Destituir no es condenar, y la prisa no es justicia

Pocas cosas muestran tanto sobre un pueblo como la manera en que se desprende de su primer magistrado. El viernes 6 de noviembre, el Senado del Paraguay declaró culpable a Santiago Peña en el juicio político por la crisis de ueno bank y lo separó de la presidencia: 44 votos por la condena, ninguno por la absolución y un ausente^[1]. Setenta minutos después, el vicepresidente Pedro Alliana juró ante el Congreso reunido^[2]. El poder pasó de unas manos a otras por la letra de una Constitución^[5]. Quien sepa cuántas veces en las repúblicas del sur del continente esa letra cedió ante la espada no lo tomará a la ligera.

Dos jueces distintos

Cuando estudié las instituciones de los Estados Unidos, me detuve en su juicio político^[14]. Allí el Senado no castiga: quita el cargo y, a lo sumo, inhabilita para ocupar otro. La pena queda reservada a los tribunales ordinarios. Me pareció una medida más administrativa que judicial, destinada a proteger a la sociedad de un mal funcionario más que a castigar a un hombre.

Paraguay ha seguido un camino parecido. La sentencia del Senado separa al acusado del cargo y le quita además el derecho a ser senador vitalicio^[5]. La persecución penal corre por otra vía: esa misma noche, la Fiscalía ordenó la detención de Peña y del expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo^[4], y el sábado informó que Peña declararía en persona ante su unidad de delitos económicos^[12]. Los senadores juzgaron la conducta de un magistrado por tres hechos que le atribuyó la acusación: un conflicto de intereses, una designación en el Banco Central y la concentración de fondos de la caja de jubilaciones en ueno por encima de los límites legales^[6]. Si hubo delito, lo dirán los jueces, con pruebas y con tiempo. El mensaje de la Fiscalía no menciona los delitos imputados ni al juez que interviene^[4].

La virtud de las formas

He sostenido que los pueblos democráticos necesitan las formas más que ningún otro y que, sin embargo, son los que más naturalmente las desprecian^[14]. La demora que imponen es justamente su utilidad: es la barrera que se interpone entre el fuerte y el débil, entre la pasión del momento y el derecho de cada uno.

Entre el pedido de juicio político, presentado el 4 de noviembre^[6], y la sentencia pasaron dos días. En la mañana del 6, Peña pidió 72 horas más para preparar su defensa^[8]. El Senado no informó ninguna decisión sobre ese pedido, y el juicio siguió ese mismo día con sus abogados ante el pleno^[13]. No afirmo que se le haya negado al acusado el derecho a ser oído, porque sus defensores comparecieron. Digo que, cuando una asamblea puede deponer a un presidente en tres jornadas, la tentación de hacerlo deprisa se volverá costumbre si nadie la advierte.

Peña escribió que había presentado su renuncia «para evitar más daño al país»^[7]. La renuncia existía desde el día anterior^[9], pero el Congreso no la aceptó ni la rechazó antes de juzgarlo. El Senado juzgó a Peña con su renuncia aún sin tratar.

El freno de los dos tercios

Siempre temí la omnipotencia de la mayoría, porque nada se le resiste. Los constituyentes paraguayos parecen haber compartido ese temor y pusieron dos umbrales distintos: dos tercios de la Cámara de Diputados para acusar y dos tercios del Senado para condenar^[5]. En el Senado, la condena de Peña reunió 44 votos donde bastaban 30^[1]. En Diputados, el primer umbral detuvo la acusación contra el vicepresidente Alliana: obtuvo 48 votos contra 30 y fue rechazada^[10], porque sobre 80 bancas los dos tercios son 54^[5]. En esa barrera está la diferencia entre un juicio político y una venganza de partido.

El Estado banquero

En mi tiempo vi cómo el Estado francés reunía en sus manos los ahorros de los pobres y se convertía en su banquero, y advertí que así la fortuna de cada ciudadano quedaba atada a la suerte del poder central^[14]. Paraguay acaba de conocer un riesgo parecido: según la acusación, el dinero de la caja de jubilaciones de los trabajadores privados se concentró en un solo banco por encima de lo que la ley permitía^[6].

Ante los clientes de ueno, el nuevo presidente prometió: «No les vamos a dejar solos, ordeno que se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas»^[3]. No detalló ninguna medida. Según el resumen de Diputados, la ley 7.745 adelanta a cada depositante hasta 40 de los 75 salarios mínimos que cubre la garantía^[11]. Los depositantes tienen derecho a lo que la ley les garantiza. Pero desconfío de un poder que se ofrece como tutor de todos: cuanto más se acostumbran los ciudadanos a esperar que el Estado los repare, menos vigilan al Estado que pudo exponerlos.

A un pueblo libre no se lo reconoce por la manera en que derriba a un gobernante, sino por la manera en que trata al gobernante caído. Ahora la Justicia penal tiene que mostrar, con pruebas y sin prisa, que respeta las formas que el Congreso cumplió con apuro.