Una ley puede afirmar el reclamo por Malvinas; sólo una negociación puede hacerlo valer

Esta tarde, un plenario de tres comisiones de Diputados emitió, con 60 firmas, dictamen de mayoría sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado con el Mensaje 275/2026^[1][2][12]. En el texto del Ejecutivo, el artículo 3 prohíbe explotar sin habilitación argentina los recursos de las islas y de la plataforma continental, ser socio de quien lo haga o contratar con él cuando sea «esencial e indispensable» para el proyecto, y el artículo 4 fija multas de 4.000 a 500.000 barriles de petróleo e inhabilitaciones de cinco a veinte años^[1]. Negocié durante años disputas que parecían insolubles; diré qué puede hacer una ley en ellas y qué no.

El derecho y los medios

En 1973, al aceptar el Premio Nobel de la Paz, escribí que para el realista la paz representa «un arreglo estable de poder» y que para el idealista es una meta tan preeminente que «oculta la dificultad de encontrar los medios para alcanzarla»^[8]. La cuestión de las Malvinas sufre esa tensión. La Argentina tiene a su favor la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, que en diciembre de 1965 tomó nota de «la existencia de una disputa» de soberanía e invitó a ambos gobiernos a «proseguir sin demora las negociaciones» para una solución pacífica que tuviera en cuenta los intereses de los isleños^[3]. Pero un activo no es una estrategia: una resolución de la Asamblea no obliga a nadie a sentarse a la mesa, y una ley argentina tampoco obligará a Londres.

Tres instrumentos y una sola estrategia

Buenos Aires actúa hoy en tres planos. El 22 de septiembre protestó ante la embajada británica por la extensión de licencias petroleras dispuesta en las islas y reiteró su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales^[5]. El 1 de octubre defendió su recurso al arbitraje previsto en la Convención sobre el Derecho del Mar y sostuvo que acudir a un tribunal imparcial «es el acto más responsable que puede realizar un Estado»^[4]. Ahora suma una ley que sanciona a terceros. El arbitraje dice que la Argentina confía en el derecho; la ley, que mientras tanto castigará por su cuenta. Y sus sanciones no recaen sobre Londres, sino sobre inversores de países amigos.

Según el resumen oficial de Downing Street, el 23 de octubre el primer ministro Andy Burnham le planteó al presidente Donald Trump «las consecuencias económicas de las medidas coercitivas de la Argentina para el Reino Unido y los Estados Unidos»^[6]. Londres busca convertir una disputa bilateral en un asunto entre Washington y Buenos Aires. Para un gobierno cuyo presidente recibió ese mismo día al vicesecretario de Estado Christopher Landau^[9], es la variable decisiva. Una política exterior seria no obliga a su principal socio a elegir entre dos amigos en una disputa sobre cuya soberanía, durante décadas, prefirió no pronunciarse.

La credibilidad de una amenaza

Una amenaza que no se ejecuta vale menos que ninguna. El propio Mensaje admite una limitación que «ha afectado la efectiva aplicación» de la ley de sanciones vigente, la 26.659, que el proyecto deroga, y propone superarla con juicios en ausencia^[1]. Endurecer una pena difícil de aplicar no la vuelve aplicable. Esta ley se medirá por cuántas de sus multas puedan cobrarse, no por su severidad.

El proyecto contiene, en cambio, una pieza que todo negociador reconocería: el Régimen de Desistimiento y Regularización de los artículos 30 a 38, que permite a quien abandone la actividad pagar una multa o reinvertir en el país y cerrar sus causas^[1]. El canciller Pablo Quirno lo invocó el 25 de octubre ante versiones de presiones estadounidenses, como informó Método Crítico^[7]. Hoy Unión por la Patria sostuvo que «debilita la posición argentina»^[12]. Creo lo contrario: nunca conviene dejar al adversario sin una salida; quien no la tiene, resiste. La ley servirá como palanca para cambiar conductas, no como castigo.

La paciencia como política

En febrero de 1972, en el comunicado de Shanghái, Washington y Pekín expusieron una junto a la otra sus posiciones opuestas sobre Taiwán. Los Estados Unidos tomaron nota de que los chinos de ambos lados del estrecho sostienen que hay una sola China, declararon que su gobierno «no cuestiona esa posición» y reafirmaron su interés en un arreglo pacífico^[10]. No resolvimos la disputa: la enmarcamos, y eso permitió construir todo lo demás. Las disputas largas no se ganan con un acto de voluntad, sino cuando el equilibrio de intereses cambia y la otra parte descubre que le conviene negociar.

El Mensaje afirma que «pocas causas convocan a los argentinos, más allá de banderías y diferencias, como esta»^[1]. Ese consenso es el mayor capital de la causa. En el texto original, el título dedicado a los recursos de las islas ocupa 40 de los 133 artículos; el resto crea un Consejo de Seguridad Nacional y legisla sobre otros asuntos de seguridad y defensa^[1]. Desde el 14 de octubre, diputados opositores objetaron sobre todo esa parte, no la causa de las islas, y hoy Unión por la Patria pidió tratar por separado el título sobre Malvinas^[11][12]. Atar las Malvinas a debates que dividen al Congreso expone a esas divisiones el tema de política exterior en que más coinciden los argentinos. Una nación que reclama desde 1833 puede permitirse separar ambas cosas. Lo que no puede permitirse es que sus aliados concluyan que prefiere un gesto a una negociación.