La Ley Malvinas obtuvo dictamen de mayoría en Diputados con 60 firmas y quedó en condiciones de llegar al recinto

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como «Ley Malvinas», obtuvo este martes dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados. Según la Cámara, el dictamen reunió 60 firmas sobre 104 diputados presentes, y el proyecto del Poder Ejecutivo quedó en condiciones de ser tratado en el recinto^[1]. La reunión, convocada a las 16 en el Anexo C, la presidió Carlos Zapata (La Libertad Avanza), titular de la Comisión de Defensa Nacional^[1][3]. Además del de mayoría, el plenario emitió otros dictámenes^[1].

El texto que llegó al Congreso el 17 de septiembre con el Mensaje 275/2026, con las firmas de Javier Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Carlos Presti y Pablo Quirno, tiene 133 artículos^[2][4]. El título I, artículos 1 a 40, prohíbe explotar sin habilitación argentina los recursos de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y de la plataforma continental, ser socio de quien lo haga o contratar con él cuando ese acto sea «esencial e indispensable» para el proyecto. Fija multas de 4.000 a 500.000 barriles de petróleo e inhabilitaciones de 5 a 20 años, y reemplaza la ley 26.659^[2]. Los títulos siguientes crean un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente, regulan la protección del espacio aéreo y marítimo y de las infraestructuras críticas, y reforman la Ley de Defensa Nacional, entre otros puntos^[2].

Qué cambió, según el oficialismo

El dictamen de mayoría incorporó cambios propuestos por distintos bloques, según la Cámara^[1]. Damián Arabia (La Libertad Avanza) los enumeró en el plenario. Dijo que se mantuvo el régimen de sanciones a quienes exploten los recursos sin autorización, con garantías para quienes desconocieran el destino ilícito de sus servicios y para las participaciones accionarias minoritarias, y que los fondos que se recauden irán a fortalecer las capacidades de la defensa^[1].

Según Arabia, el ministro de Seguridad Nacional se suma al Consejo de Seguridad Nacional, se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento, se eliminan algunas conductas sancionables «cuya redacción era discrecional» y se quitó el artículo sobre desinformación. En su lugar, explicó, habrá uno sobre «campañas de injerencia extranjera clandestinas de engaño o ilicitud» que excluye expresamente al periodismo, la investigación académica y la actividad diplomática legítima, «porque bajo ningún punto de vista el Estado debe decir qué opinión es verdadera o falsa»^[1]. También mencionó resguardos para las competencias provinciales. «La defensa de la soberanía nacional exige un Estado capaz de actuar, pero sometido a la ley», concluyó^[1].

Federico Pelli (La Libertad Avanza) sostuvo que la norma «fortalece las herramientas para sancionar la explotación ilegal de nuestros recursos y aborda la arquitectura institucional de nuestro sistema de defensa y de seguridad nacional», y que «no alcanza con hablar de soberanía sin las capacidades materiales para sostenerla»^[1]. Eduardo Falcone (MID) dijo que el proyecto «contribuye al interés nacional» y que «las modificaciones que solicitamos fueron recogidas»^[1]. En el plenario del 14 de octubre, Falcone había pedido que el derribo de un avión o buque hostil previsto en el proyecto requiriera autorización del Congreso^[5]. El texto del dictamen, que permitirá ver cómo quedó ese punto y el resto de los cambios, todavía no figura en el expediente^[4].

Las objeciones de la oposición

Agustina Propato (Unión por la Patria) dijo que su bloque pidió separar el título I, «que es el único que habla de Malvinas», y que la propuesta no fue escuchada^[1]. En el texto original, en efecto, las islas solo se mencionan en ese título^[2]. Propato calificó de «inadmisible» el capítulo 5, que a su juicio «debilita la posición argentina» y «perjudica seriamente una política sobre Malvinas que fue sostenida durante 45 años», y propuso reemplazarlo por un fondo para las políticas en el Atlántico Sur^[1]. Ese capítulo es el Régimen de Desistimiento y Regularización (artículos 30 a 38), que permite a quien abandone la actividad pagar una multa o reinvertir en el país y cerrar sus causas^[2]. Es el mismo régimen que el canciller Pablo Quirno invocó el 25 de octubre al negar que Estados Unidos hubiera exigido una «cláusula de salida»^[6]. Sobre el resto de los capítulos, Propato afirmó que «no pasan un test de constitucionalidad»^[1].

Myriam Bregman (Frente de Izquierda) dijo que el proyecto constituye «un fraude de proporciones» y que «no tiene nada que ver con la defensa de Malvinas»^[1]. El texto original muestra las dos caras de esa crítica: sus primeros 40 artículos tratan de los recursos de las islas y de la plataforma continental, pero los otros 93, la mayor parte del articulado, se ocupan de otros asuntos^[2]. Lourdes Arrieta (Provincias Unidas) propuso que el Consejo de Seguridad Nacional sea un órgano consultivo, «prohibiéndole tomar atribuciones del poder judicial y legislativo»^[1].

Antes del debate expuso Martín D'Alessandro, presidente de Poder Ciudadano, y las comisiones designaron a Martín Yeza (PRO) secretario de la Comisión de Legislación Penal^[1]. La reunión se transmitió por el canal oficial de la Cámara^[7].

Del «congelamiento» al recinto

Zapata había convocado el plenario el 19 de octubre, con el proyecto como único tema^[3]. El 25, Página/12 publicó que la Casa Rosada había salido a «congelar» el tratamiento, como informó Método Crítico; dos días después, el oficialismo consiguió el dictamen^[1]. El paso siguiente es su tratamiento en una sesión del recinto.