El capital cree en la conducta, no en las promesas

El canciller Pablo Quirno informó hoy que recibió a Tristan Pascall, director ejecutivo de First Quantum Minerals, y que la compañía «prevé presentarlo al RIGI antes de fin de año»: se refiere a Taca Taca, su proyecto de cobre en la Puna de Salta, «con una inversión inicial de USD 4.200 M que podría alcanzar los USD 5.250 M»^[1]. Las cifras redondean las de la propia empresa. Su informe técnico, difundido el 19 de febrero de 2026, estima US$ 4.232 millones para construir la mina y US$ 1.019 millones más para ampliarla desde el quinto año de operación: US$ 5.250 millones en total^[2]. El 28 de julio, la compañía escribió que estaba terminando su solicitud de ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que piensa presentarla una vez que obtenga la aprobación ambiental y las concesiones de agua^[3].

Lo que la empresa espera del régimen está dicho en su comunicado de febrero: «previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica»^[2]. La Ley 27.742 lo traduce a derecho: durante treinta años desde la adhesión, ninguna norma tributaria, aduanera o cambiaria más gravosa alcanzará al proyecto, y los incentivos son «un derecho adquirido asimilable a la propiedad»^[4].

Lo que pregunta el capital

En 1959, ante cientos de estudiantes reunidos en la Universidad de Buenos Aires, lo dije así: «La inversión extranjera se hace con la expectativa de que no será expropiada. Nadie invertiría nada si supiera de antemano que alguien expropiaría sus inversiones»^[5]. Agregué que la expropiación no siempre llega por decreto: también puede ser indirecta, «mediante el control de cambios o la discriminación impositiva»^[5].

Una mina es el caso extremo. Su vida útil prevista es de 35 años^[6]. El capital se entierra en el desierto antes de vender la primera tonelada de cobre, y después ya no puede irse. Quien controla las reglas tiene entonces al inversor en sus manos. En aquellas conferencias conté que Jawaharlal Nehru prometía no expropiar a los inversores durante diez años, «quizás incluso por más tiempo», y comenté: «¡Y creía que eso era una invitación a venir a la India!». Lo había resumido así: «El gobierno indio no se opone a la inversión extranjera antes de que se invierta. La hostilidad empieza recién cuando ya está invertida»^[5].

El RIGI promete treinta años, no diez, y lo hace por ley y no en un discurso. Hasta prevé que ni su propia derogación afecte los incentivos^[4]. Pero conviene no confundir la promesa con la confianza: ninguna ley obliga a los gobiernos futuros a querer cumplirla, y el inversor lo sabe.

La misma empresa conoce el precio

First Quantum no necesita que nadie se lo explique. Su mina Cobre Panamá está en un programa de «preservación y manejo seguro» desde noviembre de 2023; recién el 7 de abril de 2026 el Gobierno panameño autorizó procesar el mineral acopiado^[3]. El 30 de septiembre, una comisión ministerial recomendó negociar un nuevo acuerdo que acate el fallo de la Corte Suprema panameña, ponga fin a los arbitrajes internacionales y permita operar la mina hasta un «cierre ordenado», «sin posibilidad de prórroga». La empresa respondió que negociará de buena fe un marco «justo, transparente, duradero»^[8]. No me corresponde juzgar el derecho panameño. Me basta la consecuencia: una planta que su dueño no puede operar es capital que se consume sin producir, y a una mina pensada para décadas se le propone ahora negociar su cierre.

Los US$ 5.250 millones son una estimación, no dinero gastado. En febrero, Pascall escribió que la empresa evaluará la decisión de construir «de manera disciplinada, teniendo en cuenta el plan de financiamiento, el balance de la compañía y la situación de sus otras operaciones»^[2]. El RIGI puede ser una condición necesaria. La inversión la decide quien arriesga su capital.

Por qué no para todos

Según la Vocería Presidencial, al 19 de octubre el régimen sumaba 25 proyectos aprobados por US$ 68.438 millones y otros 22 en evaluación por más de US$ 140.000 millones^[7]. Es la mejor prueba de lo que sostuve toda mi vida: el capital no llega por exhortación, sino cuando calcula que podrá conservar lo que produzca.

Pero la misma cifra encierra una confesión. Si hacen falta treinta años de estabilidad garantizada para extraer cobre, es porque las reglas generales no la ofrecen. El régimen exige un mínimo de US$ 200 millones^[4]. El aserradero de Orán o el taller metalúrgico de Rosario no pueden comprar esa certeza, y su capital también es capital. Lo único que les falta a los países en desarrollo para prosperar, dije en Buenos Aires, es «capital y, por supuesto, la libertad de emplearlo bajo la disciplina del mercado y no bajo la disciplina del gobierno»; y el ahorro de la gente común presupone una moneda estable^[5]. El mejor RIGI sería el que se volviera innecesario porque la ley común diera a todos lo que hoy reserva a los grandes.

El canciller escribió que la Argentina tiene «reglas claras»^[1]. Pero la claridad de una regla se demuestra con el tiempo, no con su anuncio. En 1959 advertí que, una vez perdida la confianza, aun si un país cambiara de política de inmediato e hiciera «todas las promesas posibles», sería «muy dudoso» que volviera a atraer a los inversores^[5]. Lo dudoso no es imposible. Los treinta años del RIGI se cuentan desde la adhesión; la confianza, en cambio, se gana cada vez que un gobierno respeta lo que firmó el anterior.