El Estado licitó el combustible de su flota y lo adjudicó a YPF y a Pan American; hasta 2024 debía comprárselo a YPF

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado adjudicó a YPF y a Pan American Energy (PAE) el acuerdo marco para proveer combustible a granel a los autos, embarcaciones y aviones oficiales, mediante la Resolución 116/2026, que firmó el ministro Federico Sturzenegger el 27 de octubre y se publicó este miércoles en el Boletín Oficial^[3][4]. Sturzenegger anunció en X un «ahorro estimado mínimo de $18.000 millones en dos años» con esta resolución y la 109/26^[1].

Entre julio de 2012 y agosto de 2024, el Decreto 1189/2012 obligó a los ministerios y organismos nacionales a «contratar con YPF Sociedad Anónima la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales», salvo excepción autorizada por la Jefatura de Gabinete^[8]. El Decreto 747/2024 lo derogó por considerar esa obligación un «beneficio» para una empresa con participación estatal, prohibido por el Decreto 70/2023, y dio un plazo, luego extendido hasta el 30 de junio de 2026, para rescindir los contratos que otorgaran preferencias^[9].

Quiénes ganaron

La licitación de combustible a granel, la 999-0002-LPU26, abrió sus ofertas el 24 de junio de 2026 en el sistema COMPR.AR. Se presentaron cinco oferentes: YPF, PAE, Aerogalvez SRL, Aerocombu SAS y Antonio Ramón Godoy. YPF ganó los renglones 1 a 5, 8, 9 y 11; PAE, los renglones 1 a 5, que comparte con YPF^[3].

La comisión evaluadora descartó las ofertas de Aerogalvez y Aerocombu porque encontró «indicios que, por su precisión y concordancia, permiten presumir la existencia de una simulación de competencia» entre ambas. La de Godoy quedó afuera por inadmisible en lo técnico. Aerogalvez y Aerocombu impugnaron, pero sin la garantía que exige el pliego, y sus reclamos se rechazaron sin tratar el fondo. Los renglones 6, 7 y 10 quedaron desiertos y el 12 se declaró fracasado^[3].

El acuerdo dura dos años, con opción a uno más, y es un «acuerdo marco abierto con segunda etapa competitiva»: cada organismo que compre deberá hacer competir otra vez a los proveedores seleccionados, que solo pueden mantener o mejorar las condiciones que ofrecieron^[3][10]. La resolución no informa precios, descuentos ni montos. Tampoco hay un precio de referencia oficial: la Sindicatura General de la Nación informó que era materialmente imposible fijar precios testigo para esta compra^[3].

La otra licitación, la de carga en estaciones de servicio con localización y telemetría de los vehículos, la aprobó la Resolución 109/2026, publicada el 1 de octubre; su resumen oficial no nombra a los ganadores^[5].

Por qué firmó Sturzenegger

El reglamento de contrataciones reserva al jefe de Gabinete la aprobación y adjudicación de los acuerdos marco. Pero Diego Santilli pidió apartarse de ambas licitaciones por su «carácter de director de la empresa YPF S.A.», que se había presentado como oferente, para evitar «interpretaciones de parcialidad y/o incompatibilidad». Los decretos 1121/2026 y 1122/2026, del 28 de septiembre, aceptaron su excusación y encargaron las dos licitaciones a Sturzenegger^[6][7].

Cuánto se puede ahorrar

Según Sturzenegger, se licitó un porcentaje de descuento sobre el precio en surtidor y el resultado fueron «descuentos de hasta 4% del precio en surtidor con la telemetría bonificada». También afirmó que «compitieron las tres principales petroleras del país y varias empresas de telemetría»^[1]. En la licitación a granel, las petroleras que ofertaron fueron dos, YPF y PAE^[3]; los descuentos por empresa no figuran en ninguna de las normas publicadas^[3][5].

Una cuenta con los datos de Presupuesto Abierto permite dimensionar la cifra. La Administración Nacional devengó $ 106.362 millones en combustibles y lubricantes en 2025. Para 2026, el crédito vigente de esa partida es de $ 116.480 millones, de los que al 26 de octubre se habían devengado $ 95.014 millones; Defensa ($ 49.397 millones) y Seguridad Nacional ($ 23.454 millones) concentran más de tres cuartos^[11][12]. Dos años a ese nivel suman unos $ 232.961 millones; el ahorro anunciado equivale a cerca del 7,7%. Aun si todo ese gasto pasara por los acuerdos con el descuento máximo de 4%, el ahorro por precio sería de unos $ 9.318 millones, la mitad de lo estimado^[11].

El resto depende del control de la flota: según el ministro, la telemetría permitirá «detectar y prevenir el uso indebido de los vehículos oficiales y los desvíos de combustible», y «de ahí el ahorro estimado de 18.000 millones en los dos primeros años»^[1]. Para completar la cifra, la telemetría tendría que recortar consumos o desvíos en casi otro 4% del gasto. El ministro no publicó el cálculo, y parte del gasto, como el de los renglones que quedaron desiertos, no pasará por estos acuerdos^[1][3].

Acuerdos abiertos

En otra publicación, Sturzenegger destacó la Disposición 22/2026 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), vigente desde el 17 de abril. Según dijo, con ella «todos los acuerdos marco deben ser abiertos», es decir, que durante su vigencia pueden sumarse nuevos proveedores mediante reaperturas, con «al menos dos reaperturas» por acuerdo; antes, agregó, «la normativa solo contemplaba acuerdos marco cerrados»^[2]. La comunicación con que la ONC explicó la disposición en abril dice que «se habilita la posibilidad» de acuerdos marco abiertos, de oficio o a pedido de los organismos, y que todo acuerdo marco debe hacerse por licitación o concurso público^[10]. Las dos licitaciones de combustible usaron la modalidad abierta^[3][5].