Ferraro y Álvarez se cruzaron en X por el sobreseimiento de los Milei: qué es cierto de lo que dijo cada uno

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, y el subsecretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano, Alejandro Álvarez, discutieron en X la noche del viernes 23 de octubre por el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $LIBRA^[16][8]. Ferraro, que presidió la comisión investigadora de Diputados sobre la criptomoneda, calificó la decisión de «operación judicial planificada»^[1][7]. Álvarez le respondió que pide que se cumpla lo que dice la Justicia solo cuando le conviene^[2]. El ministro Federico Sturzenegger compartió la respuesta^[15].

Horas antes, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi había sobreseído a los Milei y a otros nueve imputados porque «los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal»^[3], a pedido del fiscal Eduardo Taiano^[4][5].

Lo que dijo cada uno

A las 19.05, Ferraro publicó: «$LIBRA: Estamos ante una clara operación judicial planificada de encubrimiento e impunidad para Milei y todos los organizadores de la estafa». En el video adjunto sostuvo que el juez y el fiscal «acaban de darle impunidad a Milei, su hermana y a todos los involucrados en la estafa $LIBRA». Agregó que «no citaron a una sola persona a prestar declaración indagatoria, escondieron y desecharon pruebas y trabaron todo avance en la investigación», y que «el mes pasado terminaron de excluir a los querellantes para que hoy se haga muy difícil apelar». También dijo que nunca se exigió explicar «las decenas de reuniones que tuvieron los promotores de $LIBRA en Casa Rosada y Quinta de Olivos», las transacciones de criptomonedas «antes y después de encontrarse con el Presidente de la Nación» ni «los llamados de Milei, Reidel y Caputo el día de la estafa»^[1].

A las 20.31, Álvarez citó ese mensaje y escribió: «Cuando te conviene, pedís que se cumpla lo que dice la Justicia. Hace 48 horas me lo gritabas en la reunión de Presupuesto. Pero cuando no te conviene, es una “operación” judicial. Igual, ahora y hace 48 horas, siempre estuvimos a derecho. Chanta!»^[2]. Hasta la mañana del sábado, ninguno de los dos había vuelto a responderle al otro en X.

Las afirmaciones de Ferraro

Es cierto que el juez sobreseyó a los once imputados y ordenó archivar la causa a pedido del fiscal^[3][4][5], aunque la decisión puede apelarse dentro de los tres días^[6].

Sobre las indagatorias, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que defendió el fallo, no desmiente a Ferraro: escribió que «durante meses se exigió que se indagara al Presidente», pero que «la indagatoria no es una herramienta para investigar»^[5]. El código permite sobreseer «en cualquier estado de la instrucción»^[6], de modo que cerrar la causa sin indagatorias es legal.

También es cierto que el mes pasado se apartó a querellantes: el 4 de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó que cinco inversores dejaran de ser parte porque no acreditaron un perjuicio directo y la pérdida que invocaban era, según el tribunal, consecuencia del riesgo que asumieron al comprar el token^[18]. Como el código reserva la apelación del sobreseimiento al fiscal y al querellante^[6], y el fiscal lo pidió, apelar quedó más difícil. Pero todo indica que no fue una maniobra con ese fin: el apartamiento lo pidió uno de los imputados y la Cámara lo fundó en el mismo criterio que luego sostuvo el sobreseimiento, que comprar el token fue un riesgo asumido en un mercado volátil^[18][5].

Lo de las «decenas de reuniones» es una exageración. El informe final de la comisión que el propio Ferraro leyó el 18 de noviembre de 2025 contó 16 reuniones con los involucrados en los registros de ingreso a la Casa Rosada y a Olivos, de las cuales solo cuatro figuraban en el Registro Único de Audiencias^[7].

Menem confirmó que el expediente incluía un registro de llamadas, aunque sostuvo que se le intentaron «asignar diálogos o supuestos delictivos que nunca existieron»^[5]. Su contenido no es público, y las conclusiones del informe de la comisión no mencionan llamadas de Milei, Demian Reidel o Caputo el 14 de febrero de 2025, el día del lanzamiento del token^[7]. Ferraro tampoco precisó qué pruebas se habrían escondido o desechado^[1].

Por último, la única decisión judicial sobre el fondo contradice la palabra «estafa»: dice que los hechos no constituyen delito^[3]. Y de la «operación judicial planificada» Ferraro no mostró ningún elemento^[1]; lo documentado indica, en cambio, que fue el fiscal quien pidió el sobreseimiento^[4] y que el juez y la Cámara Federal aplicaron el mismo criterio sobre el riesgo de los compradores^[18][5]. Todo indica que la frase es una calificación política de un fallo adverso, no un hecho que pueda probar.

Las afirmaciones de Álvarez

La reunión existió, pero no fue «hace 48 horas»: la comisión de Presupuesto y Hacienda recibió al secretario de Educación, Carlos Torrendell, y a Álvarez el martes 20 de octubre a las 10^[8][9], más de tres días antes del mensaje. Lo más probable es que Álvarez se refiriera a ese reclamo por la ley universitaria y haya errado el cálculo de tiempo. Ferraro publicó ese día un fragmento de su intervención, en el que reclama por el presupuesto y la ley sin mencionar fallos, y escribió: «¿Cómo les vamos a creer si no cumplen la Ley de Financiamiento Universitario?»^[10].

Cumplir esa ley es, de todos modos, una orden judicial: el 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la parte del Decreto 759/2025 que la suspendía y ordenó al Poder Ejecutivo su «cumplimiento inmediato»^[11]. El reclamo de Ferraro («Milei, cumplí la Ley de Financiamiento Universitario», escribió el 15 de octubre^[13]) coincide con ese fallo. El 10 de octubre había calificado de «importante, pero insuficiente» la suspensión provisoria que la Corte Suprema dispuso el día anterior sobre la derogación de la Ley de Tierras^[14][17].

La comparación de Álvarez mezcla, sin embargo, dos cosas distintas: Ferraro criticó el sobreseimiento, pero no llamó a desobedecerlo^[1]. Cuestionar una resolución y recurrirla está previsto en la ley^[6].

La frase «siempre estuvimos a derecho» no se sostiene frente a lo que resolvió la Justicia. La cautelar del 23 de diciembre de 2025, que ordenó aplicar de inmediato los artículos 5 y 6 de la ley, quedó firme el 25 de junio de 2026, cuando la Corte Suprema desestimó el recurso del Estado^[11]. El 14 de octubre, Cormick dio por «verificado» su incumplimiento e impuso multas diarias de $ 100.000 al titular de la Jefatura de Gabinete^[12]. En el juicio, el Gobierno sostuvo que nunca suspendió la ley y que su ejecución depende de que el presupuesto le asigne fondos, como exige la Ley 24.629 para toda norma que disponga gastos^[11].