre de 2023, con mandato hasta 2029, y llegó a la cámara por la alianza Unión por la Patria^[9].

El Gobierno respaldó el proyecto en la reunión. El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, dijo que las propuestas «federalizan la producción» y que «lo que estamos buscando es optimizar la logística argentina, evitar el tráfico de camiones y el costo que eso implica». Según el comunicado del Senado, Cacace estimó que el valor del transporte total podría bajar «entre el 50 y el 70 por ciento». El comunicado no informa en qué cálculo se basa la cifra ni a qué rutas o cargas se refiere. El secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, mostró comparaciones de costos de flete de granos por vía navegable y recordó que el Gobierno se opone a aumentar la carga tributaria^[3].

Qué propone

El artículo 1.° dice que la navegación, la comunicación y el comercio de cabotaje «podrán ser realizados libremente» por buques de bandera argentina y por buques de bandera extranjera. Quedan reservados a la bandera argentina la pesca, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra, las lanchas de amarre y de prácticos y la navegación deportiva^[2].

Un buque extranjero sólo tendría que informar a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), antes de empezar, su ingreso y su período de operación. Las agencias marítimas, como representantes legales de los buques, deberían informar su actividad a la ANPYN y a ARCA. Las condiciones laborales de las tripulaciones se regirían «exclusivamente» por la legislación del país de la bandera. El piso sería el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006 de la OIT, aprobado por la Ley 26.920. La Prefectura seguiría a cargo de controlar las normas de seguridad y ambientales^[2].

El texto prohíbe operar en el cabotaje a los buques extranjeros de empresas que presten o hayan prestado servicios a quienes exploran o explotan hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del país, con las sanciones de la Ley 26.659^[2].

El artículo 10 deroga el artículo 30 de la Ley 27.419 de marina mercante^[2]. Ese artículo, en el texto que restituyó el DNU 628/2025, obliga a los buques extranjeros autorizados a hacer cabotaje por más de 30 días al año a llevar tripulación argentina, con técnicos extranjeros sólo como supernumerarios^[7][8]. Esos permisos se otorgan por el artículo 6.° del decreto-ley 19.492 de 1944, al que remite la ley, y el proyecto no menciona ni deroga ese artículo^[7]. El proyecto deroga también el artículo 56 de la Ley de Navegación 20.094^[2].

Impuestos y aduana

Quienes hagan cabotaje en forma habitual, con buques argentinos o extranjeros, pagarían Ganancias con una alícuota del 25%, en lugar de la escala del inciso a) del artículo 73 de la ley del impuesto. Los armadores nacionales podrían amortizar sus inversiones en la actividad en un mínimo de dos cuotas anuales, iguales y consecutivas, desde el año en que empiezan a usar el bien^[2].

En la aduana, un nuevo artículo 487 bis del Código Aduanero permitiría que los contenedores permanezcan «indefinidamente» en el país bajo admisión temporaria. Los agentes de transporte aduanero presentarían un listado anual para su control. Además, se deroga el artículo 46 de la ley de transporte multimodal 24.921. Para las exportaciones, la aduana daría por cumplido el trámite en el puerto donde se carga la mercadería. Las cargas entre puertos del país viajarían con el conocimiento de embarque y la factura del cargador, y los documentos de transporte digitales tendrían plena validez legal. Para dar de baja un buque del registro argentino, los organismos tendrían 15 días hábiles para informar si tiene deudas^[2].

Según sus fundamentos, el objetivo es «generar más alternativas de transporte, mayor competencia y mejores condiciones para reducir los costos logísticos», sobre todo para el noreste y la Patagonia^[2].

El proyecto de Capitanich

El plenario trató también el expediente S-1247/26, de Jorge Capitanich (Justicialista) y otros 15 senadores, que entró el 17 de julio y crea un «Régimen Especial Temporal» para el cabotaje nacional y la marina mercante (RETCAN). Andrada y Mendoza firman los dos proyectos^[6][1].

El Gobierno ya había intentado cambiar el régimen por decreto. El DNU 340/2025, de mayo de 2025, creó un régimen de excepción para la marina mercante. Diputados lo rechazó el 6 de agosto de 2025 y el Senado, el 21 de agosto. Después, con el DNU 628/2025, el Poder Ejecutivo restituyó las normas que aquel decreto había cambiado^[8].

Las críticas

José Pablo Elverdin, de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), dijo que «las condiciones no están dadas» y que «este proyecto no va a lograr que vuelvan las barcazas a la Argentina». Señaló desventajas de impuestos y cargas sociales frente a los países vecinos y dijo que la federación presentó cambios al texto. Jorge Pablo Tiravassi, de FESIMAF, dijo: «Yo pertenezco a ese puñado de trabajadores que muy posiblemente nos quedemos sin trabajo en la provincia de Corrientes». Según él, en esa provincia hay 3.402 marineros registrados, buena parte en la pesca, una actividad que queda fuera de la apertura. El perito naval Fernando Morales, veterano de Malvinas, apoyó el RETCAN^[3].