Belgrano Cargas: el Gobierno aprueba arbitraje en Montevideo para inversores extranjeros antes de abrir las ofertas

El Gobierno aprobó la cláusula de arbitraje de los contratos de concesión de las líneas ferroviarias de carga General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, a poco más de tres semanas de la apertura de ofertas. Por el Decreto 1216/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial, las controversias de más de US$ 500.000 entre el Estado y concesionarios, accionistas o acreedores del exterior podrán resolverse ante un tribunal arbitral con sede en Montevideo, Uruguay^[1]. El decreto, fechado el 16 de octubre, lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, esta última precedida de la sigla E/E^[1].

La medida se aplica a la licitación que el Ministerio de Economía abrió con la Resolución 1350/2026, firmada el 19 de agosto por el ministro Luis Caputo, para concesionar las vías y los inmuebles aledaños de las tres líneas que hoy opera la estatal Belgrano Cargas y Logística, con la opción de comprar el material rodante de cada una^[2]. Según Economía, las concesiones serán por 50 años y abarcan 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias, que unen las zonas productivas con los puertos y con los pasos hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay^[3].

Qué se concesiona

El esquema es de acceso abierto: el concesionario administra y mantiene la infraestructura, y otros operadores podrán circular pagando un peaje. Cada oferente propone su tarifa dentro de un piso y un techo, y recibe un 15% adicional cuando aprueba y ejecuta el plan de obras obligatorias^[4]. Esas obras deben hacerse en los primeros cinco años e incluyen eliminar el cuello de botella ferroviario de la ciudad de Santa Fe y recuperar el ramal azucarero del Belgrano, rehabilitar el corredor troncal del San Martín y recuperar el ramal troncal del Urquiza^[3]. Los adjudicatarios podrán pedir la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)^[2][3].

Las locomotoras y los vagones tienen una tasación mínima de aproximadamente US$ 500 millones para las tres líneas^[4]. Lo que se obtenga por su venta irá a un fideicomiso con destino único: financiar y pagar las obras a cargo de los concesionarios, según los decretos 282/2026 y 718/2026^[5][6]. El fideicomiso pagará cada seis meses, según el avance físico de los trabajos^[4].

Qué dice la cláusula arbitral

La Ley 17.520 de concesiones de obra pública, reformada por la Ley 27.742, exige que una cláusula de arbitraje con prórroga de jurisdicción sea aprobada “en forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo nacional” e informada de inmediato al Congreso^[7]. Eso es lo que hace el decreto con la cláusula 32.3 del Modelo de Contrato de Concesión^[1].

El tribunal de Montevideo puede intervenir si se cumplen dos requisitos. El primero es que el concesionario, un accionista con al menos 10% del capital con derecho a voto, quien aporte los requisitos financieros o de experiencia, o un acreedor garantizado esté constituido o domiciliado fuera de la Argentina, o controlado desde el exterior. El segundo es que la disputa sea de monto no cuantificable o supere los US$ 500.000; las de monto menor pueden ir a esa sede si son susceptibles de acumularse con otras ya planteadas allí^[1]. El decreto no indica qué reglamento arbitral se aplicará^[1].

Según los considerandos, la sede en el exterior busca “garantizar la máxima concurrencia en el procedimiento de selección”, “promoviendo la participación de oferentes extranjeros” y “la posibilidad de un acceso más extendido a fuentes de financiamiento internacional”^[1]. Para un inversor, la diferencia es concreta: un laudo dictado en Montevideo es extranjero, y la Argentina (desde 1989) y Uruguay (desde 1983) son parte de la Convención de Nueva York de 1958, que obliga a reconocer y ejecutar esos laudos; la Argentina la aplica a cuestiones comerciales y con reciprocidad^[8].

El artículo 2 fija el límite. La aprobación no implica que la Argentina renuncie a la inmunidad de ejecución sobre los bienes, reservas y cuentas del Banco Central; los bienes del dominio público ubicados en el país; los que presten un servicio público esencial; los de las misiones diplomáticas y consulares; los impuestos y regalías adeudados al Estado; los bienes militares y los del patrimonio cultural, entre otros^[1]. Un laudo favorable a un concesionario no podría cobrarse sobre esos bienes.

Los plazos

Las consultas por CONTRAT.AR cierran el 28 de octubre a las 10 horas; las ofertas se reciben hasta las 9.59 del 11 de noviembre, y a las 10 de ese día se abren en un acto electrónico público^[2]. El objetivo oficial es adjudicar las concesiones este año y completar la toma de posesión el año próximo^[4].

El punto de partida

Según el Decreto 67/2025, la empresa fue deficitaria desde su creación y la inversión necesaria superaba lo que ella y el Estado podían financiar^[9]. El Ministerio de Economía informa que solo en 2023 el Estado aportó US$ 112 millones para sostenerla^[10] y que ese año se incumplió entre 20% y 40% del mantenimiento programado del parque tractivo^[3]. El ferrocarril lleva menos del 5% de la carga del país, frente a 20% a 25% en países con mayor participación del tren, según la cartera^[4].

El transporte ferroviario de carga de todos los operadores crece este año: según el INDEC, de enero a julio de 2026 sumó 5.803 millones de toneladas-kilómetro, 4,5% más que en igual período de 2025 y todavía 2,2% por debajo de 2024. El repunte se concentró entre mayo y julio, con 5,9% más que un año antes, aunque julio, último mes publicado, quedó 5,0% por debajo de julio de 2025. En todo 2025 el volumen había caído 5,8%^[11].