El Senado dio media sanción al marco del mercado de carbono, que exime de retenciones la venta de créditos al exterior

El Senado aprobó en la noche del jueves 29 de octubre el Marco Regulatorio del Mercado de Carbono, un proyecto que fija quién es dueño de un crédito de carbono, cómo se registra y en qué condiciones puede venderse en el país y en el exterior^[1][3]. El Senado informó el resultado en X y en su parte de prensa: 60 votos a favor y 2 en contra^[1][5]. El acta electrónica registra 59 afirmativos y a Luis Juez (La Libertad Avanza) como ausente; según la versión taquigráfica, Juez votó por la afirmativa a viva voz y el secretario parlamentario anunció 60^[2][14]. Votaron en contra los dos senadores de Movere Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano^[2]. El proyecto pasa a la Cámara de Diputados^[4].

El texto unifica tres proyectos: el de la salteña Flavia Royón (Primero los Salteños), el de los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Movimiento por Misiones) y el del justicialista Jorge Capitanich^[3]. Lo informó en el recinto Nadia Márquez (La Libertad Avanza), que dijo que el proyecto «abre a la Argentina un campo nuevo de exportación, con estimaciones privadas de alrededor de 4.000 millones de dólares al año»^[14]. En la votación en particular se cambiaron cinco artículos del dictamen: el 3, el 5, el 6, el 13 y el 14^[14].

Qué crea

Un crédito de carbono equivale a una tonelada de dióxido de carbono que se dejó de emitir o que se retiró de la atmósfera respecto de lo que habría pasado sin el proyecto. Lo emite un «estándar de certificación», una entidad pública o privada, nacional o extranjera, que valida el proyecto con sus propias metodologías y verifica sus resultados^[3]. El proyecto lo define como un bien inmaterial con «individualidad jurídica y económica propia», distinto del campo, el bosque o la actividad que lo genera. Su titular es quien figura en el registro del estándar, y la propiedad económica se rige por los acuerdos entre los dueños de la tierra o de los bienes afectados y los titulares del proyecto, según la redacción que propuso en el recinto Carlos Espínola (Provincias Unidas)^[3][14].

El proyecto crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), una plataforma digital, pública y gratuita donde se inscriben los proyectos. La inscripción es «declarativa» y no funciona como autorización previa para vender^[3]. Las provincias pueden tener registros propios, sincronizados con el nacional para evitar que una misma tonelada se cuente dos veces^[3]. La Nación, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios pueden armar programas jurisdiccionales, por ejemplo de bosques o agricultura, de «adhesión voluntaria». En el recinto se quitó del dictamen el «consentimiento informado» de los dueños como condición para incluir sus tierras en un programa; quedaron su derecho a salirse por un mecanismo «directo, simple y gratuito», a inscribir su propio proyecto y a cobrar del programa mientras no se excluyan ni hagan su propio proyecto^[3][14]. La autoridad de aplicación la designará el Poder Ejecutivo, que tendrá 90 días para reglamentar la ley^[3].

Quién compra

Los créditos podrán venderse libremente, sin autorización previa, en el país o en el exterior. Los que no se descuentan del inventario nacional, que el texto llama «Aporte de Mitigación», pueden usarlos las empresas para sus metas de neutralidad de carbono^[3]. Hay una excepción: cuando otro país los use para cumplir su meta climática del Acuerdo de París, o cuando entren en mecanismos como el CORSIA de la aviación internacional, el Estado tiene que autorizar la transferencia y descontar esas toneladas de su propio inventario de emisiones. Ese «ajuste correspondiente» evita que la Argentina y el país comprador cuenten la misma reducción^[3].

En lo fiscal, las ventas al exterior quedan exentas de derechos de exportación, con una alícuota fijada en 0%^[3]. En el IVA, cuando el crédito se usa en el exterior, la venta no se considera hecha en el país y recibe el tratamiento de las exportaciones^[14]. El dictamen daba a los proyectos inscriptos en el ReNaRe estabilidad fiscal por diez años en todos los tributos nacionales; en el recinto el plazo pasó a 30 años o lo que dure el proyecto, lo que sea menor^[3][14]. Ese artículo, el 14, fue el más disputado: Capitanich preguntó si la estabilidad «pasó de diez a treinta años» y anunció: «Entonces, votamos en contra de ese artículo»^[14]. Salió por 45 votos contra 19, según el acta, con el rechazo de 16 justicialistas, Fernando Salino (Justicia Social Federal) y los dos senadores de Movere Santa Cruz^[6]. Los demás artículos se aprobaron con más de 60 votos a favor^[7][13]. La Comisión Nacional de Valores regulará los bonos, fideicomisos y fondos respaldados por créditos de carbono que se ofrezcan al público^[3].

El debate y las reacciones

Royón sostuvo que la Argentina «está quedándose atrás» por no tener un marco que permita vender sus bonos de carbono en los mercados regulados o en los mecanismos «que pagan valores mucho mejores»^[14]. Rojas Decut dijo que se trata de integrar al país a un mercado donde «conservar bosques y reducir emisiones puede generar inversión»^[8][14]. Capitanich, autor de uno de los tres proyectos, planteó que «todos los que aumentan los gases de efecto invernadero» paguen una compensación. Acompañó en general, pero lamentó que se excluyeran los «servicios ecosistémicos ambientales», como el agua, el suelo y la biodiversidad; Márquez rechazó los dieciséis artículos que propuso para incluirlos^[14].

La Sociedad Rural Argentina celebró la media sanción en X a la mañana siguiente. Agradeció «especialmente» a Royón y destacó a la Mesa Argentina de Carbono, «de la que forma parte nuestra entidad». Dijo además que seguirá trabajando en «instrumentos que reconozcan el aporte del sector agropecuario a la sostenibilidad»^[9].

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, escribió que la ley «permitirá exportaciones por unos 2.000 millones de dólares», al liberar «a provincias y privados para operar en un mercado del que el propio Estado nos excluía»^[10]. No dijo de dónde sale la cifra ni si es anual. En el recinto, Royón citó una estimación del Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería: un potencial de 131 millones de créditos por año, que valdrían unos 788 millones de dólares en el mercado voluntario y entre 1.400 y 3.900 millones en los mercados regulados. Rojas Decut repitió ese rango y advirtió: «Estas son solo proyecciones»^[14].

Qué sigue

Ahora debe tratarlo la Cámara de Diputados^[4]. Si lo aprueba sin cambios, será ley; si lo modifica, volverá al Senado^[11].