La fórmula alivia al jubilado; lo que lo protege es una moneda estable

El Boletín Oficial publicó hoy la Resolución 304/2026 de la ANSES: desde noviembre, las jubilaciones y pensiones suben 1,93% y el haber mínimo pasa a $ 444.158,46^[1]. Ese porcentaje no lo elige ningún funcionario: es la inflación de septiembre, que la fórmula vigente desde 2024 traslada a los haberes dos meses después^[1]. Quiero mostrar qué protege esa regla, qué deja sin proteger y quién responde por lo que se pierde.

Una regla conocida vale más que un favor

Empiezo por lo bueno. Una regla general, conocida de antemano, que se aplica sin que nadie tenga que pedirla, es preferible a un monto que depende de la voluntad de quien gobierna. Y la regla se cumplió: entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026 el haber mínimo aumentó 33,3%, casi lo mismo que los precios en los doce meses a septiembre, que según el INDEC subieron 33,4%^[1][2][4].

Lo que quedó fuera de la regla cuenta otra historia. El bono de $ 70.000, que el Gobierno otorga por decreto mes a mes, no se actualiza desde marzo de 2024^[3][10]. A los precios de septiembre, conserva alrededor de 43% de su poder de compra original^[5]. Por eso, quien cobra la mínima más el bono recibe 27,6% más que hace un año, una baja real de 4,3%^{[1][2][4][11]}. Nadie firmó esa baja: la hizo la inflación, sobre la parte del ingreso que quedó librada a la decisión de cada mes. Un monto que se fija por decreto, sin una regla que lo actualice, depende de la voluntad de quien gobierna, y basta con que esa voluntad no se ejerza para que la moneda haga el resto.

La inflación no cae del cielo

La pérdida no es solo de los jubilados. Cien mil pesos guardados en efectivo en marzo de 2024 compran, a los precios de septiembre, lo que compraban unos $ 42.800 de entonces^[5]. En 1960 escribí que los gobiernos, «al no cumplir su palabra ni su deber de mantener una moneda estable», habían despojado a la generación que se retiraba de «una gran parte de lo que había intentado apartar para su retiro»^[7]. Y agregué algo que sigo creyendo necesario repetir: «Nunca se dirá lo bastante que la inflación jamás es un desastre natural inevitable; es siempre el resultado de la debilidad o de la ignorancia de quienes están a cargo de la política monetaria»^[7]. Las autoridades pueden creer que con la inflación evitan males mayores, pero es siempre su elección de política la que la provoca.

Por qué la fórmula no alcanza

Hay una buena noticia: la inflación mensual bajó de 3,4% en marzo a 1,7% en agosto y 1,9% en septiembre^[4][5]. Por eso los aumentos son hoy más chicos: el de octubre fue de 1,66% y el de noviembre, de 1,93%^[1][9]. Ese es el único alivio verdadero, y no lo produce la fórmula sino la moneda.

Desconfío, en cambio, de la idea de que indexar resuelve el problema. Reconocí que ajustar las deudas por un índice de precios «eliminaría las injusticias más flagrantes causadas por la inflación»^[8]. Pero también escribí que las medidas de ese tipo, «que hacen más fácil vivir con la inflación, a la larga tienen que empeorar las cosas», porque la gente sería «menos consciente de que su sufrimiento se debe a la inflación»^[8]. Una fórmula que compensa con dos meses de atraso es mejor que ninguna. Pero no debe acostumbrarnos a que 33,4% en doce meses sea normal: sigue siendo mucho para quien vive de un ingreso fijo^[4].

Una promesa atada al presente

Queda el problema de fondo. Las jubilaciones estatales, escribí, «no se pagan con el rendimiento de un capital adicional acumulado con ese fin», sino que son «una transferencia de parte de los frutos del trabajo de quienes producen actualmente»^[7]. En julio había 12,73 millones de personas con empleo registrado, 1,1% menos que un año antes^[6]. La promesa a los jubilados depende de cuántos aportan cada mes y de que el Estado no la pague con una moneda que pierde valor.

No propongo quitarles nada a quienes ya cobran: siempre sostuve que una sociedad rica puede asegurar un mínimo a quien no puede valerse por sí mismo. Propongo quitarle al gobierno el poder de licuar en silencio lo que promete. El estudio de la historia del dinero me llevó a una conclusión dura: desde que deciden cuánto dinero emitir, los gobiernos «han abusado incesantemente y en todas partes de la confianza depositada en ellos para defraudar al pueblo»^[8]. Por eso defendí que cada uno pueda elegir libremente en qué moneda ahorrar, contratar y cobrar, y que quienes la emiten compitan por ofrecer la más estable^[8]. Mientras eso no ocurra, al jubilado y al ahorrista los protege lo mismo: una moneda que el gobierno no pueda depreciar a voluntad. Con ella, el 1,93% de cada mes dejará de ser noticia.