Las 18.000 desregulaciones se ven; lo que ahorran el productor y el contribuyente, todavía no

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, escribió este martes que el Gobierno llegó «finalmente» a «las 18.000 desregulaciones», a las que llamó «la génesis de los aumentos de productividad»^[1]. Minutos después agregó que sigue «achicando el Estado para bajar tus impuestos» y que «los ahorros ya suman unos 3500 millones de dólares anuales»^[2]. Celebro la dirección. Pero en 1850 escribí que una ley no produce un solo efecto sino una serie, y que el economista se distingue por no detenerse en el primero. Apliquemos esa regla a los dos anuncios.

Lo que el número cuenta

El informe de octubre del propio ministerio cuenta 842 normas de desregulación, que modificaron o eliminaron 2.937 normas anteriores y, dentro de ellas, 18.001 artículos, 395 de ellos en octubre^[3]. Es una medida del texto del legislador, no de la carga del ciudadano: un artículo puede ser un sello o un régimen entero. Y el informe no estima el efecto de esos cambios sobre la productividad, los costos ni la actividad de ningún sector^[3].

Lo que se ve es la cifra redonda y su celebración. Lo que no se ve está en los ejemplos del mismo informe: el productor que ahora puede elegir un veterinario privado acreditado para vacunar contra la aftosa y la brucelosis; la embarazada cuyos controles de salud se acreditan por cruce de datos con el Ministerio de Salud, sin presentar papeles; quien rinde el examen de idoneidad del mercado de capitales ante una entidad reconocida y no sólo ante la CNV^[3]. Allí está la ganancia: horas que no se pierden en una ventanilla, viajes que no se hacen, honorarios que no se pagan. Nadie la suma, porque es un hecho negativo. Por eso pedí entonces que se tomara en cuenta «lo que no se ve, porque es un hecho negativo, tanto como lo que se ve, porque es un hecho positivo»^[7].

Contar artículos tiene además un peligro: invita a medir la libertad con la vara del que la recorta. Mil artículos que suprimen un formulario pesan más, en esa cuenta, que uno solo que abre un mercado. Si la desregulación es la génesis de la productividad, que se mida la productividad. Los datos del INDEC muestran una actividad 4,8% mayor en agosto de 2026 que en diciembre de 2023, pero 1,7% menor que un año antes y casi sin variación desde febrero^[6]; esas cifras miden la producción total y no separan el efecto de las normas del de todo lo demás. La afirmación del ministro puede ser cierta; todavía no está demostrada.

El despido del funcionario

Según el INDEC, la administración nacional y las empresas del Estado tenían 266.205 personas en septiembre, 17.266 menos que un año antes^[4]. Lo que se ve es al que se va: alguien preguntará de qué vivirá y quién les comprará a sus proveedores. Es el discurso que imaginé contra la propuesta de licenciar cien mil soldados para aliviar a los contribuyentes en cien millones, y la respuesta sigue siendo la misma: «No ven que despedir a cien mil soldados no es aniquilar cien millones: es devolvérselos a los contribuyentes»^[7]. Cuando un funcionario gasta cien centavos más, un contribuyente gasta cien centavos menos; pero el gasto del funcionario «se ve, porque se hace», mientras que el del contribuyente «no se ve, porque, ¡ay!, se le impide hacerse»^[7].

Ahora bien, mi argumento supone que los cien millones vuelven efectivamente al bolsillo de quien los pagó. El ministro lo promete con todas las letras: el recorte es «para bajar tus impuestos»^[2]. Pero no publicó cómo llegó a los US$ 3.500 millones. Repartidos entre los 81.218 puestos que, según el gráfico de su anuncio, se eliminaron desde diciembre de 2023, darían unos US$ 43.094 por puesto y por año; con el método del informe de diciembre de 2024 de su propio ministerio, el ahorro equivalía a unos US$ 19.783 por puesto^[2][5]. La diferencia puede tener explicación, pero mientras no se publique, el ahorro es una afirmación, no una cuenta. Y un ahorro que no se convierte en un impuesto menor no le devuelve nada visible a Jacques Bonhomme, el contribuyente de mis ejemplos: sigue siendo dinero que otro gasta por él.

La carga de la prueba

Seamos justos. Ya entonces aclaré que mi argumento no se dirigía a las funciones útiles: un funcionario que presta un servicio equivalente a lo que cuesta no le quita nada a nadie, y al que quiera crear una función le pedí que «pruebe su utilidad»^[7]. La misma exigencia de prueba vale para las cifras: quien anuncia un ahorro debe mostrar la cuenta.

No pido que el ministerio deje de contar artículos. Pido que, al lado, publique lo que no se ve: cuántas horas, trámites y pesos dejaron de pagar quienes ya no deben cumplir esas normas, y qué impuesto bajó y en cuánto gracias a los US$ 3.500 millones. Entonces la desregulación se verá donde importa, en el bolsillo de cada uno, y no sólo en un contador.