El Gobierno aprobó dos préstamos del BID por US$ 1.150 millones para las cuentas provinciales y la seguridad federal

El Gobierno aprobó dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de hasta US$ 1.150 millones: US$ 750 millones para incentivar a las provincias a mejorar sus cuentas y US$ 400 millones para las fuerzas federales de seguridad y las cárceles federales. Lo dispusieron los decretos 1285/2026 y 1284/2026, publicados este miércoles 28 de octubre en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo^[1].

Los decretos aprueban los modelos de los contratos y autorizan al ministro de Economía, o a quien él designe, y al secretario de Finanzas a firmarlos en nombre del país; los textos completos de los contratos, con las condiciones financieras, figuran en anexos que se publican solo en la edición web del Boletín Oficial^[1]. Según los considerandos, los plazos de amortización, las tasas de interés y las demás cláusulas son “los usuales que se pactan en este tipo de contratos”^[1].

Una línea de US$ 1.500 millones para las cuentas provinciales

El Decreto 1285/2026 aprueba dos documentos. El primero es una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP, por su sigla en inglés), la AR-O0038, por hasta US$ 1.500 millones, para el “Programa de Mejora de la Coordinación Fiscal Subnacional”; el país tiene diez años para usarla desde su entrada en vigencia^[1]. Dentro de ese tope, el BID puede financiar préstamos sucesivos para el mismo programa^[1].

El segundo documento es el primer préstamo dentro de esa línea, el 6185/OC-AR, por hasta US$ 750 millones, para el “Programa de Mejora de la Coordinación Fiscal Provincial”^[1]. Su objetivo, según el decreto, es “mejorar la sostenibilidad fiscal provincial” mediante dos metas: hacer más eficiente el gasto y mejorar la recaudación de los impuestos propios de las provincias^[1]. Tiene tres componentes: incentivos al desempeño fiscal, fortalecimiento institucional y administración del programa^[1]. Lo ejecutará el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda^[1]. El texto del decreto no detalla cómo se medirá el desempeño de cada provincia ni cómo se repartirán los fondos entre ellas^[1].

US$ 400 millones contra el crimen organizado

El Decreto 1284/2026 aprueba el préstamo 6198/OC-AR, por hasta US$ 400 millones, para el Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Federal en Argentina (PROSEFE)^[1]. Su objetivo general es “contribuir a reducir el delito y la violencia asociados al Crimen Organizado” mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad federal^[1]. Tiene tres metas específicas: que la Policía Federal Argentina investigue con más eficacia los delitos ligados al crimen organizado; que la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval se desplieguen mejor en áreas priorizadas y en la frontera norte, y que el Servicio Penitenciario Federal gestione mejor las cárceles federales^[1]. Un cuarto componente se destina al fortalecimiento del Ministerio de Seguridad Nacional, que ejecutará el programa por medio de dos subsecretarías^[1].

Qué dijeron el Banco Central y Crédito Público

Los dos decretos citan dictámenes técnicos con el mismo texto. El Banco Central opinó que la operación “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales”^[1]. La Oficina Nacional de Crédito Público, del propio Ministerio de Economía, no formuló objeciones y sostuvo que lo hacía “en función de que el costo financiero del préstamo de referencia, basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado”^[1]. Los decretos no publican la tasa, la comparación con el mercado ni los supuestos en que se apoya^[1].

En ambos casos, el ministro de Economía queda facultado para acordar cambios en los contratos siempre que no alteren de manera sustancial el objeto o el destino de los fondos, no aumenten el monto ni modifiquen el procedimiento de arbitraje pactado^[1]. Las compras de bienes y obras y la contratación de consultores se harán con las políticas del propio BID, que los decretos incorporan como anexos^[1].