Casación anuló el cierre de la investigación por el desvío de propofol del Hospital Italiano: la causa vuelve a instrucción hasta que se periten los celulares

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal anuló el cierre de la investigación por el desvío de propofol del Hospital Italiano de Buenos Aires y ordenó que la causa siga en la etapa de instrucción hasta que se completen las medidas de prueba pendientes. La principal es la apertura y el peritaje de los teléfonos celulares de los dos médicos procesados. La resolución, de la Sala de Turno y firmada por el camarista Nicolás Grappasonno, fue difundida el miércoles 4 de noviembre por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que había hecho el pedido^[1].

Casación declaró la nulidad de la decisión que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 47 tomó el 17 de julio, en la que rechazó el planteo del fiscal y volvió a pedirle que requiriera la elevación a juicio, «y de todo lo actuado luego». El comunicado del MPF no informa la fecha del fallo ni el número de expediente, y no adjunta la resolución^[1].

Quiénes están acusados

La causa empezó en febrero de 2026. Los imputados son un exmédico del área de Anestesiología del Hospital Italiano y una residente de tercer año de la misma especialidad, a quienes el MPF identifica solo con las iniciales H. V. y D. L. En junio, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó sus procesamientos por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del hospital. Según esa resolución, ambos habrían desviado propofol, un anestésico de uso hospitalario, «para su utilización personal». H. V. está procesado como autor y D. L. como partícipe secundaria^[1].

Ese mismo fallo de Apelaciones mencionó que había que abrir y peritar los dispositivos electrónicos de los acusados. El fiscal de instrucción Lucio Herrera (h), de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 29, le pidió el análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). También pidió registros para saber en cuántas operaciones participaron los imputados entre enero de 2025 y febrero de 2026 en las que se hubieran usado ampollas de propofol^[1].

El cruce entre el juez y los fiscales

Antes de que se hiciera el peritaje, el titular del Juzgado N.º 47 entendió que la medida podía hacerse durante el juicio oral y le pidió al fiscal que requiriera la elevación. Herrera devolvió el expediente porque consideró que la investigación estaba incompleta. El juez sostuvo que esa prueba no era imprescindible para cerrar la instrucción e insistió. El fiscal presentó entonces el requerimiento, pero dejó constancia de su desacuerdo^[1].

En agosto la causa llegó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17. Allí la fiscal María Luz Castany pidió que volviera a instrucción. Argumentó que el análisis de los teléfonos «excede lo que razonablemente se puede entender como una medida de prueba secundaria o tangencial» y que podía ampliar los hechos y cambiar la intervención y la calificación de cada imputado. Recordó además que el caso está vinculado con otras tres causas: una por la muerte de un médico, otra en la que está imputada una anestesióloga del Hospital Rivadavia y una tercera en el fuero federal porteño^[1].

El juez Pablo Vega, del Tribunal Oral N.º 17, coincidió con ella, consideró prematura la elevación y devolvió el caso. El juzgado aceptó la devolución solo en parte: mandó de nuevo a juicio el tramo de H. V. Castany pidió entonces la nulidad del cierre de la instrucción, y el tribunal oral envió el caso a Casación, «compartiendo en un todo» sus objeciones. Ante Casación, el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi sostuvo que no se trataba de «una mera deficiencia formal», sino de completar una medida pedida durante la instrucción^[1].

Qué dijo Casación

Según el texto que cita el MPF, Grappasonno consideró que el peritaje era «útil y pertinente» y que no podía dejarse para el juicio porque «sus implicancias resultan de difícil delimitación». Escribió que sus resultados podrían incidir «no sólo en el robustecimiento de la hipótesis acusatoria», sino en «la determinación de la plataforma fáctica»^[1]:

«[…] al denegar aguardar a la realización y a los resultados de la medida de prueba […] el juez en lo criminal y correccional no tuvo debidamente en consideración el impacto que la medida podría tener en la determinación de los hechos que conforman la acusación con la que deberá abrirse el debate».

El camarista agregó que esa situación podía frustrar la correcta realización o la validez del juicio. Con la nulidad, los dos procesamientos siguen vigentes, pero la causa no podrá llegar a juicio oral hasta que el juzgado complete las pruebas pendientes y la fiscalía vuelva a pronunciarse^[1].