Los fiscales pidieron indagar a 36 personas en la causa ANDIS y acusan a Suizo Argentina de controlar sus compras

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron al juez federal Ariel Lijo que cite a indagatoria a 36 personas, entre ellas los responsables de la droguería Suizo Argentina, en el tercer tramo de la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), informó el miércoles 21 de octubre el Ministerio Público Fiscal^[1]. Para los fiscales, la empresa “recibía información anticipada; controlaba y administraba las compulsas” de precios del organismo y fijaba los valores de los medicamentos “con sobreprecios y valores discrecionales”^[1].

El requerimiento alcanza a directivos y responsables de 12 droguerías^[1]. También pide ampliar la indagatoria de otros siete imputados, entre ellos el extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y los lobbistas Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian^[1]. Picardi está al frente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, y Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)^[1]. Se trata de un pedido de la acusación: el juez debe decidir si convoca a los mencionados, y una indagatoria no implica culpabilidad.

“Una verdadera ventanilla de pagos”

Según el escrito, entre mayo de 2024 y agosto de 2025 la ANDIS le adjudicó a Suizo Argentina $ 137.118.708.357,77 en órdenes de compra, el 29,54% de todo lo adjudicado por la agencia^[1]. Los fiscales sostienen que esa cifra está “atravesada por sobreprecios y valores antojadizos puestos por la firma, mediante competencias simuladas”, y que la ANDIS “funcionó como una verdadera ventanilla de pagos de sumas millonarias administrada discrecionalmente por la Suizo Argentina S.A.”^[1]. Esa proporción implica que la agencia adjudicó en total unos $ 464.000 millones en ese período.

La acusación describe “un doble pacto”: con la ANDIS, para obtener información anticipada y garantizarse “el rol de firma administradora y máxima ganadora”, y con otras droguerías “cartelizadas”, que “tenían que obedecer el juego de la Suizo Argentina S.A para vender en ANDIS”^[1]. Según los fiscales, los archivos analizados muestran que la droguería sabía, antes del cierre de cada compulsa, qué firma ganaría cada medicamento, con qué descuento y en qué orden quedarían las demás: “definía quién ganaría, quién no y llevaba un control de los porcentajes de ganancias”^[1].

El escrito agrega que los directivos de la empresa daban “órdenes a los responsables de ANDIS sobre a qué firmas pagar y a cuáles no; como así también, a qué personas designar dentro de la agencia y a quienes despedir”^[1]. Cita una conversación en la que Atchabahian, a quien los fiscales señalan como nexo entre la droguería y los responsables políticos del organismo, le decía a Garbellini que había que “contar con gente con la bandera correcta dentro de la agencia”^[1]. Los fiscales también apuntan a Droguería Génesis S.A., que “hasta 2023 resultaba casi inexistente” y que, según su reconstrucción, desde 2024 pasó a ser la décima firma privada que más pagos recibió del Tesoro nacional, con Suizo Argentina en el primer puesto; la acusan de haber servido como firma interpuesta para elevar los precios de venta al Estado^[1].

Tres tramos y dos procesamientos

El primer tramo de la causa terminó con el procesamiento de Spagnuolo y de otras 18 personas por integrar una asociación ilícita dedicada a las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia^[1]. El 22 de septiembre, los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, confirmaron esos procesamientos, entre ellos los de seis exfuncionarios; a Spagnuolo lo consideraron jefe de la asociación ilícita y autor de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo^[3]. Un procesamiento no es una condena: indica que el juez reunió pruebas suficientes para avanzar hacia un eventual juicio.

El segundo tramo, sobre la compra de insumos para amputaciones, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas y andadores y traumatología, llevó a Lijo a ampliar el 16 de octubre los procesamientos de Spagnuolo, Garbellini, Calvete y dos representantes de droguerías, y a procesar a otras 19 personas, entre ellas directivos de droguerías, laboratorios y ortopedias^[2]. “El esquema ilegal de contratación se habría replicado en otro rubro”, escribió el juez^[2]. Para los fiscales, la organización funcionó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025^[1].

Spagnuolo y Garbellini ocupaban esos cargos durante el gobierno de Javier Milei. El 21 de agosto de 2025, el Presidente y el ministro de Salud, Mario Lugones, limitaron por el Decreto 599/2025 la designación de ambos, “por razones de público conocimiento y a fin de que el Poder Judicial de la Nación efectúe las investigaciones que resulten necesarias”^[4]. La ANDIS pasó luego a llamarse Secretaría Nacional de Discapacidad^[1]. El 13 de octubre, el Ministerio de Salud designó al frente de esa secretaría a Diego Masaragian, en reemplazo de Pablo Di Liscia tras el accidente que sufrió este, y señaló como prioridad “fortalecer los mecanismos de control” y continuar las auditorías^[5].

“Éste es uno de los casos de corrupción que mayor aversión genera, ya que las víctimas son las personas con discapacidad y sus familias”, escribieron los fiscales, que recordaron que los fondos estaban destinados a personas con discapacidad o que cobran pensiones no contributivas y carecen de otra cobertura de salud^[1]. El comunicado del Ministerio Público no informa los nombres de los directivos de Suizo Argentina ni una fecha para las indagatorias.