El Gobierno abrió un retiro voluntario para el personal de la administración central
El Decreto 1203/2026 alcanza a los trabajadores de planta permanente y a los contratados por tiempo indeterminado de la administración pública nacional centralizada. Además, ordena eliminar los cargos presupuestarios de quienes se retiren.
El Gobierno abrió un régimen de retiro voluntario para el personal de planta permanente y para los trabajadores con contrato por tiempo indeterminado de la administración pública nacional centralizada. Lo dispuso el Decreto 1203/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial[1]. El decreto está fechado el 16 de octubre y lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Santilli ocupa la Jefatura de Gabinete desde el Decreto 548/2026, publicado el 30 de junio[3]. La norma rige desde su publicación.
El texto obliga a cada jurisdicción a eliminar los cargos presupuestarios de quienes se acojan al régimen, a partir de la fecha en que termine la relación laboral[1]. Por eso, cada adhesión reduce de forma permanente la estructura de cargos financiados por el presupuesto, además de la cantidad de agentes.
Qué establece el decreto
El artículo 1 aprueba el régimen. Alcanza a dos grupos de la administración centralizada: el personal de planta permanente regido por la Ley 25.164, de Regulación del Empleo Público Nacional, y los trabajadores con contrato por tiempo indeterminado del artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744)[1].
La autoridad de aplicación es la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que depende del ministerio a cargo de Sturzenegger. Esa secretaría puede prorrogar una sola vez el plazo de adhesión, por hasta 30 días corridos, y dictar las normas complementarias y aclaratorias. El artículo 4 dispone que el gasto se cubra con los créditos presupuestarios vigentes de cada jurisdicción, según la Ley 24.156 de Administración Financiera[1].
El decreto se apoya en dos normas que ya admitían este tipo de salida. Una es el Convenio Colectivo de Trabajo General de la administración pública nacional, homologado por el Decreto 214/2006, cuyo artículo 38, inciso h), prevé el retiro voluntario como causa de egreso. La otra es el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite extinguir el contrato por mutuo acuerdo de las partes. Los considerandos enmarcan la medida en la reestructuración del Estado que lleva adelante el Gobierno. También indican que intervinieron la Secretaría de Hacienda y los servicios jurídicos, y que el Presidente lo dictó con las atribuciones del artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional[1].
Lo que no precisa el texto del decreto
La norma no estima cuántos agentes podrían adherir al régimen. Tampoco informa el costo total de las compensaciones ni el ahorro que espera obtener con la eliminación de los cargos[1].
La dotación central, un 20,8% menor que hace un año
El régimen llega cuando la administración centralizada ya se redujo. Al 31 de agosto de 2026, el dato más reciente del INDEC, tenía 37.543 personas, frente a 47.374 en agosto de 2025: 9.831 menos, una baja interanual de 20,8%[2]. Entre marzo y agosto de este año, la cifra pasó de 38.965 a 37.543 personas (−3,6%), y la variación de agosto contra julio fue de −0,2%.
La dotación total de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado sumó 269.025 personas en agosto: −5,8% interanual y −0,5% mensual. La administración pública nacional tenía 181.880 agentes (−6,7% interanual), y las empresas y sociedades, 87.145 (−4,0%)[2].
La administración centralizada representa el 14,0% del total. El bloque más grande es la administración descentralizada, con 109.988 personas en agosto, que bajó 0,8% en un año. Ese bloque queda fuera de este régimen, que se limita a la administración centralizada[1][2]. La administración desconcentrada tenía 21.123 personas (−5,9%), y el rubro otros entes, 13.226 (−6,9%)[2].
El INDEC elabora la serie junto con la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, el mismo organismo que administra el retiro voluntario. Según el informe, las cifras pueden corregirse si los organismos presentan o rectifican sus declaraciones después de la publicación. Los próximos informes mensuales de dotación del INDEC permitirán seguir la evolución del personal de la administración centralizada[2].
Claves del Decreto 1203/2026
Alcance: planta permanente (Ley 25.164) y contratos por tiempo indeterminado (art. 90, Ley 20.744) de la administración pública nacional centralizada.
Autoridad de aplicación: Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública; puede prorrogar una vez la adhesión, por hasta 30 días corridos.
Cargos: se eliminan del presupuesto desde el cese de la relación laboral.
Financiamiento: créditos vigentes de cada jurisdicción.
Vigencia: desde el 19 de octubre de 2026.
Multimedia y documentos
- Dotación total
- 269.025 (−5,8% interanual)
- Administración pública nacional
- 181.880 (−6,7%)
- Administración centralizada
- 37.543 (−20,8%; 47.374 en agosto de 2025)
- Empresas y sociedades
- 87.145 (−4,0%)
Fuentes
- Boletín Oficial de la República Argentina. «Decreto 1203/2026. Administración Pública Nacional. Régimen de Retiro Voluntario». 2026-10-19. boletinoficial.gob.ar
- INDEC. «Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades. Agosto de 2026». 2026-09-30. indec.gob.ar
- Boletín Oficial de la República Argentina. «Decreto 548/2026. Jefatura de Gabinete de Ministros». 2026-06-30. boletinoficial.gob.ar