El Senado aprobó por 60 a 2 el RIIR, que da incentivos a inversiones de empresas grandes desde US$ 12 millones

El Senado aprobó en la noche del jueves 29 de octubre, por 60 votos a favor y 2 en contra, el proyecto que crea el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), un esquema de beneficios impositivos para empresas más grandes que una pyme que inviertan al menos US$ 12 millones en la industria o en actividades productivas nuevas, con beneficios sin monto mínimo para sectores como el riego, la ganadería, la pesca y la madera^[1][2][18]. Según el acta oficial, votaron a favor los 21 senadores de La Libertad Avanza (LLA), los 10 de la UCR, 14 de los 22 del bloque Justicialista y 15 senadores de otros diez bloques. En contra votaron los dos integrantes de Movere Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, y hubo diez ausentes, ocho de ellos justicialistas^[2][15]. El proyecto, que firmaron el radical Eduardo Vischi y otros cuatro senadores de su bloque, pasa ahora a la Cámara de Diputados^[3][5].

Qué establece

El texto votado, cuyos cambios se leyeron artículo por artículo en el recinto, modificó el dictamen de mayoría^[18][3]. El régimen alcanza a las empresas que superan los límites de la mediana empresa tramo 2 y que inviertan al menos US$ 12 millones durante los dos primeros años de vigencia. Cuentan los bienes muebles nuevos, salvo automóviles, y las obras en actividades industriales, en actividades «productivas genuinamente nuevas» y en sectores específicos: riego, eficiencia energética, mallas antigranizo, ganado, pesca y madera. En esos sectores no rige el monto mínimo. Quedan afuera los activos financieros y los bienes de cambio^[18].

Los beneficios son tres. El primero es la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias: los bienes muebles se deducen en dos cuotas anuales, las obras en un plazo igual al 60% de su vida útil y las inversiones de los sectores específicos, en una sola cuota. El segundo es la devolución del IVA pagado por esas inversiones, una vez pasados tres meses. El tercero es la estabilidad fiscal: los beneficios no podrán ser afectados por la derogación de la ley ni por impuestos más gravosos durante 30 años desde su promulgación^[18][3]. Las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios deberán adherir para que los proyectos de su territorio accedan al régimen; al hacerlo, renuncian a crearles nuevos tributos locales y a cobrarles sellos, regalías o cánones^[18].

A cambio, cada empresa presenta un plan de inversión como declaración jurada, con el compromiso de comprar a proveedores nacionales al menos el 20% de lo que pague a proveedores de bienes transables, «siempre y cuando» haya oferta local en condiciones de mercado. El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación, y los proyectos se inscribirán en un registro público. Quedan excluidas las empresas quebradas, con deudas fiscales firmes o condenadas por delitos tributarios o de corrupción, y quienes reciban el RIGI, el RIMI u otro régimen de promoción por las mismas inversiones^[18][3].

Qué cambia para las pymes

Vischi presentó el RIIR como la ampliación, «incluyendo a grandes empresas»^[3], del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) de la Ley 27.802, que exige mínimos de US$ 150.000 a US$ 9 millones según el tamaño de la empresa^[4]. Después de la votación, Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA, escribió en X: «Aprobamos el RIIR para que las PyMEs también tengan más oportunidades de invertir y crecer»^[11]. La frase es correcta, pero solo para una parte del régimen. El núcleo, con el mínimo de US$ 12 millones, es para empresas que superan el tope de la mediana empresa: Vischi rechazó en el recinto la propuesta del justicialista Jorge Capitanich de quitar ese límite porque «se trataba de un proyecto específicamente para grandes empresas»^[18]. Pero el texto votado extiende la amortización en una cuota de los sectores específicos (riego, eficiencia energética, mallas antigranizo, ganado, pesca y madera) a los sujetos del artículo 179 de la Ley 27.802, la del RIMI^[18]. La radical Mariana Juri, coautora, destacó que esas inversiones no requieren un monto mínimo y dijo que eso abre «la posibilidad de que nuestros pequeños y medianos productores también puedan acceder al beneficio del régimen»^[18][8].

El debate

Como miembro informante, Vischi sostuvo que el RIIR «no es un privilegio tributario, sino una herramienta política diseñada para movilizar capital productivo»^[18][7], y que «no condona ni rebaja impuestos, sino que simplemente pretende la aceleración de las inversiones»^[18][6]. Bullrich habló de «permitir que las empresas recuperen antes parte del capital que invierten»^[10]. Ambas frases describen la amortización acelerada y el IVA anticipado. La estabilidad por 30 años, que protege a los beneficiarios de cualquier suba futura de impuestos, es un beneficio distinto: Vischi la presentó como una «cierta seguridad en el tiempo» para los inversores, y Bullrich, como la posibilidad de «jugar en el club del largo plazo»^[18].

Capitanich, que firmó el dictamen en minoría, advirtió que se están generando «múltiples regímenes de inversión con asimetrías», «con impacto fiscal alternativo, sin contemplar el cupo fiscal»^[18][13]. En su dictamen había objetado que el texto de mayoría «omite la autoridad de aplicación, suprime la incompatibilidad con otros regímenes y otorga una estabilidad fiscal de treinta años sin estimación de costo»^[4]. Dos de esas objeciones quedaron resueltas en el texto votado: el artículo 15 dispone que el Poder Ejecutivo designe la autoridad de aplicación, y Vischi aceptó en el recinto la propuesta de Capitanich de excluir a quienes ya reciben el RIGI, el RIMI u otro régimen de promoción por las mismas inversiones. La tercera se mantuvo: Vischi respondió que la estabilidad por 30 años «había sido un pedido específico del Poder Ejecutivo». El texto sigue sin una estimación del costo fiscal, pero Vischi aceptó otra propuesta de Capitanich: la autoridad de aplicación deberá publicar cada tres meses los beneficiarios, el monto de cada plan y su costo fiscal estimado y efectivo, e informar cada año al Congreso^[18].

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, dijo que «con un proyecto de incentivo no basta», aunque reconoció que «tiene buena intención»^[18][9]. Aun así, su bloque acompañó en la votación en general^[2][6]. Las diferencias aparecieron en la votación en particular. Según los resultados leídos en el recinto, los artículos sobre quiénes pueden acceder (3), qué actividades se promueven (4), el monto mínimo (5), la amortización acelerada (7) y la estabilidad por 30 años (12) reunieron entre 16 y 18 votos en contra, casi todos justicialistas, contra 44 a 46 a favor^[18]. El resto se aprobó con 58 a 60 votos a favor y 2 en contra^[14][16]. Las actas publicadas por el Senado para los artículos 4 y 12 registran otros números (54 a 12 y 55 a 11), que no coinciden con los anunciados en la sesión^[16].

Qué sigue

El proyecto debe ser tratado ahora por la Cámara de Diputados. Si lo aprueba sin cambios, quedará sancionado como ley; si lo modifica, volverá al Senado, que podrá aceptar los cambios o insistir con su texto^[17].