Quien declaró Ganancias 2025 por el régimen general podrá pasarse a la versión simplificada hasta el 30 de octubre

Quienes ya presentaron la declaración jurada del impuesto a las Ganancias del período 2025 por el régimen general podrán pasarse a la modalidad simplificada, la que da “efecto liberatorio” al pago y hace presumir exactas las declaraciones anteriores salvo una “discrepancia significativa”, si rectifican la presentación antes del vencimiento, que hoy es el 30 de octubre. Así lo dispone el artículo 5° del Decreto 1253/2026, publicado este viernes 23 de octubre en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo^[1]. La norma reescribe la reglamentación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada creado por la Ley 27.799 y la adapta a la Ley 27.826, que el 9 de octubre eliminó los topes de ingresos y de patrimonio para adherir^[1][2].

Hasta ahora, presentar la declaración por el régimen general cerraba ese camino: según el artículo 7° de la Resolución General 5820/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), esa presentación “importará el desistimiento automático” de la opción simplificada para ese período^[5]. El decreto abre una vuelta atrás para quienes hayan presentado antes de su entrada en vigencia y cumplan los requisitos de la Ley 27.799 con los cambios de la Ley 27.826, con una condición: rectificar la declaración presentada por el régimen general “hasta la fecha de vencimiento de presentación de la declaración jurada simplificada”^[1]. Esa fecha es el 30 de octubre de 2026, según la Resolución General 5911/2026 de ARCA, que el 8 de octubre extendió el plazo de presentación para personas humanas y sucesiones indivisas, tanto del régimen general como del simplificado, y lo justificó en que las previsiones de la Ley 27.826 “impactan en la liquidación del impuesto a las ganancias”^[6][7]. La misma resolución no movió el vencimiento del pago del saldo, que sigue fijado en el 27 de julio^[6].

Qué cambió la Ley 27.826

En su versión original, la Ley 27.799 solo admitía en el régimen a residentes con ingresos de hasta $ 1.000 millones y un patrimonio de hasta $ 10.000 millones, en el año anterior y en los dos previos, y excluía a los grandes contribuyentes nacionales^[3]. La Ley 27.826 quitó esos topes y puso otra condición: ser residente fiscal durante todo el período que se declara, algo que no se exige para el período 2025. Además, los grandes contribuyentes y los funcionarios que hayan ocupado ciertos cargos en los cinco años previos pueden usar la modalidad solo para presentar y pagar, sin los demás efectos^[2]. Con esos cambios, quienes antes quedaban fuera por superar los topes pueden ahora adherir por 2025, y el decreto les permite hacerlo aunque ya hayan presentado por el régimen general^[1][2].

El atractivo del régimen es lo que pasa después del pago: la presentación y el pago en término de la declaración precargada por ARCA producen efecto liberatorio por ese período y una presunción de exactitud, “sin admitir prueba en contrario”, de las declaraciones de Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado de los períodos no prescriptos, salvo que el organismo detecte una “discrepancia significativa” e impugne la última declaración simplificada^[1][3]. Al 21 de julio, último dato publicado por ARCA, había más de 330.000 adhesiones, 170.115 declaraciones simplificadas presentadas y unas 99.000 en borrador^[8].

Cuándo hay una “discrepancia significativa”

El artículo 2° del decreto reemplaza la definición de esa figura en el reglamento de la Ley de Procedimiento Tributario (Decreto 1397/79), donde determina si a un contribuyente cumplidor se le aplica la prescripción de tres años^[1][4]. Habrá discrepancia cuando ARCA verifique un aumento del impuesto determinado, o una reducción del quebranto, de 15% o más respecto de lo declarado, o una diferencia mayor que el monto del artículo 1° del Régimen Penal Tributario vigente en el período en que venza la declaración^[1]. Ese monto, el umbral de la evasión simple, es de $ 100 millones desde la Ley 27.799, y se actualizará por la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) desde el 1° de enero de 2027^[3]. Si el ajuste surge del uso de facturas u otros documentos apócrifos, o de ingresos directos computados de forma improcedente, como retenciones, percepciones, pagos a cuenta o anticipos, la discrepancia existe cualquiera sea el monto^[1].

El decreto también fija una salida: no se computa la diferencia entre la declaración original y una rectificativa presentada dentro de los 15 días hábiles de notificada la liquidación administrativa o la resolución de determinación de oficio, siempre que el saldo y sus intereses se paguen o se regularicen^[1]. Es el mismo plazo que la Ley 27.826 incorporó al régimen simplificado, junto con la regla de que la carga de la prueba de la discrepancia “recaerá, exclusivamente” sobre ARCA^[2].

Multas más bajas para pymes y personas

Los artículos 3° y 4° precisan quiénes cobran las rebajas de multas formales de la Ley 27.826. La reducción de 25% del nuevo artículo 49 bis de la Ley 11.683, para las multas de sus artículos 38 y 39 y de los artículos sin número que les siguen, rige “de pleno derecho” para quienes, al momento del incumplimiento, sean micro, pequeñas o medianas empresas según la Ley 24.467, personas humanas, sucesiones indivisas o entidades sin fines de lucro, siempre que no sean grandes contribuyentes nacionales, y se suma a las demás reducciones previstas en esa ley^[1][2].

La rebaja especial de 50% del artículo 17 de la Ley 27.826, para multas por infracciones formales cometidas antes de su vigencia que no estén firmes, o que estando firmes no se hayan pagado, por obligaciones vencidas desde la vigencia de la Ley 27.799, alcanza a los mismos sujetos según la condición que tenían al cometer la falta. Opera también de pleno derecho, pero solo si el contribuyente cumple la obligación omitida dentro de los plazos y con las condiciones que fije ARCA; la ley exige además aceptar sin reservas la parte de la sanción que subsiste y no devuelve lo ya pagado^[1][2]. La ley le dio a ARCA 30 días desde su publicación para dictar esas normas^[2].

Lo que falta

El artículo 1° sustituye por completo el reglamento del régimen que había aprobado el Decreto 93/2026, del 8 de febrero, por un nuevo anexo que, según los considerandos, fija “los aspectos operativos y procedimentales” teniendo en cuenta la Ley 27.826; el anexo se publicó en la edición web del Boletín Oficial^[1][4]. El artículo 6° encarga a ARCA las normas complementarias para aplicar el decreto, y el 7° establece que rige desde su publicación^[1]. Hasta el vencimiento queda una semana. La última comunicación de ARCA sobre Ganancias de personas humanas fue la del 8 de octubre, cuando anunció la prórroga al 30 de octubre^[7].