El Gobierno declaró secreto militar una compra de Defensa y no informa qué se adquiere ni por cuánto

El Poder Ejecutivo declaró “secreto militar” las operaciones contractuales de una compra de “material y equipamiento” del Ministerio de Defensa. Lo hizo con el Decreto 1205/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti^[1]. El texto, fechado el viernes 16, alcanza las contrataciones que tramitan bajo el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD. Con él, los organismos contratantes quedan “exceptuados del cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso”^[1].

Documento · Presidencia de la NaciónDecreto 1205/2026 (Boletín Oficial, primera sección, pág. 5)19 oct. 2026 · Abrir el documento

El artículo 1° dice: “Declárase SECRETO MILITAR en los términos del Decreto N° 9390/63” y aplica esa categoría “a las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones” de ese expediente^[1]. El artículo 2° autoriza al Ministerio de Defensa a dictar, por medio de su Subsecretaría de Gestión Administrativa, las medidas necesarias para aplicarlo. Las iniciales de esa subsecretaría coinciden con la sigla del expediente (SSGA)^[1]. Los considerandos invocan la Ley 23.554 de Defensa Nacional y la Ley 24.948, que según el texto encarga al ministerio “evaluar y decidir sobre los requerimientos para el equipamiento” de las Fuerzas Armadas. También citan el Decreto 9390/63, cuyo anexo incluye entre los asuntos de secreto militar las “Adquisiciones, fabricaciones, construcciones y lo relativo a sus negociaciones y trámites”. Como fundamento de la facultad presidencial, el decreto invoca el artículo 99, inciso 1, de la Constitución. Según el texto, intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa^[1].

Lo que el decreto no informa

El decreto no dice qué se compra ni para qué fuerza, y tampoco indica proveedor, país de origen ni monto^[1]. Las Fuerzas Armadas solo aparecen de manera genérica, en las citas de la Ley de Defensa Nacional y del régimen de 1963. Como justificación, el texto afirma que la “naturaleza, características y finalidad” de la compra “exigen que su contenido sea conocido solamente por personas autorizadas”, porque “su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación”, sin más precisiones. Tampoco remite a decretos de secreto anteriores ni a otro expediente^[1].

El decreto no cita la norma de la que surge la exención de publicidad. Esa norma es el régimen general de contrataciones del Estado, el Decreto 1023/2001. Su artículo 25, inciso d), apartado 6, habilita la contratación directa “cuando el PODER EJECUTIVO NACIONAL haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional”, y la define como una “facultad esta excepcional e indelegable”^[2]. Su artículo 32 exceptúa a esas contrataciones de la obligación de difusión “en todas las etapas del procedimiento”^[2].

La Ley 27.275 de acceso a la información pública admite que el Estado se reserve la información “expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior”^[3]. Pero fija dos límites. La reserva “en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación”. Tampoco puede cubrir la información cuya divulgación no represente un “riesgo real e identificable de perjuicio significativo” para un interés legítimo vinculado a esas políticas^[3]. El Decreto 1205 enuncia el riesgo en términos generales y no lo describe^[1].

Los antecedentes

No es la primera vez que esta gestión recurre al mismo instrumento. El Decreto 370/2024, firmado por Milei y el entonces ministro Luis Petri el 26 de abril de 2024 y publicado el 29, declaró secreto militar la contratación tramitada en el expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, de la Fuerza Aérea. También eximió el proceso de publicidad y no nombró el material^[4].

Ese secreto se amplió dos veces en 2024. El Decreto 807/2024, del 9 de septiembre y publicado el 10, extendió el secreto a la importación de material para incorporar un sistema de armas, entre ellos motores, repuestos y armamento. También lo extendió a las obras de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y en el Área Material Río Cuarto, como pista, hangares y un centro de instrucción^[5]. El Decreto 1073/2024, del 4 de diciembre y publicado el 5, sumó material adicional a adquirir mediante una carta de oferta y aceptación (LOA) del programa Foreign Military Sales del Gobierno de los Estados Unidos. Agregó además un acuerdo similar con la Armada estadounidense y los “Equipos y Capacidades Complementarias” del proyecto BAPIN 148.217^[6].

Con Presti ya al frente de Defensa, el Decreto 735/2026, firmado el 14 de agosto y publicado el 18, declaró secreta la exportación de material de ese mismo sistema de armas para tareas de mantenimiento y actualización^[7]. Ninguno de esos cuatro decretos identifica el sistema ni el modelo^[4][5][6][7].

La diferencia con el Decreto 1205 está en lo que cada texto deja ver. Los cuatro anteriores remitían al sistema de armas adquirido en el expediente EX-2024-05198131 de la Fuerza Aérea y, según el caso, nombraban la fuerza, las bases donde se harían obras o la contraparte extranjera^[4][5][6][7]. El nuevo decreto tramita en un expediente con la sigla de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, no lo vincula con aquel sistema y no da ninguno de esos datos^[1]. Por la vía del secreto militar, la compra queda fuera de los avisos de contratación que el Estado está obligado a difundir, y el Boletín Oficial solo deja constancia de su existencia.